23 agosto, 2022
El kirchnerismo despliega una defensa política de la vicepresidenta basada en esa hipótesis, pero especialistas en derecho dan otra interpretación
Por Pablo Sieira*
El avance del juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por presuntos hechos de corrupción en la obra pública puso en alerta a la militancia de su espacio, donde afirman que hay un intento por «proscribirla» de la actividad política. Sin embargo, una eventual condena por parte del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) no le impediría volver a ser candidata a un cargo en 2023, según los antecedentes de casos similares.
El pedido del fiscal de la causa Diego Luciani para que el tribunal le imponga a la vicepresidenta la «inhabilitación perpetua» para ejercer cargos públicos era esperada por el kirchnerismo, que entre sus críticas al juicio por considerar que se basó en «falsas denuncias, sin pruebas fehacientes» y no le permitió «ejercer con plenitud su derecho de defensa», agitó el fantasma de la «proscripción».
Sin embargo, varios de los antecedentes más cercanos sobre la duración de las causas judiciales por corrupción contra ex funcionarios en todas las instancias de apelación y la resolución de casos como el del ex presidente Carlos Menem, quien falleció siendo senador y habiendo sido candidato con una condena en contra, son algunos de los factores que contradicen esa hipótesis.
Consultado sobre el tema por iProfesional, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que Cristina Kirchner solo se vería impedida de ser candidata nuevamente a un cargo público si el TOF 2 aceptara el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua y hubiera luego una «condena firme», la cual recién se daría cuando la causa «sea revisada por la Corte Suprema».
Si a ello se le suma que tras el pedido de condena realizado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola la sentencia del TOF 2 recién se conocería a fin de año, con las elecciones de 2023 muy cerca, la posibilidad de que la vicepresidenta quedé inhabilitada a ser candidata antes de la campaña, en principio, se aleja. Y es que recién después de la sentencia empezará el largo camino de las apelaciones, cuyos tiempos no suelen ser rápidos.
Cristina Kirchner y el fantasma de la «proscripción»: ¿qué dicen los antecedentes?
La eventual sentencia del Tribunal Oral puede o no contemplar el pedido del fiscal Luciani. «Una vez que termina la acusación, el tribunal puede condenarla, condenarla parcialmente, absolverla, es imposible saber qué va a resolver el tribunal», remarcó Gil Domínguez al ser consultado sobre el caso de la vicepresidenta.
Tras el pedido de prisión e inhabilitación de la fiscalía, Cristina Kirchner espera la decisión del Tribunal
Tras el pedido de prisión e inhabilitación de la fiscalía, Cristina Kirchner espera la decisión del Tribunal
Hecha la aclaración, el constitucionalista indicó que Cristina Kirchner «no podría ser candidata si tiene una condena firme con accesoria de inhabilitación, y esto es cuando la causa sea revisada por la Corte Suprema de Justicia».
«Hasta ese momento, según la doctrina establecida por la propia Corte Suprema en el caso Menem, podría presentarse y ser candidata», agregó Gil Domínguez. De esta manera recordó que el ex mandatario pudo ser candidato a senador nacional en 2017 a pesar de que pesaba sobre él una condena a siete años de prisión por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador.
Esa condena de la Cámara de Casación no estaba firme porque cuando la Corte recibió el expediente se ordenó un nuevo fallo y, mientras tanto, Menem se postuló para un nuevo mandato como senador que el máximo tribunal convalidó.
Aquella causa, en la que Menem fue absuelto, luego condenado y finalmente absuelto, es además una prueba sobre las idas y vueltas que suelen tener las causas sobre corrupción a lo largo de varios años o incluso décadas. Esto también relativiza la advertencia sobre «proscripción» que realiza el kirchnerismo, dado que el expediente de la causa conocida como «Vialidad» recién empezó a atravesar la primera instancia judicial.
Para Gil Domínguez, «la Justicia argentina tiene una falla sistemática en los tiempos de resolución de las causas». Consultado sobre cuánto podría durar, según los antecedentes, el proceso contra Cristina Kirchner hasta llegar a una sentencia firme de la Corte Suprema, el especialista respondió: «No hay estadísticas, entonces tampoco se puede determinar cuánto dura».
