3 septiembre, 2023
En una medida inédita y en la previa a las elecciones generales programadas para el próximo mes de octubre, el escenario político argentino se ha visto sacudido por una iniciativa legal poco convencional.
El abogado Julio Hikkilo, ha presentado una acción de amparo ante la Justicia Federal con un objetivo claro: exigir que los candidatos a la Presidencia de la Nación sean sometidos a rigurosos exámenes clínicos, psicológicos y psiquiátricos, con el fin de evaluar su idoneidad y aptitud física y mental para ocupar el cargo público más alto del país.
La causa, ha sido radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, bajo la supervisión del Dr. Santiago José Martín.
Hikkilo argumenta que, en la actualidad, cualquier ciudadano que aspire a desempeñarse en la administración pública se realice de manera obligatoria a estos exámenes para determinar su aptitud psicofísica. Sin embargo, en el ámbito político, esta exigencia ha sido omitida, lo que, según él, plantea una amenaza a los derechos y garantías constitucionales de los argentinos.
“La idoneidad requerida por la Constitución no se limita únicamente a la aptitud técnica. Comprende una evaluación más completa, que incluye la aptitud física, psíquica, legal y político-moral de los candidatos”, subrayó el abogado.
La propuesta de Hikkilo busca garantizar que los candidatos que buscan el cargo presidencial estén física y mentalmente aptos para asumir la función, y en caso contrario, plantea la inhabilitación hasta que se demuestre lo contrario.
El abogado enfatizó la importancia del cargo presidencial en Argentina, ya que el presidente toma decisiones que afectan al patrimonio, la salud y la vida de todos los ciudadanos.
“Una persona que aspira a ocupar el máximo cargo público del país debe estar en plenas condiciones de salud mental, ya que cualquier afectación a este respecto debería inhabilitarlo para el cargo al que se postula”, concluyó Hikkilo.
Hay quienes afirman que con esta tesitura, varios de los expresidentes argentinos deberían haber sido por lo menos ‘observados’, sino impedidos en sus roles.
La decisión final del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata podría tener un impacto significativo en el futuro de la política argentina y de la manera en que se evalúan los candidatos presidenciales en el país.
