19 septiembre, 2024
DURANTE LOS 9 MESES DE GOBIERNO DE MILEI VAN 4255 PEDIDOS DE INFORMES CONCENTRADOS EN TRES ORGANISMOS
La reflexión del presidente de la Corte resonó tras las restricciones del Gobierno a los pedidos de acceso a la información. Un déficit en la mayoría de los estamentos del estado nacional, provinciales y municipales. Un dato alarmante -por ejemplo- es que un altísimo porcentaje de funcionarios no dan a conocer sus declaraciones juradas de bienes e ingresos al momento de asumir la función pública.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, aseguró que la calidad institucional implica «libertad de expresión y acceso de la información pública», luego de la restricciones que implementó el gobierno en esa materia.
Cabe destacar que desde este mes, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo cambios en la legislación vigente que incluyen una redefinición del concepto de «información pública», mayores requisitos para solicitar datos al Estado y más «protección» para los funcionarios.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, aseguró que la calidad institucional implica «libertad de expresión y acceso de la información pública», dos cuestiones actualmente en crisis en gran parte del país
“La calidad institucional implica la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, la libertad de expresión y el acceso a la información pública”, subrayó el titular del máximo tribunal de justicia del país, haciendose eco de una preocupación masiva sobre los cercenamientos que introdujo la gestión de Milei al acceso a la información del manejo público.
Las palabras resonaron tras la decisión del Poder Ejecutivo de restringir pedidos de acceso a la información pública a través de un decreto publicado semanas atrás.
El presidente de la Corte Suprema participó este martes por la noche de la cena anual de Poder Ciudadano. Fue en ese marco cuando inisitió: “Hay una demanda social de transparencia”, sostuvo Rosatti, quien hizo un repaso por el funcionamiento del tribunal en los últimos años.
En ese marco, lanzó una crítica a su par Ricardo Lorenzetti, sin nombrarlo, al cuestionar la conducción «unipersonal y super concentrada» anterior a su gestión.
El presidente de la Corte Suprema también destacó la importancia de reducir la cantidad de causas que llegan a los tribunales.
Consideró que «se cuestiona al Poder Judicial por la falta de velocidad de sus sentencias», cuando el principal problema «no está en la salida del proceso productivo, sino en el ingreso».
La Corte, ejemplificó, dicta cada año cerca de 12.000 sentencias con las que resuelve unas 20.000 causas.
Al respecto, señaló que cerca del 65% de las causas que llegan al Máximo Tribunal «provienen del propio Estado que, por ejemplo, en materia previsional, apela para no pagar una sentencia y ganar tiempo, aunque ya sabe cuál será el resultado porque existen precedentes».
Apuntó también contra la judicialización de la política y dijo que «muchas veces, la falta de respuesta de los poderes representativos» deriva en una excesiva litigiosidad y en un «ingreso descontrolado de causas» que, inexorablemente, provoca lentitud y conspira contra la agilidad de los procesos.
«Es muy difícil ser un tribunal de garantías constitucionales cuando todo se judicializa y llega a la última instancia», se quejó Rosatti, e instó a recuperar el espíritu de concordia, la vocación de diálogo y los mecanismos de conciliación para que más controversias se diriman por estos medios antes de arribar a los tribunales.
«Si desde la sociedad no se utilizan estas herramientas, si lo que pasa a la mañana se judicializa a la tarde, todos perdemos», afirmó el presidente de la Corte.
La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública -una herramienta importante para la transparencia y el control ciudadano de la gestión pública- fue sancionada en 2016 y reglamentada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos). Pero se puede decir que en todas las gestiones termina de una u otra manera vulnerada en la práctica.
El 1° de septiembre de 2024, el gobierno de Javier Milei dictó el Decreto 780/2024, que directamente introdujo modificaciones en la reglamentación de la ley. Entre los cambios más significativos, se encuentra una nueva definición de “información pública” que excluye datos de naturaleza privada o sin “interés público comprometido”. Parámetros que dejan amplios ‘grises’ interpretativos al momento de negar información de contrataciones u operaciones vinculadas al destino aplicado a los dineros públicos, por ejemplo.
Entre otras cosas, hay una idea que la ciudadanía no se moviliza, reclama o pide explicaciones. Y también hay cierto prejuicio a que oficialmente no se responde o se atiende a los requerimientos ciudadanos. Sin embargo eso no es así. De hecho, los números indican que entre 2017 y lo que va de 2024, se realizaron un total de 47.840 pedidos de acceso a la información pública a distintos organismos del Estado nacional. El 93,9% fueron respondidos y resueltos. El gobierno que más solicitudes recibió fue el de Alberto Fernández (Frente de Todos), con 31.156 pedidos en sus 4 años de gestión.
Los datos surgen de un análisis que realizó el Centro de Datos de Chequeado, en base a la información que publica de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), un ente autárquico que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Un completo informe del sitio, de autoría de Rosario Marina y Ignacio Ferreiro, exponen los siguientes datos:
Durante la presidencia de Macri, se realizaron 9.169 pedidos de acceso a la información pública. En 2017, primer año de implementación de la ley, se registraron 645 solicitudes. Esta cifra aumentó significativamente en los años siguientes, con 3.737 pedidos en 2018 y 4.787 en 2019 (hasta el 9 de diciembre).
