18 octubre, 2022
Los mandatarios reclaman obras para apoyar el proyecto. El economista libertario suma aliados en el Interior, y en muchos casos pasa límites de alianzas
Coyuntura: ansiedad de gobernadores por el Presupuesto y los acuerdos de Milei que incomodan al PRO
Por Ignacio Zuleta
El Gobierno espera que el 26 de octubre los diputados le aprueben el proyecto de Presupuesto. Cuenta con viento político a favor. La oposición de Juntos por el Cambio esta vez le quiere allanar el camino al equipo de Sergio Massa: de cómo le vaya a él dependerá la herencia que esperan recibir si son gobierno.
No hay encuesta que no los dé como ganadores el año que viene y lo que hagan ahora puede afectar su gobernabilidad futura. Este lunes habrá una cumbre del radicalismo convocada por Mario Negri con los legisladores de las dos cámaras, los gobernadores del partido y los economistas que los asesoran. Tienen que revisar la posición que tomarán a la hora de firmar el dictamen, que el oficialismo espera para esta semana. El riesgo de actuar en modo colaborativo es quedar atrapados en las peleas internas del oficialismo.
El Gobierno tiene divisiones internas entre el cristinismo y Olivos sobre el cálculo de los gastos. También hay una mirada torva de los gobernadores sobre el proyecto. Condicionaron el apoyo de sus legisladores a que les respetasen las obras públicas comprometidas, y advierten que no les están cumpliendo del todo. En suma, por más que la oposición ayude, los problemas el gobierno los tiene hacia adentro.
Las divisiones cuestan más cuando se gobierna que cuando se está en la oposición. Lo prueban las diferencias que hay en el gobierno sobre asignaciones de partidas a sectores internos beligerantes, como son las organizaciones piqueteras. En la oposición, en cambio, pelearse es parte del juego competitivo.
La prueba está en el debate sobre las PASO. Los gobernadores peronistas se han cansado de sostener la conveniencia de suspender el sistema que, de a poco, van eliminando en sus provincias. Le atribuyen a Alberto Fernández una posición a favor del sistema de primarias porque sigue soñando con ser candidato. Como es un dirigente débil y sin territorio, entendería que unas PASO pueden habilitarlo a pelear un nuevo turno.
Solo él parece sostener la pretensión de reelección, pero es el dueño de la pelota. La lapicera le alcanza para frenar el proyecto de suspensión, que, aunque podría salir con el voto del peronismo del Congreso, él podría vetarlo. Y el peronismo del Congreso nunca podría juntar los votos necesarios para voltear un veto (2/3 de las dos cámaras).
Los esfuerzos para sellar la unidad con los gobernadores tienen el límite del (des)prestigio del peronismo del AMBA. Los mandatarios se cruzan información y condicionan esa unidad a que desde el AMBA les aseguren que pueden ganar las elecciones. Las encuestas los aterran y no hay ninguno de los mandatarios del peronismo que no evalúe su conveniencia de desacoplar las elecciones locales de la fecha nacional. Sólo se inhibirán de hacerlo si:
1) Aumentase el prestigio de la gestión de Alberto.
2) Que Cristina se mantuviese lejos de una candidatura nacional, algo que lograron en 2019.
La expresión que usan para describir la situación es la frase “no vemos gobierno”. Lo dicen incluso los mandatarios de distritos que pertenecen al país normal del interior, en donde los negocios prosperan a la luz de la bonanza de los precios internacionales de ciertos productos exportables.
No entienden las razones por las que el Gobierno nacional no explica, por ejemplo, que este año el país exportará por USD 90.000 millones e importará por USD 75.000 millones, y no saca ningún rédito del superávit comercial que, claro, se reduce si se cargan en la cuenta las importaciones del rubro energía.
Los gobernadores festejan que Cristina lo reivindique a ellos y a los intendentes como mejores gerentes de los fondos estatales que se aplican desde los programas sociales, como Potenciar Trabajo. Pero no descuidan que ese ataque de Cristina a Olivos, empleando una herramienta que es de ellos, produce otro peligro de cisma.
