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29 febrero, 2024

Cúneo Libarona confirmó que pedirá el ‘per saltum’ por el fallo que favoreció a Chubut

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ratificó en Mendoza que el Gobierno presentará «a la brevedad» un recurso de per saltum ante la Corte Suprema, a raíz del fallo judicial que hizo lugar al pedido de Chubut para que se le restituyan fondos coparticipables suspendidos por la Nación.

Al respecto, dijo que durante la tarde se iba a reunir con el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, para ultimar los detalles de la presentación.

Sobre la sentencia del juez federal de Rawson Hugo Ricardo Sastre, favorable a Chubut, consideró que se trata de «un disparate» y «una medida inadecuada», mientras calificó la actuación del magistrado como «una incompetencia manifiesta».

«Es un disparate y vamos a recurrir al tribunal superior con per saltum», remarcó, mientras que enfatizó que cuando salió el fallo se quedó «perplejo, sobre todo por la falta de solidez y de fundamento».

Un sistema Judicial a lo libertario

Por otra parte, Cúneo Libarona afirmó a Noticias Argentinas que «lo más grave» del panorama que encontró es el de las vacantes, y mencionó que el 33% de los puestos en la Justicia están sin cubrir, por lo que instó a los integrantes del Consejo de la Magistratura a ser «más eficientes y ágiles para cubrir los cargos que faltan».

«Tenemos que tener un sistema procesal jurídico rápido en todo el país con los esfuerzos económicos que podamos disponer. Tenemos que ordenar este sistema, no nos dejaron nada. No hay plata, y tenemos que acudir al máximo ingenio porque no hay plata», expresó.

¿Qué tiene el ministro en la cabeza?

En una nota de Letra P de autoría de Pablo Medina, se detallan todos los temas que tiene pendiente Cúneo Libarona. Por si no fuera suficiente con las polémicas provocadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el mega proyecto de ley de casi 360 páginas enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, el Ministerio de Justicia que tiene a cargo de Mariano Cúneo Libarona, avanza con introducir más reformas en áreas sensibles de la vida política, judicial y social de la Argentina.

Cúneo Libarona quiere modificar la ley de menores y artículos del Código Penal. Quiere elevar -antes de fin año- el pliego de “una jurista” para completar la Corte Suprema de Justicia. “Pienso en una mujer. La experiencia me ha demostrado que las mujeres son mejores”, confiesa cuando le piden que tire un nombre.

Otro casillero aún vacante es el de la Procuración General de la Nación. El ministro promueve a un juez porteño como jefe de los fiscales. Se trata del camarista Marcelo Lucini. La propuesta ya puso en pie de guerra a un grupo de fiscales. No digieren que un magistrado -como pasó con Daniel Rafecas- ocupe el lugar que está “naturalmente” reservado para un fiscal.

Equipo y tiempos

La celeridad en los tiempos judiciales es otra de las preocupaciones del titular de Justicia. Quiere implementar con urgencia el juicio por jurados previsto en la Constitución Nacional; planea introducir una nueva ley que acelere las adopciones en el país y promover cambios para acortar la prohibiciones de acercamiento (perimetrales) de los padres y madres con sus hijos. “Tengo amigos que han ido a Rusia para poder ser padres”, cuenta el ministro, que tiene un plan trazado para el primer año de gestión.

Sobre el escritorio de su despacho tiene un borrador elaborado a mano -con tinta negra y hojas de tamaño oficios pegadas en forma horizontal- de catorce proyectos de ley. Le encomendó a un grupo de profesionales del Derecho la modificación de esas normas. Entre otros, colabora el ex camarista Jorge Sandro, defensor de Gregorio Ríos, ex jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, acusado por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Sandro, que patrocinó a la familia de Claudia Schaefer, asesinada por su pareja Fernando Farré, está abocado al análisis de los artículos del Código Penal. Lo mismo que el reconocido penalista Jorge Boumpadre, detalla LP.

Además de los proyectos en carpeta, el ministro tendrá que atajar además la ola de judicializaciones que ya comenzó con Chubut, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y otras tantas provincias por múltiples irregularidades cometidas por el gobierno central.