15 febrero, 2024
TAMPOCO HAY DEFINICIÓN SOBRE LA PARITARIA DOCENTE Y CETERA ADVIRTIÓ POR EL INICIO DE CLASES
El gobierno de Javier Milei sigue rompiendo todos los consensos sociales conseguidos con medidas de escaso impacto financiero pero importante daño social. Ahora el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que «no hay ninguna definición al respecto» de la paritaria docente y confirmó que, «la Nación no va a transferir» a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares. Con este escenario es muy complicado que las clases puedan comenzar en tiempo y forma en todo el país. La realidad que administra el Gobierno central en base a su concepto mercantilista de la política, aparece lejos de considerar las múltiples necesidades de la niñez y juventud en materia formativa y el rol que debe cumplir el estado en uno de los servicios esenciales como es la educación. El reclamo de los gremios y las provincias.
El modo en que se mueve el gobierno nacional a más de 60 días de gestión expone un nivel de improvisación en muchas áreas que preocupa, sobre todo en las esenciales como salud, educación y administración de un país federal.
A pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país, el Gobierno «está evaluando» la posibilidad de convocar a una paritaria docente nacional, aunque aclaró que todavía «no hay ninguna definición al respecto» pese a que la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el principal gremio del sector educativo, advirtió este miércoles que «peligra el inicio de clases».
«Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto», respondió el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando fue consultado por la prensa sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente reclamada desde Ctera.
El problema es que faltan escasas semanas para el comienzo de clases y está claro que los docentes quedaron relegados tanto por la gestión anterior que cedió un escaso aumento en diciembre pasado, como en este donde con una inflación de más del 200% interanual los salarios no permiten siquiera sostener el transporte para el desplazamiento de los maestros y sus gastos esenciales.
Con los recortes directamente apuntados a la educación, el gobierno genera un frente más de perjuicio al ciudadano de a pie, a los trabajadores docentes y sobre todo a las administraciones provinciales que ya debieron absorver otros tantos recortes que viene imponiendo Nación, como el subsidio al transporte. De hecho en zonas como la Patagonia, donde el transporte urbano es deficitario por las distancias, la baja densidad de población y las condiciones climáticas que impactan en las unidades, no hay forma de sostener una ecuasión positiva de esas que se realizan en los laboratorios económicos de escritorio. Mientras tanto sí es un servicio absolutamente esencial para que los chicos lleguen a las escuelas y las familias puedan desplazarse.
Nación además cortó toda obra pública con lo que perjudicó al interior y dejó de realizar sus inversiones fundamentales en carreteras, escuelas, hospitales e infraestructura escencial en pos de conseguir bajar el déficit. El problema que estas mejoras que ya viene enarbolando la administración Caputo se están dando a costa de paralizar absolutamente todo con el consiguiente colapso sectorial y sacrificio de actividades, léase trabajadores de la construcción, de servicios, caída brutal del consumo, y posiblemente ahora también resignación del ciclo lectivo.
Adorni, además, indicó que, «en principio, la Nación no va a transferir» a las provincias, como solicitaron los gobernadores de los 24 distritos, los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque «considera que hoy no tiene existencia, no existen».
En su habitual conferencia de prensa matutina, Adorni indicó que «cada jurisdicción» del país «es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores» porque «los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires».
Al respecto, entonces, consideró que «la paritaria docente nacional no es tal, no existe», aunque se trata de una negociación que «es relevante» para el Gobierno, y afirmó: «Los salarios dependen de los gobernadores».
Adorni, en tanto, expresó que «independientemente de la discusión salarial» el Gobierno «siempre va a promover que se cumplan los días de clases», que la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), llevada a cabo en noviembre pasado, fijó en «al menos 190» para el calendario escolar 2024.
La Ctera reiteró este miércoles, durante una conferencia de prensa, su pedido al Gobierno para la «urgente convocatoria» a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país.
La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, le exigió también al Ejecutivo «el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID».
En ese sentido, resaltó que desde noviembre pasado los docentes no recibieron aumentos de salarios pese a que desde ese lapso crecieron la inflación y los valores de los alquileres. «Hay tarifazos, aumentos de transportes», sostuvo la dirigente gremial.
Junto a Alesso estuvo el secretario general adjunto de la Ctera y líder del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel.
En los últimos días los gremios educativos sostuvieron que «sin el envío de los fondos del incentivo docente se compromete la negociación paritaria a nivel nacional y provincial».