Los territoriales del peronismo buscan ampliar el espectro de adhesiones a la Liga de Gobernadores. «Eso es más amplio que el Frente de Todos y que el PJ», dice Jorge Capitanich, que parece dispuesto a admitir que estas siglas deben morir para referenciarse en un branding más moderno y comprensivo.
Nunca hay que olvidar que los gobernadores siempre juegan al final. En el peronismo son 15 mandatarios que son dueños de los votos en sus territorios. No creen en la fuerza de Alberto; tampoco en la clarividencia de Cristina ni están esperando a que Máximo abra la boca.
Las divisiones del Gobierno se manifiestan en desprolijidades que necesita corregir si busca una administración económica eficiente. La incongruencia más notable aparece en el proyecto de presupuesto, que prorroga las facultades para imponer retenciones a las exportaciones, que el Gobierno no tiene.
La anterior ley de presupuesto las fijó hasta diciembre de 2021, por lo cual esas facultades ya han caído. No es juego de palabras, porque este cuestionamiento de que las retenciones están flojas de papeles ya ha prosperado en la Justicia, que ha declarado la inconstitucionalidad del cobro de retenciones.
“Ojo que si somos gobierno en 2023 también vamos a necesitar retenciones”, ha advertido uno de los asesores del interbloque opositor. Entre la imprudencia de quien gobierna, de no ponerles a las retenciones un blindaje legal, y la necesidad de la oposición de no hacer explotar todo, se abre el ancho espacio, el no man’s land del acuerdo político.
La oposición cargará contra la redacción del art. 96° proyecto que extiende hasta el 3 de diciembre de 2023 la facultad del PEN de fijar las alícuotas de los derechos de exportación. La anterior ley de presupuesto lo fijó hasta el 31/12/2021, razón por la cual muchos opinan que durante el 2022 no existen facultades al respecto, e incluso hay planteos de inconstitucionalidad.
Solo por las desinteligencias internas y la improvisación en la cobertura de las funciones, de la cual es ejemplo el fugaz paso de Batakis por el Ministerio de Economía, se explica que un gobierno que pone el eje de su política fiscal en las retenciones se haya descuidado al punto de quedarse sin capacidad legal de cobrarlas.
Estas discusiones técnicas son la contracara del vértigo de los protagonistas, candidatos y no candidatos, para ocupar los escenarios. Esta semana Horacio Rodríguez Larreta confía en llevar al teatro Colón a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. La ocasión es la cumbre de intendentes –alcaldes, los llama el protocolo– del C40, una organización de ciudades comprometidas con el cambio climático (evitarlo, se entiende).
Habrá más de 90 delegaciones de todo el mundo, precedidas por una reunión de intendentes argentinos de más de 200 ciudades. Larreta es además candidato presidencial, y buscó un alto el fuego con sus adversarios internos en la coalición JxC para que asistan por lo menos al cóctel del Colón. Acaso la reunión que mantuvo el lunes con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal haya servido para este armisticio pasajero. Les conviene a todos que esa reunión los muestre juntos.
También Gerardo Morales gestiona un alto el fuego entre radicales, para llevarlos a todos a Costa Salguero el 30 de octubre. Es para festejar el triunfo de Alfonsín en las elecciones de 1983. Es una fecha de todos, pero la triple condición de Morales –presidente del partido, gobernador y candidato– le hacen difíciles las convocatorias abiertas. Antes, el 26 de octubre, el Peronismo Republicano de Miguel Pichetto presentará en el predio de los gastronómicos de la CABA la plataforma de su partido para las elecciones 2023. Si no se le adelanta alguno, será el primero en mostrar una plataforma.