La advertencia sobre un supuesto intento de «proscripción» consiste en una defensa política más que jurídica y apunta, en parte, a equiparar a Cristina Kirchner con otros líderes de centro izquierda de la región como Luiz Inacio «Lula» Da Silva en Brasil o Evo Morales en Bolivia. El caso de Lula interesante particularmente al kirchnerismo porque, tras haber estado preso, nuevamente es candidato y tiene chances de lograr un nuevo mandato en el país vecino.
Si bien el futuro político de Cristina Kirchner es una incógnita hasta para los dirigentes más cercanos a ella, en el peronismo bonaerense que encabeza Máximo Kirchner empiezan a descartar la idea de que la vicepresidenta siga los pasos de Lula y se inclinan porque finalmente se presente otra vez como senadora por la provincia de Buenos Aires, según supo iProfesional.
Incluso, el avance de la causa Vialidad le da más posibilidades a esa opción electoral dado que, ante una eventual condena, podría necesitar los fueros y el camino más directo sería una candidatura al Senado porque lograría acceder a una banca aún si quedara en segundo lugar en los comicios (como ya le ocurrió en 2017). Si en cambio fuese candidata presidencial y perdiera, volvería al llano sin protección política alguna.
En este sentido, la idea de organizar una gran movilización en apoyo a la vicepresidenta, de hecho, también sirve a los efectos de ratificarla como líder política (con un poder de convocatoria superior al de sus socios políticos, el presidente Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa) e instalarla para una eventual nueva candidatura.
Por otra parte, la posibilidad de ser candidata a senadora en 2023 es otro punto de comparación con el caso de Menem, que acechado por una significativa cantidad de causas judiciales fue senador nacional por La Rioja desde 2005 hasta su fallecimiento en 2021, habiendo sido electo para el cargo en tres oportunidades.
En 2017 Menem se postuló para su tercer mandato en el Senado y tuvo que lidiar con una impugnación que puso en jaque su candidatura. Después de varias idas y vueltas en el ámbito judicial y del respaldo político que le brindó el por entonces hombre fuerte del Senado Miguel Pichetto, la Cámara Nacional Electoral lo habilitó a competir tras considerar que hasta que no se expidiera la Corte los fallos en su contra no estaban firmes.
El kirchnerismo empezó a moverse ante la posibilidad de que el TOF 2 falle en contra de la vicepresidenta. Durante el fin de semana, La Cámpora, gobernadores, funcionarios del Gobierno, alrededor de 500 intendentes de todo el país y figuras de la cultura se sumaron a la defensa de Cristina Kirchner.
Aún si el TOF 2 dictara la inhabilitación, Cristina Kirchner podría ser candidata si la Corte no confirma el fallo
Mientras la militancia kirchnerista evalúa la oportunidad para llevar a cabo una movilización en favor de la vicepresidenta, varios de sus referentes empezaron a viralizar consignas en las redes sociales y difundir críticas institucionales al Poder Judicial.
«Con Cristina no se jode», advirtió el ministro bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque a través de las redes sociales, en el marco de una campaña que sostiene que la vicepresidenta es víctima de una «persecución política» por parte de un tándem «mediático-judicial».
El canciller Santiago Cafiero, hombre de confianza del presidente Alberto Fernández, afirmó que «quieren proscribir a Cristina Kirchner», en línea con la defensa política que desde hace semanas viene desplegando el kirchnerismo y que se profundizó en medio de los alegatos finales del juicio.
En rigor, todo el Gobierno cerró filas en defensa de la vicepresidenta, incluido el Presidente, que inmediatamente después de que el fiscal Luciani pidiera la condena afirmó que «ninguno de los actos que se le atribuyen han sido probados»
Para el espacio más afín a la vicepresidenta, hay «una guerra no declarada por parte de un sector de la justicia y de una parte de la prensa» que «buscan condicionar, ilegitimar y anular desde punto de vista político y social a una líder popular como es la dos veces presidenta de la Nación y ahora vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner».
Así lo explicitó el bloque de senadores nacionales del Frente de Todos que responde casi totalmente a Cristina Kirchner, y que afirmó que detrás de esa supuesta campaña hay «intereses políticos partidarios y de los grandes centros de poder», que a nivel nacional y regional «buscan eliminar todo tipo de adversario político y, a su vez, ejercer un control social, a través de imponer el miedo y el castigo a quienes intenten representar intereses distintos a los que el poder real ostenta».
El avance de la causa potencia una eventual candidatura de la vicepresidenta para ser senadora nacional en 2023
