16 febrero, 2021
En tiempos donde ya han comenzado las campañas de vacunación, también se ve con preocupación la velocidad de la segunda ola en todo el mundo. En este escenario es necesario problematizar en qué sentido nos protegen las vacunas.
Desde fines del 2020, se recibió con muchas expectativas las noticias que informaban la aprobación de distintas vacunas para comenzar con su aplicación, noticia que los gobiernos de todo el mundo esperaban como si fuera lo único posible que hacer frente a la pandemia. Sin embargo, como dice The Lancet en una editorial «será importante comunicar a los responsables políticos y al público en general que las vacunas de primera generación son solo una herramienta en la respuesta general de salud pública al COVID-19 y es poco probable que sean la solución definitiva que muchos esperan”.
Es importante aclarar que poseer vacunas que logren reducir la mortalidad y la gravedad de la enfermedad es algo muy positivo, pero de lo que se trata en este artículo es de problematizar los riesgos de depositar todas las esperanzas en la vacuna.
Los estudios y datos preliminares sólo dan información acerca de la eficiencia respecto a prevenir el desarrollo de la enfermedad, lo que se conoce como inmunidad efectiva a la enfermedad. Sin embargo, todavía no hay conclusiones acerca de si previenen la infección asintomática y la posibilidad de transmisión del virus.
Este tipo de inmunidad, la cual sería deseable alcanzar, es lo que se conoce como inmunidad esterilizante. Aunque no se descarta que se pueda alcanzar, aún no hay evidencia de que las vacunas del covid aprobadas la consigan. De hecho, The Lancet informa que según los estudios en primates las vacunas desarrolladas hasta el momento no alcanzaron esta inmunidad.
Por otro lado, según el análisis del científico biotecnólogo Dale Harrison sobre los estudios preliminares de la vacuna de AstraZeneca, hay evidencia de que ésta a lo sumo la da parcialmente. Incluso hay información que sugiere que es posible la reinfección con el virus. Esto tiene como consecuencia la imposibilidad de alcanzar la inmunidad de rebaño, ya que si bien pueden disminuir el riesgo de contraer la enfermedad, no impide la circulación asintomática del virus dentro de la sociedad. Según Harrison, si se abandonan los esfuerzos de mitigación y aumenta la diseminación del virus, podría darse la paradoja de que ocurriese un incremento en el número de muertes, aun cuando avancen las campañas de vacunación.
Además, mientras que aun no hay análisis concluyentes sobre el tema, se suma que las dosis para vacunar a la población se producen a un ritmo más lento del necesario, lo que llevó a algunos gobiernos a evaluar la posibilidad de demorar los plazos entre las dosis correspondientes sin evidencia científica de respaldo. Ya sobre esto Paul Bieniasz, virólogo de la Universidad Rockefeller, advierte que “permitir que el virus circule de manera descontrolada, acumulando diversidad genética, y luego proteger de manera incompleta a la población con las vacunas es lo que uno haría para generar mutantes resistentes a las vacunas”.
Esto muestra, como se decía al principio, que la vacuna es una herramienta muy valiosa para enfrentar a la pandemia, pero no alcanza. Sino que hay tomar medidas que sean parte de un plan integral.
En Argentina, desde el pico de la epidemia, nunca se logró bajar de 4.000 casos diarios, lo cual indica que la “primera ola” nunca fue totalmente controlada. Asimismo, el Covid-19 fue la primera causa de muerte durante 2020, concentrado en la segunda mitad del año. A la dinámica preocupante de este cuadro hay que agregar la posibilidad adicional de la circulación de la nueva cepa B.1.1.7 (o Inglesa) cuyo segundo caso se conoció en Chile y ya se encontró en varios países con intercambios de pasajeros con el nuestro. Principalmente afectaría la velocidad de transmisión, ya que es hasta un 70 % más contagiosa.
A su vez, el propio ministerio de Salud reconoció un subtesteo alarmante (de los peores del mundo). Recordemos que la positividad indica el grado en el cual se avanza –o no– en la detección y aislamiento del virus, y la OMS señala que del 10 % en adelante indica un déficit de testeo. En otras palabras, una pieza clave de la estrategia sanitaria frente al covid, la detección activa y preventiva frente a una enfermedad con una altísima transmisibilidad y un gran número de asintomáticos, es completamente deficitaria. Y esto no es nuevo: el país llegó a un triste récord de más del 50 % de positividad. Tampoco sobre este punto se hicieron anuncios. ¿Es que no hay test? Sí que hay. El Estado financió tres test moleculares de desarrollo nacional (CoronARdx y dos rápidos, Neokit y ELA-Chemstrip) y nuevas formas de extracción molecular que abaratan costos para los test. Fueron anunciados con bombos y platillos en su momento por el gobierno, pero terminaron beneficiando a las empresas que obtuvieron los subsidios (Argenomics, ligado a Hugo Sigman, anunció 80 mil kits semanales y recibió 10 millones de subsidio en mayo; Laboratorio Pablo Cassará; y Chemtest y PBL, respectivamente) en vez de ir a al sistema de Salud pública.
