25 mayo, 2021
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó y dejó firmes las condenas impuestas por la Justicia Federal de Comodoro contra los policías Fabio Alcides Tillería y Marcelo Miguel Alberto Chemín por la desaparición de Iván Eladio Torres.
El joven de 26 años en ese momento fue visto por última vez en octubre de 2003, en Comodoro Rivadavia, cuando según testigos fue subido a un patrullero. La causa por su desaparición implicó una condena internacional contra la Argentina.
Por el caso, en 2016 se llegó a juicio y se había condenado a Tillería, excomisario de la Seccional 1ª, a 15 años de prisión y al exoficial Chemín, a 12 años, como “partícipes necesarios de la desaparición forzada” del joven comodorense.
Aquella condena había sido ratificada en segunda instancia y la Defensa había presentado un recurso ante el máximo Tribunal de la Argentina, el cual fue declarado por unanimidad de los jueces como “inadmisible”, con lo cual la condena quedó firme.
Vale señalar que se aguarda fecha para un nuevo juicio oral y público que juzgará nuevamente a los policías Pablo Ruiz y Mario Gómez, quienes iban en el patrullero de la Comisaría 1ª que esa noche de octubre presuntamente levantó al joven.
En el primer juicio estos 2 efectivos habían sido absueltos pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión. También había un tercer policía, Hernán Leiva, quien falleció antes de enfrentar la repetición del proceso.
Durante los años transcurridos, se denunciaron serias irregularidades y demoras en la investigación, además de haber sido asesinados 6 testigos claves.
El hecho se produjo durante las gobernaciones de José Luis Lizurume y Mario Das Neves. La investigación tuvo serias irregularidades y demoras, y seis testigos claves fueron asesinados.
Ambos gobernadores, la Corte Suprema provincial y los fiscales del caso negaron que se tratara de una desaparición forzada. La familia debió llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2011 condenó al Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres y ordenó “iniciar, dirigir y concluir las investigaciones y procesos necesarios, en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y en su caso, sancionar a todos los responsables de lo sucedido».
Cuatro años después de ese pronunciamiento, dieciséis policías fueron acusados y llevados a juicio, resultando condenados dos de ellos como partícipes necesarios, mientras que los demás resultaron absueltos, situación ahora revisada por la Corte Suprema de Justicia. El caso llevó al Congreso argentino a tipificar el delito de desaparición forzada incorporándolo como delito en el Código Penal (artículo 142 ter)
*CSJN, CELS, W
