28 junio, 2020
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA LO CATALOGÓ “CONFLICTO DE PODERES” Y LA FISCALÍA DE ESTADO DEBERÁ INVESTIGAR
La Fiscalía de Estado de Chubut deberá identificar y revisar en los próximos seis meses innumerables transferencias de dominio de tierras rurales con bosque nativo realizadas en el marco de un decreto de 2004 y una modificatoria del año siguiente.
El Ejecutivo de Chubut logró postergar todo un año la medida aprobada por la Legislatura provincial, una Ley de autoría de Alfredo Di Filippo que derogaba el decreto 2005 de Mario Das Neves, por la que se especulaba que se había producido incluso una modificación al artículo 105 de la Constitución Provincial, para facilitar ´que un grupo de conocidos adquiriera miles de hectáreas intangibles´.
Todo parecía controlado por los vetos del actual Ejecutivo, hasta que en las últimas semanas la medida interpuesta por la diputada Rossana Artero, cercana al exdiputado Difilippo, obligó por ahora, a aceptar la revisión integral de compra-ventas de hectáreas que no están identificadas en su totalidad, y por montos que se suponen millonarios.
La exintendenta de Rawson, que en principio ingresó a la Legislatura bajo el sello del oficialismo pero que inmediatamente se corrió a la banca disidente, acudió a la Justicia para obligar al Ejecutivo a que promulgue la Ley que la Legislatura aprobó en dos oportunidades.
El 9 de mayo de 2019 se sancionó, el 28 de mayo del mismo año se publicó el decreto 538/19 con el que se la vetó, y ese mismo día se rechazó el veto mediante Resolución 109/19 de la HLP.
Esa resolución no se publicó nunca a pesar de reiterados reclamos, y en la primera sesión de esta nueva Legislatura en marzo de 2020 el Ejecutivo pidió su derogación, pero debió retirarlo inmediatamente porque no podía derogar una Ley que no estaba publicada.
Desde entonces la norma se mantuvo sin publicar en el Boletín Oficial hasta la presentación judicial de Artero, el 11 de junio pasado, quien antes lo pidió por nota sin éxito junto al diputado Pagliaroni.
Sin respuesta, y pasado los plazos, Artero realizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, para que determine responsabilidades penales por la demora que cubrió de dudas todo el dispositivo estatal que intervino en la aplicación de los dos decretos anulados.
De acuerdo al procedimiento en el STJ fue caratulado “conflicto de poderes”, e inició el trámite que envía a la Procuración para su dictamen.
En principio el Decreto 712 ratificó que la tierra con bosque nativo es patrimonio de la Provincia, por lo tanto no se puede vender, así como también que se considera bosque las áreas donde lo hubo y fue afectada por diferentes motivos, entre ellos los incendios.
Y puntualmente, sobre las operaciones de venta determinaba que antes de cada operatoria, la Dirección de Bosques debía deslindar la superficie boscosa y en el título de propiedad luego se inscribirían las restricciones al dominio correspondientes.
Ex funcionarios y profesionales del área continúan defendiendo el carácter protector de esa norma, que en la práctica no duró ni un año ya que fue barrido por un decreto posterior, el número 74, de enero de 2005, supuestamente a pedido de los intendentes de la zona andina con tierras con bosque en sus ejidos.
Así, la provincia liberó de esas protecciones por la vía de la excepción los casos de tierras fiscales con permiso precario de ocupación (PPO), en general antiguas familias criollas o mapuche tentadas por los capitales inmobiliarios, o directamente forzadas a revender sus derechos algunas veces permaneciendo en el lugar como cuidadores.
Los dos decretos anulados fueron emitidos por el fallecido gobernador Mario Das Neves. Ahora el conflicto tiene una vertiente puramente jurídica, constitucionalista, respecto a la validez de origen de los textos derogados.
Lo mismo para la ley provincial que los anula, sancionada por una Legislatura con otra composición a la actual, respecto a si puede (o no) anular centenares de expedientes administrativos que pasaron por la Dirección de Bosques, el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), la escribanía general de gobierno, Catastro y el registro de la propiedad inmueble, entre otros organismos. También por los municipios de localidades de la cordillera, donde al menos en los casos de Puelo y El Hoyo se registró un festival de operaciones en perjuicio de antiguos pobladores.
Mientras el Ejecutivo resiste toda esta revisión por los “inconvenientes” que acarrearía a la Provincia y a los vínculos públicos-privados después de tantos años de aplicación, y por ende trabaja en su derogación, hay infinidad de temas detrás para ir desgranando, aunque el principal que aflora es el fuerte enfrentamiento entre Legislativo y Ejecutivo.
Tal como señala la columnista Susana Lara, desde ECL, “El debate de fondo además, cualquiera sea el destino de la ley que acaba de entrar en vigencia, es si las fuerzas sociales locales intervienen y cómo en la reestructuración del territorio y la mercantilización de los bienes de la naturaleza; si el aparato del Estado en Chubut se subordinará a las estrategias de los grupos económicos globales y sus aliados criollos que desde la década del ’90 intensificaron la transferencia de tierras rurales al capital privado.
Y, en particular, si la Legislatura actual tendrá voluntad y fuerza política para dictar una ley General de Bosque Nativo que reglamente el artículo 105 de la Constitución provincial que determina que los bosques nativos, son patrimonio de la provincia y no se pueden enajenar” (…) habrá que ver…
*ElcohetealaLuna, Patagónico, propias
