14 febrero, 2023
SEGÚN UN ESTUDIO DE IDESA DEBERÍA REEMPLAZARSE POR UN FONDO DE CONVERGENCIA
Un informe privado pone en duda el éxito del sistema de reparto de ingresos federales a través de la coparticipación nacional a las Provincias y cuestiona la dependencia y enviciamiento que genera. El mecanismo entre otras cosas, desató una batalla judicial entre la la Ciudad de Buenos Aires y Nación, derivó en el pedido de juicio político a la Corte Suprema que esta semana dominará la agenda política e institucioanl del país.
Dependencia Pública: cuestionan que el sistema de Cooparticipación Federal baja la calidad institucional de las Provincias
Un informe privado pone en duda que la coparticipación esté cumpliendo con su principal objetivo que, es que todos los habitantes del territorio nacional tengan las mismas oportunidades de desarrollo personal; al tiempo que plantea que eliminar ese mecanismo “no es solo necesario, sino que también es posible”.
Entre las razones que plantea el estudio hecho por Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) para justificar que la coparticipación no está cumpliendo con su objetivo se destaca que: las provincias del norte reciben un 58% más que el promedio y tienen un 18% más de empleo público por habitante y mayor mortalidad infantil.
“Esto demuestra que los recursos que se redistribuyen se usan para financiar empleo de baja calidad y no para proporcionar la igualdad de oportunidades”, asegura el documento.
Y agrega otra consecuencia: “Una fuerte concentración de la recaudación en el nivel nacional que, en un país federal, no es el artífice del desarrollo provincia, esto porque la mitad del financiamiento de las provincias es a través de su propia recaudación. “Reciben como ingresos el 12% del PBI y solo el 5% es por recaudación propia, el resto les llega mediante la coparticipación”.
Cabe destacar que este régimen nació bajo la idea de que todos los habitantes del país deben tener las mismas oportunidades de desarrollo personal, independientemente del lugar en que nacieron.
Bajo esta lógica, es necesario redistribuir recursos públicos mediante la coparticipación para que todas las provincias tengan la posibilidad de brindar servicios sociales similares como educación, salud, vivienda, urbanismo, entre otros.
IDESA sostiene que con la perpetuidad del régimen se sostiene un esquema que promueve la baja calidad de las instituciones políticas y económicas, es decir, el atraso de las Provincias más rezagadas es cada vez mayor.
Pero un nuevo sistema de coparticipación sería imposible, ya que tiene que aprobarse por unanimidad de todas las provincias y la dirigencia de las provincias beneficiadas nunca apoyaría un cambio que las perjudique.
Este jueves se desarrolla en Diputados el debate al proyecto que presentó el Frente de Todos para impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema que, enumera una serie de causas judiciales, pero la gota que derramó el vaso, sin duda; fue el fallo por la coparticipación que le dio la razón a la Ciudad, desencadenando una crisis entre el Ejecutivo y la Justicia.
Una posible solución que, plantea IDESA, es eliminar los malos impuestos y generar incentivos a aumentar la actividad económica en las Provincias, haciendo que estas recauden los tributos en función de las ventas que se generan dentro de su territorio para financiarse.
De esta manera, la coparticipación dejaría de tener sentido. Esto debe ser complementado con un Fondo de Convergencia que transfiera recursos desde las zonas más ricas a las más pobres orientado a estimular políticas para reducir las brechas de desarrollo.
“La razón es que la coparticipación funciona como un “cheque en blanco”, mientras que el fondo de convergencia, como una transferencia condicionada a un plan de desarrollo”, concluye el estudio.
La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más fondos de coparticipación recibe y, sin embargo, es la más perjudicada (después de la Ciudad) por el reparto en términos per cápita, porque alrededor del 39% de la población del país vive en terreno bonaerense y porque produce el 36% del PBI de la Argentina. Esta situación generó una discusión que lleva varias décadas y, si bien es reconocido por todo el espectro político, los gobiernos provinciales y nacionales nunca se pusieron de acuerdo para crear una nueva Ley más equitativa y transparente.
La solución que encontró la administración de Alberto Fernández fue quitarle de manera unilateral a la Ciudad de Buenos Aires parte de su coparticipación en 2020 y destinar esas transferencias al gobierno de Axel Kicillof a través de la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Fffba). Este programa se transfiere de forma discrecional y no se incrementa el coeficiente de coparticipación de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, la provincia recibe 1,18% extra de coparticipación, independientemente del 21,3% que le corresponde por ley.
El fallo de la Corte rechazó que la Nación pueda modificar el porcentaje de coparticipación sin un acuerdo con el estado provincial que se ve alcanzado y determinó que se restituyan los fondos originales, excepto lo que el Gobierno enviaba a la Ciudad por los gastos de la Policía Federal. Por lo tanto, la coparticipación de la Ciudad quedó en 2,95%. Esto ocasionó que el oficialismo decida enjuiciar a los ministros de la Corte, tema que se tratará en el Congreso esta semana.
Como antecedente inmediato cabe destacar que el Gobierno transfirió de manera automática a las provincias por coparticipación y leyes complementarias $5,76 billones, de los cuales la provincia de Buenos Aires recibió $1,3 billones, que equivale al 22,6% del total, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Por la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, la distribución total de los fondos se reparte en un 40% al Tesoro Nacional, 59% a las provincias y 1 % al Ministerio del Interior, para constituir el fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN), de donde salen las transferencias discrecionales. El fondo de coparticipación se nutre principalmente del 100% de lo recaudado por el impuesto a las Ganancias y del 89% de lo recaudo por IVA.
Chubut es la tercer provincia que menos coparticpación federal recibe con $88.035 millones, pese a ser la cuarta provincia que en términos de recursos, divisas y exportaciones más aporta a la Nación.
