26 octubre, 2022
Con 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, el oficialismo logró media sanción del proyecto tras 15 horas de debate. Ahora será remitido al Senado. La oposición impuso su número para rechazar el artículo del pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial.
Diputados aprobó el Presupuesto 2023 con cambios al filo y Massa en el recinto: sumó otros impuestos y bajó Ganancias al Poder Judicial
En una sesión maratónica que comenzó al mediodía y terminó en la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados que preside Cecilia Moreau, aprobó el proyecto de Presupuesto 2023. Con 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, la iniciativa logró media sanción y ahora se espera sea remitida al Senado.
El proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el Poder Ejecutivo contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar, y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 %.
. El gasto global será de 28,9 billones de pesos.
. Los recursos previstos para el próximo año son 22,5 billones pesos.
. Se busca reducir el déficit del 2,5% de 2022 al 1,9 por ciento en 2023.
. La pauta inflacionaria se estima en un 60%.
. Se incluyó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en un 10% al 31 de agosto próximo.
. Se incorporó un artículo que elimina la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que gozan los miembros del Poder Judicial, con el objetivo de sumar 237.000 millones de pesos a las arcas públicas.
. Los recursos para la Administración Gubernamental serán de 1,6 billones de pesos en 2023.
. Se destinarán a servicios de Defensa y Seguridad 1,2 billones.
. Los fondos destinados a fondos sociales serán de 18,6 billones de pesos.
. Los servicios económicos serán de 4, 5 billones.
. Para el pago de la deuda se destinarán 2,9 billones.
. Se facultará al Gobierno a poder actualizar los valores de las retenciones agropecuarias.
. Un artículo permitirá a los trabajadores camioneros no pagar el Impuestos a las Ganancias por los adicionales que cobran como premio, viáticos y comida.
. Las universidades nacionales recibirán 752.000 millones de pesos.
. Se destinarán 10.000 millones de pesos al Fondo Nacional de Desempleo.
. Se asignarán al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 9.000 millones de pesos y 1.000 millones de pesos a la Protección de Bosques Nativos.
. Será de 3.000 millones de pesos el cupo fiscal para cumplir con la ley de Fomento de Innovación Tecnológica y de 700 millones de pesos para biotecnología y de 70.000 millones para la ley de Economía del Conocimiento.
. El dictamen asigna 153.000 millones de pesos para el pago de sentencias previsionales con fallo firme.
. Se destinarán 85.000 millones de pesos al transporte de pasajeros del interior del país en conceptos de subsidios y la obligatoriedad de tener el sistema Sube.
. Se establece un pago de 47.000 millones de pesos a la provincia de La Rioja que se pagarán en 12 cuotas.
. Se prorroga hasta 2025 la emergencia alimentaria nacional.
. El dictamen fija que las provincias y municipios deberán controlar que las empresas de electricidad paguen sus deudas a la mayorista Cammesa y tendrán seis meses para acordar un plan de pagos.
. Se permitirá descontar del impuesto a las ganancias hasta el 40% de los gastos destinados a educación.
. Se crea un régimen de regularización tributaria para provincias y la Ciudad de Buenos Aires, para la condonación de deudas y recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre del 2022, con excepción de los aportes a las Obras Sociales y ART.
. El dictamen introduce un cambio para que el aporte a las obras sociales se realice de acuerdo a cada categoría, que en la actualidad es un monto fijo de 1.778 pesos. Con este cambio la categoría más alta pagará 10.505 pesos.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, el proyecto de Presupuesto 2023 que establece un gasto total de casi 29 billones de pesos, un incremento de la economía del 2 por ciento, una pauta inflacionaria del 60 por ciento, y prioriza el gasto social.
La iniciativa fue aprobada alrededor de las 5:13 de la madrugada, con el respaldo del Frente de Todos, Provincias Unidas, Interbloque Federal, y los bloques de JXC Evolución Radical, UCR y Encuentro Federal, mientras que fue rechazo por la Coalición Civica, la izquierda y la derecha, y el Pro se abstuvo.
Tras casi quince horas de debate, el plenario legislativo comenzó el debate en particular de los 143 artículos que componen esa iniciativa. Dos de los puntos que generaron mayor debate fueron la eliminación de la eximición del impuesto a las ganancias para la justicia y la facultad delegada al Gobierno Nacional para poder cambiar las alicuotas de retenciones agropecuarias.
Un punto clave está relacionado con la inflación: el oficialismo aceptó una “cláusula gatillo” para que se revise, a fines de agosto, próximo las cifras proyectadas. Si exceden en un 10% lo pensado para ese momento, o si se supera el 10% de recursos, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Congreso para que, en un mes, se defina la redirección de gastos. Si no ocurre eso, el Gobierno lo hará vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
El dictamen de mayoría contiene reformas impositivas ya que se contempla aumentos en las cuotas de obra social para las categorías más altas del Monotributo, incremento de impuestos internos y de aranceles de productos electrónicos, un impuesto sobre los pasajes y deducciones de ganancias en concepto de educación.
