6 julio, 2021
En contraste con la caída en desgracia de Correo Argentino y el decreto de quiebra que estableció la justicia, Clear, que depositó u$s 1,5 millones que debía estaría lista para quedarse con Oca, el mayor correo privado argentino. Los interventores de la quiebra exigen que empiece a pagar los gastos de la empresa, de 6000 empleados. Por su déficit, la deuda, en esos 60 días, crecerá en $ 800 millones.
Clear, el grupo patagónico vinculado a Cristóbal López al que la Justicia le adjudicó OCA, depositó $ 150,75 millones, equivalentes a los u$s 1,5 millones que prometió para cancelar el saldo de precio que ofertó por la operadora postal.
Todavía, y pese a la observación de la sindicatura y los acreedores de la empresa, no hace alusión a otros u$s 18,5 millones que el juez de la quiebra, Pablo Tejada, estableció para afrontar deudas y que el comprador debe pagar antes del traspaso de la compañía. Por lo pronto, Clear le pidió al juzgado que la transferencia se realice, recién, dentro de dos meses. Durante esos 60 días, el mayor correo privado del país habrá sumado otros $ 800 millones de deuda, advirtieron los interventores judiciales que hoy administran la firma.
Con más de 6000 empleados y 150 sucursales en todo el país, OCA está quebrada desde abril de 2019. Su último dueño, Patricio Farcuh, la había presentado en concurso preventivo -el segundo en la historia de la empresa- en mayo de 2017. Fue a los pocos días de haber recuperado el manejo de la compañía después de una «usurpación», según denunció, de Hugo y Pablo Moyano. Más del 80% del plantel de OCA está afiliado a Camioneros.
Con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el gremio y la aseguradora Experta ART como principales acreedores, Tejada apartó a Farcuh de la empresa y decretó su quiebra, luego de que el desplazado empresario, fallecido en enero de este año, fuera -directa y conjeturalmente- el principal interesado que se presentó al proceso de cram-down (salvataje).
Desde entonces, la administración de OCA está en manos de una intervención, en la que participan peritos judiciales, un representante de Camioneros -Rodrigo Condorí, abogado de confianza de los Moyano- y un funcionario del Gobierno Nacional.
En octubre, se les sumó más de una docena de ejecutivos de Clear. Compuesto por una empresa de servicios petroleros (Clear Petroleum) y otra de servicios de limpieza urbana (Clear Urbana), este grupo, basado en Comodoro Rivadavia, fue fundado por Cristóbal López, quien hace una década cedió sus acciones -y manejo- a ex colaboradores suyos. El principal, Juan Ignacio González Pedroso, quien ejerce las presidencias y encabezó las gestiones por OCA.
Para los tasadores judiciales, OCA valió u$s 37 millones. Tejada rechazó una oferta del Grupo Campici, dueño de Escudo Seguros -ex sponsor de Independiente, club que preside Hugo Moyano-, y abrió una subasta, por u$s 36,1 millones, entre una base fija de u$s 18,5 millones para saldar deudas y un precio base de u$s 17,6 millones. Resultó desierta.
Llamó a una segunda licitación, esta vez, con una reducción de más del 70% del monto sobre el cual se realizaría la puja: u$s 5,28 millones. Mantuvo los u$s 18,5 millones fijos para contingencias.
En paralelo, habilitó a Clear, único candidato presentado a la primera subasta que cumplió con todas las exigencias técnicas que había puesto el juez, a formalizar una propuesta. El grupo patagónico ofertó en octubre un plan de u$s 70 millones, entre precio de compra e inversiones en tres años. Tejada lo rechazó porque Clear propuso pagarlos en pesos y cuotas fijas. También, despertó dudas la capacidad financiera del holding para cumplirlo. Además, el candidato había exigido administrar OCA, hasta tanto el juez decidiera adjudicársela o no. El juez no lo aceptó.
Pero, 15 días más tarde, le aprobó una segunda propuesta. Clear, que se había ganado el apoyo de Camioneros, ofertó, además de los u$s 18,5 millones fijos, una prima de u$s 1,5 millones sobre el precio base. Además, accedió a participar en la administración tras depositar el equivalente en pesos a los u$s 5,28 millones sobre los que se realizaría la segunda subasta. Para entonces, Tejada también había flexibilizado las condiciones: en vez de un pago en efectivo y en dólares previo al traspaso de los activos, ahora, daba por bueno un desembolso en pesos -a tipo de cambio del Banco Nación- o la emisión de un seguro de caución a favor del juzgado.
