3 julio, 2023
El cuerpo vuelve a convocar al recinto para votar proyectos luego de dos meses y medio. También se votará el nuevo régimen de promoción para la producción orgánica.
Dos meses y medio después de la última sesión para votar proyectos, que tuvo lugar el 19 de abril pasado, y con el cierre de listas nacionales reflejado en el espejo retrovisor, la Cámara de Diputados volverá a convocar al recinto el próximo miércoles en base al tratamiento de un repertorio de iniciativas que incluye, entre otras, la ley para aliviar la situación de los deudores hipotecarios de créditos UVA y la ley «Olimpia» contra la violencia digital de género.
El pedido de sesión es para este miércoles a las 12 hs y fue presentado el viernes pasado a la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, por los diputados oficialistas Germán Martínez, Paula Penacca, Hilda Aguirre, Pablo Carro, Eduardo Fernández, Ramiro Fernández Patri, Daniel Gollán, Lucas Godoy, Carlos Heller, Mónica Macha, Gisela Marziotta, Lucila Masin, Carlos Ponce, Vanesa Siley y Eduardo Valdés.
En el temario también figuran el Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos; la regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico, y el Plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
A su vez, se incorporan al orden del día la derogación del régimen legal de trabajo de mujeres y niños, la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros, un acuerdo sobre Transporte Aéreo entre Argentina y Portugal, y la declaración de monumento histórico nacional del Parque de la Constitución Nacional.
El proyecto de la mayoría consensuado entre el Frente de Todos y la UCR crea el nuevo «Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI», el cual garantiza que la cuota a pagar por el deudor hipotecario tomará en cuenta el índice mensual que de más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la «Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC que mide la inflación promedio.
Por otra parte, se dispone que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023. A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.
La iniciativa crea un «Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)» que tendrá como finalidad compensar los descalces entre la cuota calculada en base a salarios y la estimada en base a la tasa UVA/UVI. El deudor deberá adherir de forma voluntaria al régimen para poder acceder a los beneficios del Fondo.
En caso de que el deudor esté desempleado, este fondo especial se hará cargo de hasta tres cuotas.
En parte, dicho fondo compensador será financiado «con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera», detalla el dictamen de mayoría.
Encabezado por el diputado Martín Tetaz (Evolución), un sector de la oposición (que también incluye al PRO y la Coalición Cívica) firmó un dictamen alternativo con diferencias respecto al despacho de mayoría.
Esta norma surge de una síntesis de los proyectos de Mónica Macha (Frente de Todos) y Danya Tavela (Evolución) busca modificar la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género 26.485 para tipificar como delito la figura de la violencia digital a través de la extorsión y difusión no consentido de material sexual en redes o plataformas.
A su vez, la normativa habilita a los jueces a la remoción del contenido íntimo del entorno digital, y busca evitar interpretaciones de la ley que no favorezcan a las víctimas.
La iniciativa fue presentada en julio pasado con la presencia de la ex ministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta y está inspirada en la “Ley Olimpia” que se sancionó en México en 2021 en homenaje a una joven mexicana que fue víctima de “porno extorsión” y “porno venganza” por parte de una ex pareja.
Otro proyecto que listo para ser votado en el recinto este miércoles es el que crea un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal.
Es un proyecto del oficialista Ramiro Fernández Patri que obtuvo dictamen las comisiones de Economías y Desarrollo Regional, y Presupuesto y Hacienda. El bono de crédito fiscal es equivalente al 70% de la totalidad de las contribuciones patronales, y se puede utilizar para la cancelación de tributos nacionales, y sus anticipos, como así también los tributos aduaneros, excluido el impuesto a las ganancias.
La producción orgánica está relacionada a un modelo de soberanía alimentaria, a partir de un modo de producción más artesanal, más amigable con el medio ambiente, sin agroquímicos, con mano de obra intensiva. A su vez, genera un producto más saludable y cuidado, que redunda en un beneficio para el consumidor.
*NA/By S.Hadida
