28 noviembre, 2020
Por CELS
El 9 de diciembre de 1985, hace 35 años, la Cámara Federal dictó sentencia en el marco del Juicio a las Juntas Militares, la emblemática «Causa 13» llegaba a su fin con condenas que confirmaron un plan sistemático de exterminio por parte de la dictadura cívico militar que había usurpado el poder el 24 de marzo de 1976. Al respecto opinaron Sol Hourcade, coordinadora del equipo Memoria, verdad y justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Paula Litvachky, directora Ejecutiva del CELS.
CELS
Se cumplen 35 años del juicio a las juntas militares. Luego de casi ocho meses de audiencias, de escuchar a casi mil testigues y de decenas de miles de documentos incorporados como pruebas, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal reconoció por primera vez la existencia de un plan sistemático de exterminio y condenó a cinco de los nueve comandantes enjuiciados. Además ordenó investigar a otros responsables de las acciones represivas.
Desde aquel entonces esa sentencia es reconocida por su gran trascendencia histórica, política, jurídica y ética. Era la primera vez en América Latina que los responsables de un régimen militar eran condenados en un juicio público y con todas las garantías constitucionales por los crímenes del terrorismo de estado.
Mucho hemos atravesado desde ese 9 de diciembre de 1985. El proceso de justicia fue interrumpido por las leyes de impunidad sancionadas para sostener la gobernabilidad, ante las presiones del poder militar y sus aliados civiles. Los organismos de derechos humanos junto con la militancia social y política construimos esos años un horizonte de resistencia social que derivó en acciones internacionales, escraches, marchas y litigios. Finalmente, a partir de 2003 con el compromiso político del poder ejecutivo y de una amplia representación del sistema político logramos superar esa etapa de impunidad.
Con la reapertura del proceso de juzgamiento muchos responsables militares y policiales beneficiados ilegalmente con las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos fueron procesados y condenados. Las investigaciones judiciales se diversificaron y profundizaron, lo que permitió una mayor comprensión del fenómeno represivo.
En todos estos años, avanzamos en el juzgamiento de crímenes contra la humanidad cometidos con anterioridad al golpe de Estado de 1976, en la reconstrucción minuciosa del Plan Cóndor que comprobó la articulación represiva de los países del cono sur para perseguir a opositores políticos, en hallazgos de centros clandestinos de detención desconocidos hasta el momento, en la investigación de la responsabilidad de civiles, en la condena de la violencia sexual a la que se sometía a las personas en los campos de concentración y, aunque faltan muchos, en la búsqueda de nietes desaparecides por un plan sistemático de apropiación.
De acuerdo a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad al 15 de septiembre de 2020, 997 personas fueron condenadas y 162 absueltas en 246 juicios por delitos de lesa humanidad. El proceso de justicia a esa fecha ha alcanzado a 3329 personas en casi seiscientas causas judiciales en todo el país.
Por el tiempo transcurrido desde que se cometieron estos graves crímenes estamos en la última etapa del proceso de justicia. Muchos de los responsables están llegando al fin de sus vidas sin haber sido responsabilizados y sin haber brindado información sobre dónde están les desaparecides y quiénes son les nietes que aún buscamos.
Desde hace años los organismos de derechos humanos reclamamos la agilización de los procesos, que se investiguen y sancionen a los responsables civiles -actores económicos, empresarios, personal jerárquico de empresas- que participaron de la represión a la clase trabajadora y que se abra y desclasifique toda la información producida por los organismos de inteligencia. Aún sabemos poco sobre cómo y quiénes participaron en el plan represivo desde las áreas de inteligencia del Estado, lo que incluye a la exSIDE, a las fuerzas armadas y también al servicio penitenciario y a la policía federal.
Sigue siendo muy importante que el sistema judicial sostenga el compromiso con el proceso de justicia, que agilice sus tiempos y que el poder ejecutivo apoye los juicios y destine recursos a la tarea de recuperar información sumamente valiosa que aún está enterrada en el entramado de la burocracia estatal. Miles de familias todavía desconocen el destino de sus seres queridos. El Congreso tiene pendiente poner en marcha la comisión bicameral para investigar las responsabilidades económicas y financieras de los delitos de la dictadura. Tenemos que pensar políticas y estrategias para encontrar a les nietes que faltan, sostener la búsqueda de verdad y acompañar a quienes sufren aún hoy estos graves crímenes. El nunca más que nos propusimos como sociedad sigue en plena construcción
*Sol Hourcade, Coordinadora del equipo Memoria, verdad y justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Paula Litvachky, directora Ejecutiva del CELS
