3 febrero, 2022
El Gobierno alega que la cobertura está garantizada siempre y cuando el caso se compruebe en un comité médico. Los gremios protestan por la burocracia.
El Gobierno resolvió mantener por fuera del listado de enfermedades profesionales el coronavirus, como comenzó a suceder en el arranque del año, por lo que la cobertura para trabajadores dependerá de los dictámenes de las comisiones médicas. La decisión fue confirmada en el Gabinete nacional pese a la presión del camionero Pablo Moyano, que hoy hará una marcha de protesta, y los gremios que integran la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) para reclamar la extensión de un decreto que garantizaba la cobertura mediante la ley de ART sin necesidad de constatación previa.
El principal argumento para no extender el DNU 431/2021 que dejó de regir el 1 de enero es que, a diferencia del inicio de la pandemia, cuando regían restricciones a la circulación y la mayor chance de contagio estaba en los lugares de trabajo de los asalariados considerados esenciales, en la actualidad los reportes oficiales dan cuenta de que el grueso de quienes contraen el virus lo hacen en el ámbito social a tono con la progresiva apertura de actividades. Y que, en comparación a partir de la aplicación de protocolos, los lugares de trabajo se convirtieron en espacios más seguros, siempre de acuerdo a la visión oficial.
La controversia se instaló a partir del anuncio de Pablo Moyano de que este mediodía marchará a la sede del Ministerio de Trabajo para exigir la prórroga del decreto por entender que en la actualidad “las ART dejan sin cobertura a los trabajadores y trabajadoras camioneros en caso de contraer covid”. En rigor, explicaron en la cartera laboral, la cobertura está contemplada siempre y cuando el trabajador que alega haber contraído el virus en el ámbito laboral pruebe su caso ante las comisiones médicas. En la CGT, que no acompaña el reclamo de Camioneros, admitieron que los trámites ante las aseguradoras para viabilizar las coberturas se convirtieron en un pantano de burocracia que termina por desalentar el reclamo del asalariado.
El planteo de Moyano consiguió ayer el aval de Mario Manrique, número dos del sindicato de mecánicos (Smata) y su principal aliado en la CGT, y de la CFT en un encuentro del que participaron varios de sus referentes, como la judicial (Sitraju) y presidenta de la Comisión de Legislación laboral de Diputados, Vanesa Siley, Carlos Minucci (personal superior de empresas de energía) y Cristian Jerónimo (vidrieros), entre otros.
El hijo de Hugo Moyano apuntó sus críticas a Claudio Moroni, titular de la cartera laboral y responsable funcional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según el dirigente, el ministro desoyó los reclamos hechos hasta ahora por una extensión del decreto. Cerca el funcionario alegaron que la presunción a favor de los trabajadores fue una decisión única a nivel internacional adoptada por la Argentina y que rigió durante toda la pandemia, hasta el 31 de diciembre pasado. Y que, pese a haber dejado de regir el decreto, la cobertura está garantizada para quienes presentan sus casos con éxito ante las comisiones médicas.
De todos modos admitieron que las demoras en el sistema de ART se convirtieron en una norma en la crisis sanitaria por lo que aseguraron estar en diálogo con las aseguradoras, las cámaras empresarias y la CGT para implementar un protocolo de pronta respuesta para los casos que se presentan ante las comisiones médicas.
*AF/SL24
