Continúa el juicio por la emergencia climática en Comodoro: testimonios sobre trabajos no ejecutados y pagos fraudulentos

Este martes se llevó a cabo una nueva jornada del juicio oral y público en la causa «Emergencia Climática I» en Comodoro, iniciando así la tercera semana de debate. Entre los testimonios destacaron el de un trabajador de cuadrillas y camionero, y el de los propietarios de un comercio de herramientas industriales sobre un contrato no ejecutado.

Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara

El primer testigo, desde Sarmiento y por videoconferencia, conocía a los hermanos Pérez y a Sartori. Describió cómo, durante la emergencia, trabajaba en cuadrillas durante el día y manejaba camiones por la noche. Detalló que conducía un camión Ford blanco con caja azul de 8 toneladas, y que se le pagaba en efectivo por Gonzalo Pérez. Los residuos de lodo se llevaban a Stella Maris o al Gimnasio N° 2 en la Kennedy.

El tribunal de debate estuvo presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco. Representando al Ministerio Público Fiscal estuvieron Cristian Olazabal, fiscal general, acompañado por Fabiola López y María José Mellado. Las defensas fueron ejercidas por Guillermo Iglesias, María de los Ángeles Garro, María Cristina Sadino, Juan Bill, Ivo Di Taranto y Fabián Gabalachis.

Antecedentes de la Causa «Emergencia Climática I»

La investigación se origina tras la tormenta «ciclón extra-tropical» que afectó Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017, provocando casi 400 mm de lluvia según el Servicio Meteorológico Nacional. Esto causó inundaciones severas en varias zonas de la ciudad. El 5 de abril de 2017, el Consejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa, permitiendo al Poder Ejecutivo local contratar servicios sin cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos.

Para remover el lodo, el municipio contrató 197 empresas y maquinaria vial. Sin embargo, se descubrió que muchos partes diarios eran fraguados, y los pagos eran autorizados fraudulentamente por los funcionarios Boyero y Palomeque.