3 enero, 2024
En los próximo días, las distribuidoras Edenor y Edesur deben presentar su propuestas de incrementos. Lo mismo para las transportadoras.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a dos audiencias públicas para analizar los futuros aumentos en las tarifas eléctricas de distribución y transporte, que entrarían en vigencia antes de fin de año.
Las audiencias fueron convocadas luego de que el Gobierno nacional declarara la emergencia del sector energético y diera inicio a una revisión tarifaria para reducir los subsidios. Se realizarán de forma virtual el 26 y 29 de enero.
En la primera, distribuidoras como Edenor y Edesur presentarán sus propuestas de aumento y planes de inversión, mientras que en la segunda lo harán las transportistas como Transener. Los interesados podrán participar inscribiéndose en la web del ENRE.
Si bien los aumentos aún no fueron definidos, se descuenta que serán elevados, teniendo en cuenta la evolución de los costos para las empresas y la necesidad de reducir subsidios en consonancia con el acuerdo con el FMI.
Los usuarios temen que esto golpee fuerte sus bolsillos y economías familiares ya castigadas por la aceleración inflacionaria. Otros apuntan también al impacto en los costos para comercios, pymes e industrias.
Las audiencias buscan explicar la situación del sector y rubricar socialmente el delicado proceso de actualización de tarifas, para evitar que se repitan escenarios en los estrados judiciales.
Por su parte, la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y Otros Servicios Públicos (FACE) advirtió la situación crítica que atraviesa el sector de servicios públicos debido a las situaciones «económicas y financieras de las entidades, surgidas de las decisiones nacionales y provinciales que han afectado la normal evolución del Valor Agregado de Distribución (VAD), facturación y cobranza».
Para aclarar, hay que decir que las tarifas máximas de la luz se conforman, principalmente, por dos ejes. Uno por los costos de adquisición de energía y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluidos los costos asociados de transporte. El otro es el costo propio de distribución o valor agregado de distribución (VAD) de todo lo relacionado a las redes eléctricas puestas a disposición del usuario.
Los aumentos de las tarifas del MEM las fija Nación, mientras que el VAD lo dispone cada provincia. El problema se dio cuando, luego de las Elecciones PASO y la devaluación del peso, el Gobierno Nacional decidió frenar los aumentos en las tarifas de luz y gas hasta noviembre. En ese momento, desde FACE ya habían advertido a este medio que la decisión era entendible pero iba a traer problemas.
«Esto significa un incremento de subsidios para no aplicar el aumento. Pero mientras hay otros aumentos que tenemos en el sector, por ejemplo, los aumentos de sueldo o el bono de $60.000″, advirtieron desde FACE en ese momento, a lo que sumaron: «Las empresas y cooperativas no tienen de dónde absorber los costos de gestión».
Ahora, desde la Comisión de Política Energética de FACE expresaron que «no cabe duda alguna que el nivel de subsidios y correcciones de precio final de todo tipo afecto el normal desenvolvimiento de una actividad de servicio público».
Además, advirtieron que no están siendo tratados «con la misma vara que algunos otros sectores del espectro eléctrico», pero «es cierto que tanto desde los estamentos nacionales, provinciales y municipales se logró ubicar la figura del interlocutor válido como contacto para lograr ser escuchados y tenidos en cuenta al momento de tomar las decisiones más allá de los resultados finales obtenidos».
En FACE dijeron así que «aún falta mucho para lograr los VAD que nos aseguren poder prestar el servicio y las inversiones en forma correcta», pero que «no cabe duda alguna que la transición energética, la inserción de las energías renovables, la eficiencia energética, la educación y la formación profesional para lograr el consumo correcto e inteligente son situaciones contenidas en las reuniones diarias de nuestra gente. Pero primero lo primero: lograr sostener el funcionamiento de nuestras cooperativas para luego pasar a la inversión».
«A estos temas debemos agregar que aún queda un camino a recorrer para lograr la inclusión de todas las cooperativas que prestan el servicio eléctrico, como agentes del mercado, sobre todo teniendo en cuenta la irrupción de figuras como los comercializadores de energía, los comercializadores de energías renovables, la generación distribuida de fuentes renovables y sobre todo la discusión de los precios de transporte y generación que hacen a nuestras tarifas de compra de potencia y energía uno de los principales costos que del precio final que paga el socio», expresaron desde FACE.
Por último, desde la entidad que agrupa a 250 cooperativas en 14 provincias del país, dijeron que a todo lo expresado «se suma un contexto incierto frente al cambio de autoridades políticas en todas las jurisdicciones, una situación económico-financiera del sector bastante complicada, con precios en dólares, aumento de salarios y precios crecientes de los insumos y materiales para el servicio que obliga a estar muy atentos comunicados y trabajando en forma creativa», aseguran desde FACE.