Otro punto significativo es la inclusión de una cláusula, por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.
Las provincias volverán a esquilmar, como siempre -y sin importar el signo político- a cualquier gestión nacional. Por caso, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) cobrará la deuda con distritos en ocho años (96 meses). Pasado dicho plazo, el Gobierno podrá retener partidas presupuestarias, pero bajo ningún punto se frenará la coparticipación.
En relación con los subsidios al transporte para el interior del país -reclamo algo lógico por la desigualdad ante el AMBA-, se ratificó el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, con gobernadores oficialistas y opositores, y el piso para 2023 subirá a $85.000 millones. Además habrá un consejo federal para revisar dicha aplicación y la implementación de la SUBE. Ayer, el tigrense avanzó con una solución provisoria para desactivar paros varios por la situación del último trimestre del corriente año.
Está vigente el pedido de la secretaria parlamentaria del Frente de Todos, la camporista Paula Penacca, para que los viajes aéreos sean más caros y que una tasa nueva sea direccionada a fondear la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En comparación con la iniciativa original, el oficialismo aumentó las partidas por más de $320.000 millones. De allí la disputa por Ganancias en el Poder Judicial, que significarían -según el oficialismo- $237.000 millones. También se subirán impuestos internos para sostener el cada vez más discutido régimen de beneficios impositivos fueguino. En tanto, la oposición logró que se puedan deducir gastos educativos en Ganancias.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, sostuvo: «El crecimiento es fundamental para poder encarar los diversos problemas que tenemos por delante, aunque está claro que hace falta un Estado activo que actúe en la regulación de la puja a favor de los que menos tienen y más necesitan».
El oficialista y representante de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, remarcó: «Este es un Presupuesto que marca el crecimiento de la Argentina, ese era uno de los desafíos. El otro era crear empleos y bajar la inflación hacia 2023. Proyectamos un déficit fiscal del 1,9% y una disminución gradual de la emisión monetaria».
«No se puede volver a dejar al país, no al gobierno, sin esa herramienta que es el presupuesto. Hemos logrado hasta aquí un dictamen de mayoría que entendemos superador y adecuado a los tiempos. Instamos al honorable cuerpo a acompañarnos para tener este presupuesto como una herramienta para el trabajo durante el 2023», reclamó.
Desde Juntos por el Cambio, el legislador y economista Luciano Laspina expresó que «este Presupuesto se queda a mitad de camino». A su criterio, «no prioriza el gasto y el ajuste recae fundamentalmente en tarifas, hay muy poco de ajuste en términos de reformas del gasto del Estado».
Destacó también, de forma irónica, que «en el marco de una crisis económica y social solo comparable a 2001 y 2002 recibimos el primer presupuesto del kirchnerismo en 20 años en el cual se ejecuta un recorte del gasto público». Además agregó: «Es una derrota ideológica para el oficialismo y es el principio de una nueva forma de discutir el tratamiento de las cuentas públicas en la Argentina sin teorías indefendibles», lanzó el santafesino que habló de un «final de ciclo».
El diputado del Pro Martín Tetaz hizo hincapié en eliminar los impuestos a las exportaciones, considerando la falta de dólares suele haber en el país: «Argentina tiene crisis en la balanza de pagos, una cada cinco años. Ha tenido 15 en los últimos 75 años. Somos el único país de la región que sistemáticamente se queda sin dólares. Porque le ponemos impuesto a los dólares. Es tan ridículo ponerle impuesto a los dólares, en un país que no tiene dólares, como ponerle impuesto a las vacunas en el medio de la pandemia».
Además cuestionó el impuesto de Ganancias al Poder Judicial: «Nosotros no queremos sostener ningún privilegio, pero queremos ir más a fondo. Proponemos una reforma integral que elimine todos los privilegios y que lo recaudado sea utilizado para bajar impuestos».
Sobre la cuestión en debate dijo que «el artículo 16 de la Constitución es claro, y dice que todos sus habitantes son iguales ante la ley, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».
Hugo Romero, representando a Córdoba por la UCR, dijo que el proyecto «no define un programa de gobierno, no deja de lado la política de parches y no genera señales fuertes para construir confianza y cambiar el rumbo de Argentina».
Una de las exposiciones más llamativas fue la del líder La Libertad Avanza, Javier Milei, quien visualizó una inflación del 200% y rechazó el Presupuesto 2023, tildándolo de «mamarracho». También sostuvo que «el déficit fiscal es inmoral».
Romina del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), criticó: «Tenemos un Presupuesto que está claro que es una estafa para la población, el ajuste es para sostener un negociado antinacional y antipopular de la deuda que no se termina de resolver». En sintonía, Myriam Bregman señaló que el proyecto es «un ataque escandaloso al pueblo trabajador».