El 30 de diciembre, ante la ausencia de nuevos interesados, el juez decidió cancelar la segunda licitación y adjudicarle OCA directamente a Clear.
Pasada la feria judicial, González Pedroso presentó el seguro de caución. Pero por los u$s 1,5 millones de saldo de precio, sin mención a los u$s 18,5 millones. Esto generó cuestionamientos por parte de los acreedores, en especial, el mayor: la AFIP. También, se objetó que la póliza haya sido emitida en pesos y no en dólares, como se había definido en el pliego de bases y condiciones de la subasta por la empresa. Clear lo corrigió y se comprometió a cancelar lo pendiente el 30 de junio.
El 29 del mes pasado, hizo dos transferencias a favor del juzgado: una, por $ 140 millones y la otra, por $ 10,75 millones. «Con la transferencia efectuada, mi parte ha cancelado totalmente el precio base efectivo ofertado y aceptado», aseguró. Agregó que, en cuanto al IVA de la transacción -calculado en $ 1,87 millones por los liquidadores judiciales-, lo pagará «una vez determinado y cuando se dé comienzo al proceso de toma de posesión de los bienes».
En su presentación, González Pedroso también pidió extender dos meses el plazo de transferencia de OCA, que vencía el 30 de junio, según fijó Tejada cuando aceptó la oferta de Clear. Además, solicitó tener durante ese período la autorización y firma de órdenes de pago y movimientos de fondos, algo que, hasta ahora, fue exclusivo de los interventores judiciales.
«Si bien ha integrado el órgano de co-administración, ha tenido un rol pasivo, no por voluntad propia, sino por la dinámica propia de la continuidad, donde la administración judicial tiene la decisión y el control», argumentó. Entiende Clear que, hasta el traspaso de la empresa, una firma conjunta le permitirá «tener control del egreso de fondos».
Durante el concurso preventivo, el pasivo de OCA se verificó en $ 4494 millones. Pero acumuló una bola de nieve por un déficit mensual que, el año pasado, superó los $ 200 millones, en promedio. En 2019, OCA facturó $ 5600 millones y perdió más de $ 2400 millones. El año pasado, recaudó $ 8400 millones y perdió $ 3500 millones. Terminó 2020 con un patrimonio neto negativo de $ 400 millones.
Los administradores judiciales le advirtieron a Tejada que, desde la adjudicación a Clear, en diciembre, hasta mayo, OCA perdió otros $ 1500 millones, sin contar los más de $ 320 millones que recibió como beneficio por su Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
«Dicho esto, debido a la prioridad del pago de sueldos, así como los gastos elementales para operar, se han postergado pagos a los fiscos, obras sociales, sindicatos y mutuales, etcétera, lo que no permitió contar con disponibilidad de fondos suficientes para su cancelación», explicaron. Recordaron que, a partir de julio, además, empieza a regir un aumento paritario del 20 por ciento.
Sin embargo, advirtieron que, en caso de que Clear tome posesión de OCA, recién, en dos meses, «y dado el escaso incremento de nuevos negocios, se estima una pérdida mensual que rondaría entre $ 300 millones y $ 400 millones para el mes de julio de 2021, que, desde ya, sujeto al resultado a devengar, solicitamos sea solventada por la adquirente, para poder pagar los compromisos que asuma, a su exclusivo cargo, y no comprometer más» a los interventores, cuya gestión, formalmente, finalizó el 30 de junio.
Por ese motivo, le pidieron instrucciones al juez sobre cómo continuar, ya que sólo admitirán responsabilidad sobre los pasivos contraídos hasta esa fecha. Además, precisaron que la cartera de créditos a cobrar -a excepción de los judicializados- asciende a $ 2000 millones. Su traspaso, alertaron, deja a OCA en una «situación de indefensión e incumplimiento» en sus gastos corrientes: sueldos pendientes, aguinaldos, ART, impuestos, obras sociales, prepagas, cuotas sindicales, servicios, alquileres y otros proveedores.
