La iniciativa, que tiene media sanción del Senado, apunta a formar un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de formalizar esos capitales ocultos a cambio de una multa del 20% de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los seis meses de la puesta en vigencia de la ley, la sanción pasa a ser del 35%.
El presidente de la comisión de Presupuesto y miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, señaló que «el objetivo de este proyecto es obtener los fondos para hacer frente a la deuda heredada sin que eso afecte las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población».
Según explicó el también titular del Banco Credicoop, se busca «gravar a personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas de nuestro país, que evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que las mandaron al exterior».
También ponderó la ventana de tiempo que otorgó el acuerdo del Gobierno con el FMI (cuya mayor carga de obligaciones se inicia recién en 2026) y que permite que el Estado nacional tenga «bastante tiempo» de «acumular recursos» para que «cuando llegue el momento de los vencimientos podamos hacerlo sin afectar las políticas de crecimiento y desarrollo«.
«Quien incumple las leyes es un delincuente, y en este caso estamos tratando de que los delincuentes no estén protegidos por una legislación. Y estamos creando una legislación para que esos delincuentes cumplan las obligaciones fiscales con la Argentina», sintetizó Heller.
La iniciativa oficialista contempla la creación de la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información proporcionada por el colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.
El colaborador, de acuerdo a la norma propuesta, recibirá una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
Este fondo estará vigente hasta que se cancele en su totalidad la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el Poder Ejecutivo, y será administrado por el Ministerio de Economía.
«Seria un gran paso para empezar a recuperar parte de los fondos derivados de la evasión impositiva», concluyó Heller en su exposición.
El siguiente en tomar la palabra fue Martín Tetaz, en representación de Juntos por el Cambio. El economista opositor cuestionó la medida impulsada por el kirchnerismo, por considerarla un «blanqueo», y consideró que el Gobierno ya tiene herramientas legales para perseguir a los evasores y recuperar esa renta necesaria para hacer frente a los compromisos de deuda.
Además, cuestionó la discriminación que la norma propuesta hace entre aquellos que depositaron su dinero en el exterior, y quienes la colocaron en cajas de seguridad en el país.
«¿Por qué no (ir contra) todos los fugadores? No tiene sentido que querramos usar la plata depositada en una cuenta en Uruguay para pagarle al fondo y no la plata que puede haber en una cuenta de seguridad local. hay 300.000 cajas de seguridad en la Argentina. ¿Por qué hay fugadores buenos y fugadores malos?», insistió.
No obstante, Tetaz explicó que a su criterio «la formación de activos externos es una salida del sistema de los dólares pero no es ilegal en absoluto».
«Es 100% legal y es lo que tenemos que defender como derecho, que la gente pueda hacer con su dinero, declarado y luego de pagar los impuestos, lo que quiera», subrayó.
En otra filosa crítica al Gobierno, apuntó que el texto aprobado en el Senado le da la oportunidad a la persona con fondos no declarados «de tener un pingüe descuento y encima le van a hacer un Ahora 12».
«La ley vigente le permite cobrarle 35%, y además cobrarle sobre el 10% de presunto gasto de ese patrimonio. Es decir, 38,5% y arriba las multas. No se necesita ninguna nueva ley. O sea que se va a poder cobrar tres veces la deuda con el FMI con la ley vigente», destacó.
A su turno, Sergio Palazzo (Frente de Todos) argumentó a favor de la iniciativa y negó que vaya a «espantar a los evasores», como esgrimen algunos sectores de la oposición.
«En la medida en que garanticemos un fondo que nos permita cumplir con las obligaciones con el FMI, los inversores van a ver un escenario de estabilidad», fundamentó.
Además señaló que la ley «libera a las fuerzas productivas, a los trabajadores, a los que menos tienen, de hacerse cargo de una deuda que se contrajo para financiar la formación de activos por más que tengan legalidad o legitimidad».
Por su parte, Graciela Camaño (Interbloque Federal) planteó reparos respecto de la redacción de la ley alentada por el Frente de Todos, aunque no fue concluyente en su postura, que se inclina más al rechazo que al acompañamiento.
«Por supuesto que no se puede estar en desacuerdo con perseguir a los evasores. Esa persecución debe ser absolutamente eficaz, algo que no viene ocurriendo en nuestro país. No advierto que con este proyecto de ley vaya a ocurrir. Se le está pidiendo a un texto de ley una función que no la va a poder cumplir», finalizó.
