Así lo advirtió el Círculo de Políticas Ambientales respecto de las falencias en el proceso y en el contenido de la reforma. También subrayaron la incidencia del lobby minero en la redacción de la ley.
En el marco de la audiencia pública en la Cámara de Diputados por la modificación a la Ley e Glaciares, el Círculo de Políticas Ambientales cuestionó el rol del sector minero como “hacedor de la ley de Glaciares”, la falta de debate amplio, transparencia y participación efectiva.
En representación de la organización estuvo su directora ejecutiva, María Eugenia Testa, quien manifestó el rechazo a la modificación de la ley de preservación de glaciares y del ambiente periglacial. Además, planteó objeciones tanto al contenido de la iniciativa como al procedimiento legislativo adoptado, señalando la ausencia de un debate amplio, informado y transparente, así como la limitada participación de actores técnicos y científicos especializados.
“Nos encontramos ante un hecho inédito: el gobierno nacional, en alianza con algunos gobiernos provinciales —principalmente Mendoza, San Juan y Salta—, y con la anuencia de legisladores oficialistas y aliados, está impulsando una regulación ambiental de alcance federal diseñada por el propio sujeto regulado. Tal como surgió durante el tratamiento exprés de la iniciativa en el Senado, el único sector escuchado e involucrado en el diseño de esta reforma ha sido el sector minero”, cuestionó.
En ese sentido, Testa sostuvo que “la modificación de la Ley de Glaciares resulta objetable no solo por su contenido, sino también por su origen y procedimiento”, y remarcó la importancia de garantizar instancias de deliberación pública genuinas.
A su vez, se advirtió que el proceso presenta aspectos que generan preocupación institucional, como el tratamiento acelerado del proyecto, la escasa discusión en comisiones y la falta de instancias participativas sustantivas en etapas previas.
En relación con la audiencia pública, se señalaron irregularidades que afectan el ejercicio del derecho a la participación ciudadana, entre ellas cambios en los criterios de participación, falta de acceso a la información sobre inscriptos y oradores y la exclusión de un número significativo de personas interesadas en exponer.
En este contexto, Testa agregó: “no puede garantizarse una participación real si se restringen las condiciones de acceso y se limita la pluralidad de voces en una instancia clave del proceso legislativo”.
Finalmente, se destacó que el debate sobre la protección de los glaciares y el ambiente periglacial reviste una importancia estratégica, dado su rol como reservas de agua dulce y soporte de múltiples actividades productivas y sociales.
