Pocos días antes, la versión constructora del poderoso Grupo Indalo se quedó con otra obra, en Santa Cruz. El 10 de septiembre pasado, Vialidad Nacional le entregó un contrato en la ruta 3, exactamente en Caleta Olivia, entre los kilómetros 1855 y 1908, para “bacheo y construcción de carpeta asfáltica” por $427,4 millones.
Pero ahí no termina todo. El tramo que ahora se le adjudica por esa suma millonaria ya había sido entregado a la constructora de Cristóbal López varios años antes, en plena administración de Cambiemos ¿Cómo es posible que se le entregue dos veces? Por una simple razón: porque alguna vez, ante varios incumplimientos comprobados y ante el abandono de la obra, la propia Vialidad que ahora le otorga el contrato le rescindió esa misma obra en 2018. “Rescíndese el contrato oportunamente suscripto con la Firma CPC S.A. para la ejecución de la obra Ruta Nacional 3, tramo kilómetro 1867 a 1908″, fue la decisión que se tomó el 11 de mayo de 2018.
Ahora, la gestión del ministro Gabriel Katopodis tachó aquellos antecedentes y escribió un capítulo más. Lo que era negro, ahora es blanco impoluto y de esta manera, sin reparar en los antecedentes como si se tratara de otro país, Vialidad Nacional volvió a conceder el contrato a quien antes tachó de incumplidor.
En esa resolución hay un punto importante. “El Registro de Constructores y Firmas Consultoras informó que las empresas oferentes [entre ellas CPC] no se encuentran sancionadas ni sujetas a procedimiento sancionatorio”, se escribió en una de los considerandos de la licitación número 07/21. Se selló así la formalidad de la buena conducta.
La rescisión de 2018
La adjudicación de 2021
Atrás quedaron otras normas que emanaron también de Vialidad Nacional. En ellas se cuestionaba a la compañía por reiterados incumplimientos y se le rescindían los contratos por “culpa del contratista”. Por caso, el 11 de mayo de 2018, el organismo vial informó en una resolución el abandono total de una obra, paradójicamente, en el tramo de la ruta 3 que ahora se vuelve a adjudicar. Decía así: “La jefatura del 13° Distrito (Chubut) informó los incumplimientos de obra por parte de la contratista, estableciendo que desde el 3 de noviembre de 2017 en el tramo 3, y desde el 23 de noviembre de 2017, en el tramo 1 y 2 , no se realizan tareas sobre la traza que nos ocupa, reflejando un importante atraso respecto a lo previsto en el plan de trabajo vigente. Asimismo, la Supervisión General de Obra comprobó el 25 de enero 2018, la ausencia del personal obrero y de los representantes técnicos, verificando el abandono total de la obra, por lo cual se propicia la rescisión del contrato”.
Pero la Argentina, que pareciera que se funda cada vez que cambia el color del partido gobernante, enterró aquellos antecedentes y volvió a adjudicar a CPC. Claro que algunas cosas tuvieron que ser salvadas. Por caso, la Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones informó que la compañía del zar del juego era la que presentaba el precio más bajo para volver a adjudicarse el mismo tramo de la ruta 3 pero que si bien “se ajusta a los requisitos técnicos, económicos y financieros del llamado”, había algo que no estaba en regla: el Programa de Integridad. La empresa alegó que no lo había presentado porque “se encontraba en elaboración”. No fue impedimento. Poco tiempo después, al concluirse, se anexó al expediente.
Se consolidó, de esta manera, el regreso de una de las contratistas del Estado más importantes que tiene el refortalecido Grupo Indalo, un conglomerado empresario que tiene a Cristóbal López y Fabián De Sousa como principales accionistas.
Millones para la ruta 5
La licitación que se entregó a la constructora en la ruta 5, para la extensión de una autopista entre Mercedes y Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, es el resultado de un paquete de obras que está a punto d cumplir 20 años de atraso. Esa traza, como la mayoría de los corredores viales, se había adjudicado mediante el sistema de Participación Público Privado (PPP) en el gobierno de Cambiemos. Ese corredor fue ganado por una empresa china (CCA), en consorcio con una argentina, Green.
Fue uno de los pocos en los que empezaron algunos trabajos, tenues, de movimiento de suelos y construcción de alcantarillas. Pero el gobierno de Alberto Fernández jamás quiso saber nada de aquellos contratos y puso a Katopodis a deshacer aquella operación. Finalmente, todos se rescindieron. Apenas unos carteles quedaron en la ruta como testimonio de aquel proyecto que quedó trunco.
En esta licitación, la empresa de López volvió a ganar por precio. Entre los constructores conocen de memoria la estrategia del patagónico. En los procesos, tira abajo el precio y sus costos se hacen imposibles de empardar. Luego, los hombres fuertes de la empresa, con llegada al regulador, se encargan de las readecuaciones de precios, de los ajustes o de los sobrecostos que se dan durante el proceso.
Justamente, esta fue la estrategia que adoptó cuando Vialidad Nacional, entonces manejada por Javier Iguacel, rescindió un contrato a Austral Construcciones en la ruta 3 por no haber hecho la obra. La licitación la ganó CPC con un precio ostensiblemente menor que sus competidores y la administración de Cambiemos se la adjudicó. Luego, sin avances, la rescindió.
Esta vez, en la ruta 5, empleó la misma estrategia y arrasó con rivales como Luis Losi, Coarco, Rovella Carranza, JCR, José Chediack o Sacde, entre otras. Solo quedó por debajo de su precio UCSA, con unos 107 millones de pesos menos. Pero no hubo caso, el 22 de enero pasado se le adjudicó a CPC.
El tiempo pasó y ahora CPC parece decidida a la venganza. Es su momento. Tan importante que en los últimos tres meses sumó obras por casi 5000 millones de pesos. Y como si fuera poco, logró un indulto de antecedentes.
