6 mayo, 2021
Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos desde 1994 y aprobada por ley en Argentina, a partir de su aprobación en senadores, ya acordada, tendrá jerarquía constitucional.
Un proyecto de ley que establece otorgar rango constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer recibió dictamen favorable este jueves en la comisión de la Banca de la Mujer del Senado y quedó en condiciones de ser aprobado en la próxima sesión de la Cámara, prevista para la semana próxima.
La denominada «Convención de Belem Do Pará» fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994 y aprobada por la ley nacional 24.632, pero aún resta darle jerarquía constitucional.
La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, explicó durante una videoconferencia que se trata del «primer tratado internacional con naturaleza vinculante, se ocupa de la violencia contra las mujeres en el mundo y es considerado pionero en la materia».
El objetivo de la norma «es la protección directa e inmediata ante la violencia», sostuvo la senadora del Frente de Todos, y remarcó que «hoy más que nunca merece tener el máximo rango de nuestro ordenamiento jurídico».
La convención contempla distintos tipos de violencia: en el ámbito privado o público; ejercida incluso por el Estado y eventualmente por sus sus agentes.
La convención contempla distintos tipos de violencia: en el ámbito privado o público; ejercida incluso por el Estado y eventualmente por sus sus agentes.
El tratado reconoce el derecho a vivir vida libre de violencia por parte de las mujeres y considera a este tipo de episodios como «una violación a los derechos humanos», añadió, y ponderó la importancia de que Argentina le otorgue rango constitucional ya que «contiene mecanismos de protección».
«Los Estados que firmaron (Argentina entre ellos) se comprometieron a revisar su legislación necesario para lo que dice la convención. Argentina lo hizo desde entonces pero hace falta avanzar más», subrayó.
Durango explicó también que la convención «contempla dos tipos de violencia porque acuerda que podrá darse en el ámbito privado como público y ser ejercida incluso por el Estado y sus agentes».
Desde la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri manifestó acompañamiento a la norma pero lamentó el poco tiempo para la convocatoria a la reunión de este jueves y su par radical Silvia Elías de Pérez adelantó que no firmaría el dictamen por considerar que el comité que la elaboró «se ha transformado en un interpretador de esta norma completamente diferente» de como ella lo interpreta.
«Algunos consideran tortura a un embarazo no planificado o trato inhumano a que una mujer no pueda acceder a un aborto», especificó Tagliaferri, a lo que la senadora Durango respondió que la interrupción voluntaria del embarazo ya era ley y no abriría nuevamente una discusión en ese sentido.
*AT
