22 agosto, 2025
SÓLO TRES IRÁN A PRISIÓN EFECTIVA
El juez penal Javier Allende condenó a seis imputados por los destrozos e incendios provocados en diciembre de 2021 en Rawson, que afectaron severamente los edificios de la Legislatura, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General.
Después de casi cuatro años de un proceso judicial atravesado por dilaciones, las penas dictadas oscilan entre uno y seis años de prisión, la mitad de ellas de cumplimiento efectivo. Los ataques habían demandado una millonaria inversión provincial para recuperar los inmuebles dañados.
El magistrado dio a conocer su resolución esta semana, luego de la audiencia de cesura de pena realizada días atrás. Durante el juicio se constató que los acusados participaron en incendios, daños y saqueos en un contexto inédito de violencia en la provincia, que provocó la pérdida de documentación sensible y afectó gravemente el funcionamiento de organismos estatales durante las movilizaciones antimineras del 16 de diciembre de 2021.
Los sentenciados a prisión efectiva fueron:
• Damián Andrés Díaz: 1 año de prisión efectiva por daño agravado en el STJ (con antecedentes).
• Mauricio Nahum Vargas: 6 años de prisión efectiva por incendio y hurto agravado en la Procuración General.
• Gastón Velázquez: 4 años de prisión efectiva por tres hechos de daño agravado y hurto agravado en el STJ y la Legislatura.
En tanto, Lucas Alexis Espinoza Andrade, Lourdes Ariana Nicole Molina Leguiza y Nicolás Alejandro Díaz recibieron un año de prisión en suspenso por daño agravado a un móvil policial, daño agravado en oficinas de la Procuración General y hurto agravado de bienes en la Procuración General, respectivamente.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Florencia Gómez, mientras que la Defensa Pública Penal intervino a través de los doctores Miguel Moyano y Pablo Sánchez.
El fallo destacó que los acusados actuaron aprovechando el contexto de violencia generalizada, con plena conciencia de la ilegalidad de sus conductas, diferenciándolos de quienes se manifestaron pacíficamente.
La resolución también impone las costas del proceso a los condenados, por un total de 110 JUS (Unidad de Medida Arancelaria de la Justicia), cifra superior a 6 millones de pesos.
En el fallo, el juez Allende coincidió con la Fiscalía en calificar como “agravante genérico” la situación de violencia extraordinaria vivida en Rawson el 16 de diciembre de 2021, durante el tratamiento de la ley de zonificación minera. Señaló que, aunque una parte de la ciudadanía se manifestó de manera pacífica, grupos violentos aprovecharon para atacar simultáneamente edificios de los tres poderes del Estado, con el objetivo de saquear y destruir.
La sentencia completa del Juez Javier Allende MINISTERIO PUBLICO FISCAL S_ INCENDIOS. RAWSON 20 (11)
También se valoró la pérdida de elementos históricos, documentación sensible e investigaciones judiciales irrecuperables, lo
que afectó directamente a personas con procesos en curso. Para el juez, la motivación de los responsables “no era oponerse a la ley, sino destruir y saquear, actuando con la convicción de su impunidad”.
La sentencia recogió llamativos argumentos de defensa. En el caso de Nicolás Alejandro Díaz, acusado de robar un bidón de 20 litros de agua de la Procuración General, declaró que lo tomó para lavarse la cara tras haber recibido gas pimienta y que luego lo dejó en la esquina de la Legislatura. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraron lo contrario: ingresó al edificio con otros dos individuos y sustrajo el bidón deliberadamente.
Otro imputado, acusado de provocar destrozos en el STJ, aseguró que “no había sido él” porque estaba al lado de quienes rompieron la persiana. A pesar del barbijo que usaba para camuflarse, las cámaras y la ropa secuestrada en su domicilio confirmaron su autoría.
Las imágenes también mostraron que varios acusados aprovecharon para robar computadoras, monitores y televisores de los edificios públicos, al mismo tiempo que incendiaban oficinas utilizando libros como combustible.
Fuentes del Poder Judicial contaron en su momento que las cámaras de seguridad detectaron a cinco individuos que superaron a dos policías que había en la puerta y que se refugiaron en la comisaría ubicada en la otra esquina. Estos sujetos habrían roto los vidrios, ingresando a oficinas del STJCH de las que se llevaron dos computadoras, y prendieron fuego toda la planta baja que da a la calle.
Entre las áreas más afectadas, en la esquina estaba el despacho de la Procuración General y la parte superior en planta alta, donde funciona la Sala de Acuerdos del STJ. Además, fueron incendiados los dos mostradores ubicados a cada lado de la Mesa de Entradas, y todo el pasillo hacia la mano derecha, donde funciona el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo.
Se trata del área donde se tramitan todas las demandas contra el Estado, con expedientes y material de prueba que en muchos casos resultó irrecuperable, aunque nunca se detalló minuciosa y oficialmente que causas y demandas fueron afectadas por estos hechos. Allí los daños fueron totales, y se estima que hubo causas completas que fueron imposibilitadas a volverse a rearmar. Por lo que el daño no sólo resultó material, sino afectó duramente a la Justicia chubutense.
El fallo del Juez Javier Allende concluye que el 16 de diciembre de 2021 Rawson vivió hechos inéditos: “El foco de violencia fue contra todos los edificios públicos simultáneamente, que quedaron a merced de los manifestantes”, lo que revela la coordinación de distintos grupos que aprovecharon la movilización para llevar adelante una agenda propia de destrucción y saqueo, con consecuencias que aún impactan en la provincia de Chubut.