Lo mismo advirtieron los gobernadores provinciales, quienes, por medio de sus ministros de Educación, reunidos en el CFE, firmaron un documento dirigido a la Casa Rosada donde reclamaron certezas respecto del fondo que, destacan, por ley debe pagar el gobierno nacional.
En un escrito, los funcionarios educativos le recordaron al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que el fondo representa alrededor de un 10 por ciento del salario del personal docente de todo el país.
Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, habían advertido semanas atrás que la Nación no estaba transfiriendo a las provincias el Fondo de Incentivo Docente.
En un comunicado, Kicillof detalló que el estado provincial había abonado los salarios de los educadores «con recursos propios para evitar que se vea resentido el poder adquisitivo del salario» docente «en un contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre».
El gobierno bonaerense advirtió, sin embargo, que a futuro «no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales», que «son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno nacional.
«El FONID -recordó Alesso- lo conquistamos con la histórica lucha de los 1.003 días de la Carpa Blanca».
Uno de los puntos frenados traía polémica educativa. El artículo 550, correspondiente a las «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», señalaba el cambio que quiere implementar Javier Milei modificando por ejemplo el artículo 109 de la Ley 26.206.
Con esto se proponía «Los estudios a distancia ‘híbridos’ como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos, podrán impartirse en las distintas modalidades educativas».
En ese sentido, el proyecto de ley busca implementar que los niños/as de 9 años, con el visto bueno de los padres, tengan la posibilidad de estudiar a distancia y sin la obligación de asistir a un establecimiento educativo.
Esto cayó muy mal en el ambiente pedagógico por considerar que la educación no se sintetiza en la acumulación de contenidos sino que se hace con la formación integral del educando, a través de normas de convivencia, presencialidad, asistencia y vínculo humano. De acuerdo a la Ley Nacional de Educación, los estudios a distancia son una opción pedagógica y didáctica aplicable a distintos niveles y modalidades. La misma fue implementada en medio de la pandemia del Covid-19, debido a la imposibilidad de asistir a clases por la cuarentena estricta.
Además, también se trata de una estrategia pedagógica integral, dado que se utilizan soportes materiales y recursos tecnológicos para que los alumnos alcancen los objetivos propuestos.
La educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, educación virtual, entre otras, forman parte de los estudios a distancia, pero de ninguna manera podrían reemplazar la función social de la escuela, por lo menos en sociedades como la nuestra, más allá que al estado le convengan desalentar el uso de estructuras escolares, para reducir costos docentes y operativos, potenciando a la vez el libre mercado de la educación privada para grupos selectos que lo puedan pagar, advierten los expertos.
A esta altura de las circunstancias no hace falta llegar a marzo para saber que va a ser más que complejo el inicio de clases. El Gobierno central fue claro desde el principio sobre lo que pretendía con esto antes de ser gobierno. Ya en los discursos de campaña, Milei se esmeró en blanquear un sistema de arancelamiento y de vouchers educativos complicadísimo de implementar en un país con un 45% de pobreza y sin embargo lo votó una amplia mayoría del país. Acto seguido la reducción de fondos para el Ministerio de Educación en el Presupuesto 2024 fue otro indicador de los ajustes que se vendrían, cuando lo destinado a Educación nacional pasó del 6,02% del total actual al 5,34% pese a la escalada inflacionaria.
Quien se hizo cargo de llevar adelante este modelo liberal en el área es Carlos Torrendell que pasó de ministro a secretario de Educación, en una degradación de área, recursos y funciones que también implementó de inmediato la nueva gestión. El funcionario es doctor en Ciencias de la Educación (Universidad Católica de Chile) y profesor de la UCA en las materias Política Educativa e Historia de la Educación Argentina. También se desempeña como miembro del Consejo Nacional de Calidad de la Educación que forma parte del Ministerio de Educación de la Nación. Y pasó a tener bajo su responsabilidad la misión de aplicar la lógica ultraliberal y de tinte privatizadora al sistema educativo argentino.
De acuerdo a las ideas primigenias de Milei y de La Libertad Avanza, donde se combinan propuestas privatizadoras con otras convalidadas popularmente y son las que finalmente eclipsan el debate de fondo, el menú de políticas a implementar combina sistema de vouchers para generar “competencia entre las instituciones educativas”, eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza, rever la posibilidad de licencias injustificadas que es lo que la gente suele aplaudir pensando en la recurrente interrupción de clases, y concretar el arancelamiento de las universidades públicas, un golpe final a la educación libre y gratuita que fue la base del ascenso económico y social para muchas generaciones de argentinos.
*Télam/NA/AF