Estos concilios del PRO no alcanzan para que la mesa nacional de Cambiemos se reúna. Hace más de un mes que no registra actividad. Ni para la foto. El armado en el interior de la fuerza de Macri está en alerta por la sucesión de acuerdos que hace Javier Milei en provincias, que son a costa de sectores conservadores de centroderecha, que hasta ahora sindicaban el voto en el PRO.
Ya se conoce el acuerdo que hizo Milei con Ricardo Bussi en Tucumán y el entendimiento con el empresario César Treffinger en Chubut. Sigue el que ha hecho en Tierra del Fuego con el dirigente Agustín Coto. Todos los votos para esas fracciones los puede perder el PRO, y hay señales de que habrá otros en provincias como Neuquén y Salta. A los estrategos del PRO les inquietan estas fugas, pero se consuelan con que en un escenario de ballotage son votos que irán JxC y no al frente de Todos. Menudo consuelo.
«En la Argentina el público tiene que ir ver una película para saber que un juicio termina en una sentencia. No se agota en la pesquisa». La reflexión se escuchó en la embajada de España, en boca del «juez de los relojes» Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6. Este magistrado es un crítico de las dilaciones en los procesos judiciales, que convierten a la acción de la justicia, muchas veces, en una ficción para entretener al público.
Aguinsky tiene a su cargo las causas de los contenedores con mercaderías de contrabando, una operación de dimensiones gigantescas que se dilata en el tiempo por las medidas que toman las defensas para dilatar el final. Esas dilaciones, suele comentar, son el otro rostro de la impunidad.
Hace algunos años Aguinsky montó, para ilustrarlo, una muestra artística que consistía en una instalación con el título de “Tempus Contritum” (Tiempo Roto). Era un espacio de arete en el cual colgó sobre una pared del juzgado decenas de relojes incautados en una causa de contrabando que había tardado 30 años resolverse.
La muestra es permanente, aunque para la mayoría del público visitar juzgados no es el tour predilecto -para algunos es un camino de ida-. La muestra motivó un coloquio del juez con el escritor Marcos Aguinis. Se tituló «Disquisiciones sobre el tiempo perdido» y lo publicó la revista de la Asociación de Magistrados. Aguinis comparó los esfuerzos de la justicia con el mito de Sísifo, el que empujaba montaña arriba, eternamente, una pesada roca.
La expresión de Aguinsky en el cóctel del día nacional de España, era a propósito del filme «Argentina 1985», que relata una rareza judicial: que los acusados reciban condena. En los jardines de la embajada, uno de los corros más atractivos estaba centrado en Ricardo Gil Lavedra, que fue uno de los camaristas que juzgó a los jefes militares del Proceso. No es común que aparezca en público la persona que inspiró un personaje del cine, como es el caso de Gil Lavedra, seguramente muy reclamado para selfis y autógrafos.
En ese grupo se discutieron detalles del filme. Por ejemplo, el personaje de Bruzzo, el influyente de la mesa judicial encarnado por el actor Gabriel Fernández, que intermedia entre los jueces y el gobierno. ¿Existió en realidad? Es un invento, según los testigos de la época. Es un personaje funcional al relato como correveidile entre funcionarios y jueces, un «fixer», listo para alegatos de oreja. Un «Tano», se diría hoy, para no dar apellidos.
El interés del filme no solo explica el éxito de taquilla. También justifica que muchos lo tomen como un manual de historia y no como una película comercial de ficción, y le marquen lagunas en el relato, como la demonización de Antonio Tróccoli, el ocultamiento la importancia del rol de Raúl Alfonsín en el impulso de los juicios, minimizar la resistencia del peronismo de aquellos años en colaborar en los juicios e investigaciones, y la ausencia de toda mención a los indultos de Menem.
No es un manual de historia ni un documental, es un filme comercial de ficción. Seguramente motivará que otros realizadores hagan su película y reparen en otros protagonistas y otros hechos de esta historia. El filme es verosímil y huye de los partidismos, y se justifica con solo provocar el debate que ha levantado, sobre hechos silenciados durante tanto tiempo.
*EC/ NA