En cuanto al Impuesto a las Ganancias para funcionarios del Poder Judicial, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, sostuvo: «Bravuconadas, no». En concreto, recordó que ya pagan Ganancias: «Fue en el Gobierno de Cambiemos que se aprobó una ley que obligó a partir del 1 de enero del 2017 a pagar Ganancias a todos los miembros del Poder Judicial que se incorporaran a partir de esa fecha». Para la legisladora, la actual iniciativa sería una jugada para generar «malestar» en la sociedad, por una eventual decisión que podría adoptar la Justicia, en clara alusión a la causa «Vialidad», donde se acusa a Cristina Fernández de Kirchner. También lamentó un «ajuste en educación» y otras áreas sensibles.
Leopoldo Moreau, del Frente de Todos, repasó que el debate por el Impuesto a las Ganancias sobre funcionarios del Poder Judicial lleva muchos años, y que no se trata de «una revancha» del oficialismo por algún tipo de determinación en casos que involucren a funcionarios. Así, recordó la Ley 24.631, votada en 1996, «incluyendo a legisladores y magistrados» en esa carga tributaria. «Y me podría ir más atrás, a la Ley de Emergencia del 89», sumó. A su vez, repasó que la legislación del 96 fue modificada por la propia Corte Suprema, que se excluyó al Poder Judicial de pagar el impuesto. Y finalizó: «Le pido al Congreso que no demos el espectáculo de ser débiles con los fuertes».
A su turno, Gerardo Milman del Pro, hizo una referencia al reality show Gran Hermano para hablar de la actualidad política del Gobierno nacional. «Hoy en día en el Gobierno se desarrolla un Gran Hermano al revés, donde cada semana un ministro se autonomina para irse de la Casa Rosada brindando el lamentable espectáculo del sálvese que pueda, acción que millones de argentinos no pueden realizar por que se encuentran inmovilizados bajo el yugo que el populismo nos impuso», criticó.
Además, dijo que el gobierno «pasa por alto los riesgos de la inflación y la financiación del déficit». «El populista piensa que el dinero crece en los arboles», añadió y criticó que no comprenden que «no se puede vivir por encima de las posibilidades» ya que «todo tiene un costo». «No hace falta saber mucho o tener un master en Economía para saber que la inflación es el impuesto más recesivo de los sectores populares», cuestionó.
«Hoy estamos debatiendo un presupuesto que nos refleja un modelo de país en extinción», concluyó Milman.
Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño coincidió con el PRO respecto a Ganancias al señalar que «el tema fue zanjado en 2016» y que intentar hacerlo de la manera en que lo propuso el oficialismo «llevaría a una declaración de inconstitucionalidad».
«Ganancias no está ni cerca de hacer justicia. Quisieron construir un conflicto: los trabajadores del Poder Judicial declararon una huelga», aseveró.
Con otra tónica, el líder parlamentario de Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, cuestionó las formas: «Hubo alguna bravuconada de presentar algún proyecto a último momento que tendría que haberse meditado más detenidamente, y pudiendo los sectores haber llegado a algún tipo de acuerdo», señaló el representante de Juntos Somos Río Negro.
El diputado Rodolfo Tailhade también se refirió al debate sobre el impuesto a las Ganancias y cuestionó la respuesta de los jueces a la propuesta del oficialismo. En ese sentido, repasó posturas negativa de los judiciales de los últimos años, pero además recordó la posición a favor de los jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y dijo irónicamente: «Supongo que cuando llegue a la Corte esto va a andar bien».
«Les quiero decir a los que se preocupan por los pobres jueces y fiscales que por ahí caen en la indigencia. No se cual es la preocupación de que paguen como todo hijo de vecino. Pero quédense tranquilos. Yo me tomé el trabajo de pedir declaraciones juradas de jueces y fiscales. No viven muy mal ni van a vivir mal si le sacamos el impuesto a las Ganancias», concluyó.
A su turno, el cambiemita Fernando Iglesias acusó al peronismo de realizar un ajuste con el Presupuesto 2023 y dijo a los peronistas que «fueron y son los mayores ajustadores de la historia». Acto seguido, realizó un repaso por diversas medidas de los distintos gobiernos justicialistas.
«Claro, no eran ajustes neoliberales, eran ajustes peronistas. Eran ajustes por inflación, como este ajuste que aplican ahora. Sin paros de la CGT, sin piqueteros, ni saqueos ni intentos de golpes de estado. Pero los ajustes más grandes de la historia, de ustedes. Pasó que a los días más felices, peronistas, se los concedo, les siguen los días más infelices», disparó.
Principales puntos del Presupuesto 2023
El proyecto tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi 29 billones de pesos, un déficit fiscal de 1,9% [cumpliendo las metas del FMI], una inflación proyectada en el 60% y destinar el 70% de los recursos a áreas sociales.