El testeo masivo es clave para abordar una pandemia como la del coronavirus. Es necesario realizar campañas masivas de rastreo de personas infectadas, aislamiento de estas y de sus contactos estrechos, y avanzar activamente sobre las siguientes cadenas de contactos. Se trata de una medida complementaria al aislamiento social y otras medidas de cuidado, pero esencial en tanto es la vía para conocer la situación epidemiológica y de conducir el aislamiento racionalmente (además de adelantarnos a los eventos de sobredispersión que caracterizan al Covid). Para esto se pueden utilizar distintos tipos de test, por ejemplo serológicos para identificar a quienes experimentaron la enfermedad de forma asintomática y una vez encontrados, rastrear en sus contactos para cortar las cadenas de infección y test moleculares (tipo PCR o LAMP) o de antígenos para confirmar la infección. Disponer de esos recursos de testeo para el sistema público de salud es urgente, por lo que una medida básica es la de expropiación y nacionalización de los laboratorios que los producen (junto con el refinanciamiento de los laboratorios públicos).
El sistema de salud estuvo muy cerca del colapso en gran parte del país, y sus trabajadores vienen sosteniéndolo con sus cuerpos (y vidas en muchos casos). Ante el inicio de una segunda ola, las prepagas salieron a declarar que no podrán afrontarla si no les autorizan aumentos. Sin embargo, el gobierno lleva transfiriendo 30.000 millones de pesos al sistema privado y de obras sociales. Frente a un nuevo rebrote se deberían tomar medidas urgentes para fortalecer el sistema de salud, como el aumento del presupuesto para garantizar medidas de protección adecuadas, infraestructura y sueldos acordes para los trabajadores, así como la unificación y centralización del sistema público y privado.
La amenaza de endurecimiento represivo y “paralizar nuevamente todo” lleva implícita la amenaza de una nueva descarga de la crisis económica sobre los sectores más golpeados por la pandemia: quienes desempleados o precarizados se ven obligados a salir a buscar un sustento exponiéndose al virus (y a la represión) o caer aún más en la indigencia. Si las condiciones económicas y sociales ya eran de la mayoría de la población eran críticas al comienzo de la pandemia, hoy son mucho peores: la pobreza finaliza el 2020 superando el 42 % según datos de la UCA y el desempleo creció para ubicarse por encima del 14%. y al problema estructural de falta de vivienda, clave frente a un virus en el cual el hacinamiento es letal se respondió con palos y balas Guernica. Frente al panorama que se anuncia, otra medida básica debería ser garantizar los recursos para que estos sectores puedan aislarse sin sufrir las consecuencias económicas.
Todo lo anterior se agrava dadas las condiciones de ajuste que lleva adelante el gobierno a pedido del FMI: el gasto del Estado se ajustó casi 10 % en términos reales en el Presupuesto 2021, se eliminó el IFE (que de todos modos abarcó solo tres desembolsos de 10.000 pesos por familia), se recortaron los recursos para la salud en el orden del 10 %, y se ajustaron las jubilaciones. Desde el inicio, el gobierno apostó a una cuarentena sin planificación ni recursos sanitarios y económicos adecuados (por ejemplo, Argentina fue uno de los países que menos gasto público realizó para atender la emergencia, detrás de El Salvador, Chile, Perú, Brasil y Paraguay).
El discurso de la negligencia ciudadana (en su momento dirigido a los “runners”) oculta que la gran mayoría de la clase trabajadora debe seguir yendo a sus lugares de trabajo con protocolos insuficientes, incumplibles o inadecuados, bajo amenaza de despidos y suspensiones. Otra medida básica es la de protocolos adecuados en los lugares de trabajo, aislamiento sin afectar el salario y prohibición –efectiva- de despidos, así como también un salario de cuarentena, para quienes no tienen ingresos.
Simplificar la contención de una epidemia a una tarea individual (o como mucho familiar) es una decisión ideológica con abrumadoras consecuencias para el control de una epidemia. (…)
Lamentablemente, solo la segunda posibilidad es puesta sobre la mesa y, al igual que en otros países de América Latina, las medidas de confinamiento son sostenidas por las fuerzas represivas (según la Correpi 411 personas fueron asesinadas por el Estado en 2020, de los cuales 40 % tenía menos de 25 años) y el miedo. Se trata de un abordaje que solo apuntó a “aplanar la curva” para no saturar al sistema sanitario, y no a suprimir el virus, en función de afectar lo menos posible los intereses empresariales.
Como señala el biólogo Rob Wallace, esa estrategia descarga la crisis sanitaria sobre los trabajadores y solo garantiza nuevos rebrotes y las condiciones de circulación permanente del virus que hacen posible nuevas mutaciones como la inglesa.
Está dicho que la vacuna no va a solucionar en sí misma la necesidad de una estrategia adecuada: en primer lugar, porque la rapiña empresarial y el “nacionalismo” de vacunas deja a los países más pobres relegados, y hace incierto que se puede garantizar la cantidad necesaria. Las patentes de las vacunas en manos de los monopolios farmacéuticos son un límite absolutamente irracional, y las grandes potencias se negaron al pedido de liberación de las patentes que hicieron recientemente India y Sudáfrica, a pesar de que en su gran mayoría esas vacunas fueron financiadas por los Estados y utilizaron investigaciones de los sistemas de ciencia y salud.
Que estos temas sean motivo de debate y sean capitalizados por los poderes del Estado para su tratamiento, dependerá en gran medida de la conciencia ciudadana en esta experiencia excepcional que es la pandemia, pero que marcará un antes y un después en el modo de resolución y supervivencia.
*LID, NP
