30 julio, 2022
El Ministerio Público Fiscal detalló que en el mismo período se identificaron 1.545 víctimas, el 76,7% de las cuales eran mujeres y el 74,2% fueron por trata con fines de explotación sexual. En Chubut hubo actividades de concientización en diferentes ciudades.
Entre 2012 y 2022 se dictaron 376 sentencias condenatorias relacionadas al delito de trata de personas, período en el que se identificaron 1.545 víctimas, el 76,7% de las cuales eran mujeres, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El organismo publicó, a través de su portal de noticias, una serie de datos con motivo de conmemorarse este sábado el Día Mundial contra la Trata.
Sobre el total de sentencias, el informe oficial detalló que el 74,2% fueron por trata con fines de explotación sexual.
Dentro de las 742 personas que fueron condenadas, un 63% eran hombres.
En relación a las denuncias recibidas a través de la Línea 145, el MPF recordó que los casos de explotación sexual encabezan las consultas.
El dato surge del informe del año pasado de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que coadministra la línea junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El relevamiento indicó que fueron 1667 las denuncias recibidas entre enero y diciembre del año pasado.
Dentro de los subtipos de denuncias relativas a explotación sexual se indicó que 341 corresponden a existencia de prostíbulos o «whiskerias», mientras 250 son relativas a domicilios particulares y 99 a ofertas de servicios de sexuales.
El reporte detalló un cambio respecto a los casos de explotación sexual en domicilios particulares, que aumentaron en cantidad, en comparación a años anteriores.
En relación a la explotación laboral y los subtipos de casos vinculados, la lista es encabezada por delitos relativos a explotación rural.
Además, el informe puntualizó que en 99 de los 1667 casos se indicó la existencia de algún tipo de connivencia de funcionarios públicos.
La mayoría refiere a la existencia de posible connivencia policial y, en menor medida, judicial y política.
El MPF también informó que 170 personas recibieron aportes del fondo fiduciario público destinado a la asistencia directa a víctimas del delito, e integrado por fondos líquidos decomisados y el producido de la venta de bienes decomisados en causas por el delito, desde la sanción de la ley ley 27.508 que creó este fondo en 2019.
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) ratificó este sábado su compromiso en la lucha por la erradicación de la trata de personas con fines de explotación laboral en el sector rural.
Durante 2021 y 2022 el Renatre realizó fiscalizaciones en las que se encontró a 1.050 trabajadores rurales en situación de explotación laboral rural y desde el año 2020 el organismo gestionó prestaciones extraordinarias para las víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, según indicó.
“Desde el Renatre afrontamos la tarea de contribuir a la erradicación de la explotación laboral rural, no sólo con las prestaciones extraordinarias para las víctimas del sector rural, sino también con más fiscalizaciones, más capacitaciones y más registraciones. Estas acciones impulsan el trabajo decente”, dijo Roberto Buser, presidente de la institución.
Por su parte, el director del Renatre, José Voytenco, afirmó que “el trabajo de fiscalización es fundamental para asegurar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores rurales» y contribuir a «erradicar la explotación laboral rural».
Otra de las acciones que lleva adelante el Registro está focalizada en las infancias, a través del Programa Crecer (Centros Renatre de Cuidado y Educación Rural), que se desarrolló entre 2021 y 2022 en 35 centros que beneficiaron a más de 1.100 niños, niñas y adolescentes del sector tabacalero, arandanero y yerbatero, indicó la institución.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ratificó este sábado su compromiso con la lucha contra el trabajo ilegal y la trata de personas en todo el país a través, en el Día Mundial contra la Trata de Personas.
Para ello, el organismo jerarquizó las áreas especializadas de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (Dgrss), informó en un comunicado.
El trabajo articulado desde inicios de 2020 por la Dgrss con dependencias nacionales y provinciales permitió rescatar a unas 2.000 personas de todo el país de situaciones abusivas e irregulares, precisó.
Los operativos desarrollados en ese lapso tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Chaco, Corrientes, Mendoza, San Juan y Río Negro.
Desde la creación del equipo especializado contra el trabajo ilegal, la Dgrss de la AFIP coordinó operativos y controles con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Migraciones, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, las fuerzas federales de seguridad, las policías provinciales y los juzgados federales de todo el país.
Dicha área también articuló acciones con organismos internacionales como la OIT y Unicef, así como las representaciones diplomáticas de países como Paraguay, Bolivia, Perú, España o Chile.
Junto con la creación del área específica contra el trabajo ilegal, la AFIP habilitó una línea telefónica (0800-999-3368, opción 3) y una casilla de correo electrónico (tratalaboral@afip.gob.ar) para recibir denuncias.
Desde 2020 hasta la actualidad, el organismo fiscal recibió y evaluó más de 3.200 comunicaciones que dieron lugar a más de 80 denuncias por explotación laboral en todas sus formas, y a la realización de inspecciones por posibles irregularidades sobre 108 contribuyentes.
Desde 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembros establecieron al 30 de julio como el «Día Mundial contra la Trata», de acuerdo al Plan de Acción Mundial para Combatir el Tráfico de Personas.
El objetivo de la fecha es «concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos».
