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12 enero, 2022

Denuncias de corrupción en la administración pública: cómo es el sistema que habilitó Nación

SEGÚN LA RESOLUCIÓN 978/21

La medida implementada por Nación habilita a radicar denuncias por casos de corrupción en la administración pública nacional. El sistema quedó formalizado por la Resolución 978/2021, publicada en el Boletín Oficial hace unos días. En qué consiste el sistema.

El Ministerio de Economía creó oficialmente el último día del año un «canal de denuncias» mediante el cual, tanto la ciudadanía en general como los empleados de esa cartera, podrán informar sobre supuestas irregularidades relacionadas con hechos de corrupción.

La medida que lleva la firma de Martín Guzmán, se formalizó a través de la Resolución 978/2021 el 31 de Diciembre de 2021, y publicada en el Boletín Oficial el 4 de Enero pasado, y hasta ahora pasó bastante desapercibida para la prensa y la ciudadanía en general.

Se trataría de uno de los pasos imprescidibles para formalizar acuerdos internacionales, en el marco por ejemplo de las sugerencias del FMI y otros organismos, así también como países que poryectan inversiones oficiales y requieren máxima transparencia o formalidades de contraparte, como el caso de China.

 

 

Qué dice la Resolución

 

 

«Créase el Canal de Denuncias del Ministerio de Economía como herramienta para facilitar, tanto a la ciudadanía en general como a las/los agentes del organismo, la realización de denuncias por irregularidades vinculadas con hechos que presuntamente contraríen la ética pública y/o puedan constituir una falta, transgresión, infracción, o irregularidad administrativa», indicó el documento oficial.

Según lo dispuesto, ese canal funcionará en el ámbito de la Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, mediante un formulario digital al que se podrá acceder en la página web del Ministerio www.argentina.gob.ar/economia, «en forma simple, ágil y gratuita» en el apartado https://www.argentina.gob.ar/servicio/denunciar-un-hecho-de-corrupcion.

De acuerdo a los pasos dados por Nación, la resolución publicada tiene un plazo de 30 días para aprobar el Protocolo de Recepción y Gestión de Denuncias que regulará el trámite administrativo correspondiente, «garantizando su confidencialidad, la posibilidad de reserva de la identidad de las/los denunciantes y la protección de sus datos personales, y la gestión trazada de los procedimientos», especificó el Palacio de Hacienda.

Asimismo recordó que mediante el Decreto 258 del 10 de abril de 2019 se aprobó el «Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023)», que cuenta con iniciativas propuestas por el entonces Ministerio de Hacienda.

A partir de una evaluación del mencionado plan, la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, impulsaron la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) a fin de avanzar hacia una planificación coordinada y estratégica de las políticas de integridad y de transparencia en toda la Administración Pública Nacional.

De acuerdo con la cartera económica, esa estrategia incorpora el cruce de perspectivas entre las políticas de integridad y los derechos humanos, género y diversidad y el cuidado del medio ambiente.

Para la cartera económica, las políticas de transparencia «buscan abarcar toda la administración pública y la adopción de una perspectiva integral, federal y plural».

«En ese marco, esta jurisdicción asumió el compromiso para la implementación de un sistema de recepción y gestión de denuncias por supuestas irregularidades vinculadas con hechos que presuntamente contraríen la ética pública y/o puedan constituir una falta, transgresión, infracción, o irregularidad administrativa, orientado hacia agentes, contratistas, terceras/os vinculadas/os y a la ciudadanía en general», finalizó.

 

El texto

 

 

 

Resolución 978/2021

RESOL-2021-978-APN-MEC

 

Ciudad de Buenos Aires, 31/12/2021

Visto el expediente EX-2021-122813486-APN-DGDA#MEC, las leyes 24.759, 25.188, 26.097 y 27.275, el decreto 258 del 10 de abril de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada a través de la ley 24.759, el Estado Nacional se comprometió a promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Que, asimismo, se asumió el compromiso de crear, mantener y fortalecer sistemas para proteger a las/los funcionarias/os públicas/os y ciudadanas/os particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad.

Que, al aprobar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción mediante la ley 26.097, la República Argentina asumió la responsabilidad de formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del respeto de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Que mediante el decreto 258 del 10 de abril de 2019 se aprobó el “Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023)”, que cuenta con iniciativas propuestas por el entonces Ministerio de Hacienda.

Que a partir de una evaluación del mencionado Plan, la Oficina Anticorrupción, organismo desconcentrado en la órbita de la Presidencia de la Nación, y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, impulsaron la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) con el objetivo de avanzar hacia una planificación coordinada y estratégica de las políticas de integridad y de transparencia en toda la Administración Pública Nacional.

Que dicha estrategia incorpora el cruce de perspectivas entre las políticas de integridad y los derechos humanos, género y diversidad y el cuidado del medio ambiente.

Que las políticas de transparencia buscan abarcar toda la administración pública y la adopción de una perspectiva integral, federal y plural.

Que la construcción de una cultura de la integridad tiene que estar vinculada con la tarea de mejorar la calidad de nuestra democracia mediante una genuina participación ciudadana.

Que en dicho marco esta jurisdicción asumió el compromiso para la implementación de un sistema de recepción y gestión de denuncias por supuestas irregularidades vinculadas con hechos que presuntamente contraríen la ética pública y/o puedan constituir una falta, transgresión, infracción, o irregularidad administrativa, orientado hacia agentes, contratistas, terceras/os vinculadas/os y a la ciudadanía en general.

Que, asimismo, resulta necesario establecer las pautas y los procedimientos para el trámite de recepción, registro y derivación de las denuncias ingresadas.

Que, atento a la materia de que se trata, resulta pertinente encomendar a la Secretaría Legal y Administrativa de esta cartera para que, en un plazo no mayor a treinta (30) días, apruebe el Protocolo de Recepción y Gestión de Denuncias que regulará el trámite administrativo correspondiente, garantizando la confidencialidad de la denuncia, la reserva de la identidad de las/los denunciantes, la gestión trazada de los procedimientos y la protección de los datos personales de las/los denunciantes.

Que, asimismo, es conveniente autorizar a la citada Secretaría a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la implementación de lo aquí resuelto.

Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado intervención de su competencia.

Que esta medida se dicta en virtud de las facultades previstas en el inciso b del artículo 4° de la Ley de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase el Canal de Denuncias del Ministerio de Economía como herramienta para facilitar, tanto a la ciudadanía en general como a las/los agentes del organismo, la realización de denuncias por irregularidades vinculadas con hechos que presuntamente contraríen la ética pública y/o puedan constituir una falta, transgresión, infracción, o irregularidad administrativa.

ARTÍCULO 2°.- El canal creado en el artículo precedente, funcionará en el ámbito de la Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, mediante un formulario digital al que se podrá acceder en la página web de este ministerio (www.argentina.gob.ar/economia), en forma simple, ágil y gratuita.

ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase a la Secretaría Legal y Administrativa para que, en un plazo no mayor a treinta (30) días, apruebe el Protocolo de Recepción y Gestión de Denuncias que regulará el trámite administrativo correspondiente, garantizando su confidencialidad, la posibilidad de reserva de la identidad de las/los denunciantes y la protección de sus datos personales, y la gestión trazada de los procedimientos.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase a la Secretaría Legal y Administrativa a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias.

ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Martín Guzmán (e. 04/01/2022 N° 45/22 v. 04/01/2022)

 

 


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