El período presidencial de Fernández, del 10 de diciembre de 2019 a diciembre de 2023, registró el mayor número de pedidos, con un total de 31.156 solicitudes. Durante este gobierno se observó un crecimiento en el número de pedidos año tras año.
En 2020 -primer año de la pandemia del coronavirus- se realizaron 5.992 solicitudes, en 2021 aumentaron a 8.416, en 2022 se alcanzó un pico con 8.943 pedidos, y finalmente en 2023 (hasta el 10 de diciembre) se registraron 7.593 solicitudes.
En cuanto al gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza), entre el 10 de diciembre de 2023 y septiembre de 2024 ya se han registrado 7.515 pedidos de acceso a la información pública. Esta cifra supera el total de pedidos realizados en cada uno de los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
Si se comparan los primeros 9 meses de cada gobierno, Milei es quien recibió la mayor cantidad de pedidos en ese plazo. Mientras que su gestión recibió más de 7.500 solicitudes, en el mismo periodo del gobierno de Fernández fueron 3.224. En el caso de Macri, si se contabilizan los primeros 9 meses desde la reglamentación de la ley fueron 2.085 los pedidos.
“Es importante destacar que, salvo 2023, la cantidad de pedidos de acceso a la información que se realizan crece año a año. Esto significa que cada vez más gente, actores, organizaciones, etcétera, hacen uso del derecho al acceso a la información pública, lo reconocen como propio, y que están en todo su derecho de exigirle información a los funcionarios”, indicó a Chequeado Juan Francisco Krahl, coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo.
El Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, fueron los organismos que recibieron más pedidos en las 3 presidencias
En lo que va de la administración de Milei, los 3 organismos que recibieron más pedidos fueron: Ministerio de Economía (2.408), Jefatura de Gabinete (998) y Ministerio de Capital Humano (849).
También durante los gobiernos de Macri y Fernández el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete aparecen en los 2 primeros lugares. Sin embargo, el Ministerio de Salud figura en el top 3 tanto para Fernández como para Macri.
En 2020 se registró un pico de pedidos de acceso realizados al Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia de COVID-19. Fueron más de 1700 solicitudes sólo en ese año.
El Gobierno de Javier Milei tiene hasta el momento la tasa más baja de resolución de pedidos
Sobre la resolución de los pedidos, al analizar los primeros 9 meses de los 3 gobiernos desde la reglamentación de la ley, el de Milei muestra la tasa más baja, con un 79,02%, en contraste con las tasas superiores al 96% de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Además, la administración Milei registra el mayor porcentaje de pedidos vencidos, un 10,01%, número superior al 2,8% de Macri y al 3,3% de Fernández.
Entre los organismos que manejan un gran volumen de solicitudes, la Secretaría General se destaca por tener la tasa más baja de respuesta en lo que va del gobierno de Milei, con solo un 69,9% de solicitudes resueltas.
Le sigue el Ministerio de Capital Humano, que -a pesar de gestionar 754 solicitudes (sin contar las que se encuentran en plazo o con pedido de prórroga)- solo resolvió el 78,7% de ellas.
“No sorprende que, dentro de los ministerios, las peores tasas de respuesta sean de Secretaría General y de Capital Humano. Nos ha pasado a nosotros incluso que hicimos pedidos de acceso a la información que no fueron respondidos, o que la respuesta fue que no contaban con esa información”, sostuvo Krahl.
La mayor cantidad de pedidos de acceso a la información pública proviene de particulares
Los pedidos de acceso a la información pública fueron realizados por una amplia gama de solicitantes. La mayor cantidad de solicitudes provino de particulares, con 11.960 pedidos, lo que demuestra un alto nivel de participación ciudadana. Le siguieron la academia, con 4.203 solicitudes; los medios de comunicación, con 3.064; y el sector público, con 2.869.
Las ONGs presentaron 2.006 solicitudes, mientras que las empresas efectuaron 1.032 pedidos. Esto muestra la relevancia de la información pública para diversos sectores de la sociedad.
El sector legislativo realizó 828 solicitudes a través de este mecanismo (ya que también puede hacer solicitudes por otras vías legislativas), y hubo 1.343 pedidos de fuentes no declaradas. Esta distribución variada de solicitantes subraya el principio fundamental de la ley: que toda persona, ya sea humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública sin necesidad de justificar su pedido o demostrar un interés particular.
La Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública establece que cualquier persona puede solicitar información a una amplia gama de organismos estatales, incluyendo la Administración Pública Nacional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, empresas y sociedades del Estado, universidades nacionales, partidos políticos y sindicatos, entre otros.
Los sujetos obligados deben responder a las solicitudes en un plazo máximo de 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga por otros 15 días en casos excepcionales. El acceso a la información es gratuito, aunque pueden cobrarse los costos de reproducción si fuera necesario.
La ley también establece excepciones limitadas para no brindar información, como en casos de seguridad nacional, secretos industriales o datos personales protegidos.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, explicó a Chequeado: “Todos los gobiernos deben rendir cuentas. En una sociedad plural, las autoridades deben pugnar por lograr mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad en los asuntos públicos. El acceso a la información es clave para garantizar el ejercicio de otros derechos”.
Por su parte, Clara Lucarella, abogada y coordinadora del programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), dijo que: “Posiblemente el mayor problema que vemos en la gestión de Milei sobre políticas de transparencia tiene que ver con la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que lo que hizo fue sumar excepciones a las que existían previamente en la ley y restringir aún más el derecho de acceso a la información”.
