14 febrero, 2021
Por Adriana Meyer
De izquierda a derecha, imputado policía Javier Solorza (sentado con barbijo negro y camisa celeste), abogada Sonia Ivanoff (de rojo), Fernando Jones Huala, Emilio Jones y Fausto Jones Huala, los querellantes. (Imagen: Gentileza Roxana Sposaro)
Se invirtieron los roles, esta vez le toca a los mapuche acusar. Como la otra cara de una moneda que casi siempre cae del lado de la criminalización de los pueblos originarios, el jueves comenzó el juicio de los miembros de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen contra un policías de la Infantería de Chubut, fuerza que los reprimió salvajemente el 10 y 11 de enero de 2017, en conjunto con Gendarmería. El único imputado es el oficial Javier Solorza, que estaba a cargo del grupo que les disparó luego de descender de una camioneta Iveco ubicada sobre la ruta 40, con escopetas antitumultos y otras armas de fuego. El proceso oral y público –con algunas restricciones a la prensa invocando la pandemia– será extenso, podría durar todo el mes dado que está prevista la declaración de unos 70 testigos, entre ellos el fotógrafo Gustavo Zaninelli, por el registro que hizo aquel día.
«El pueblo mapuche fue víctima durante años de este tipo de situaciones de violencia, pero por primera vez tenemos las pruebas y queremos una condena por las lesiones graves como las de Emilio, que casi le cuesta la vida, de Fausto, que perdió un oído, de Fernando y Malvina, a quien le dispararon en la mano porque estaba filmando», dijo a PáginaI12 la abogada del grupo mapuche, Sonia Ivanoff. Los integrantes de la Lof de Cushamen y los vecinos de la Red de Apoyo a las Comunidades en Conflicto resultaron absueltos en sendos juicios por la usurpación de esas tierras, denunciados por la Compañía Tierras del Sud del magnate Benetton, y por posesión de armas de guerra y abigeato. Por eso con el inicio de este juicio sienten que finalmente llegó su turno de acusar al menos a un integrante de ese Estado que los viene reprimiendo.
«Esperamos que se haga justicia ante hechos que repercutieron a nivel internacional, incluso fueron tapa de PáginaI12, tantas veces intentamos mostrar videos de cómo nos disparaban, pero siempre ganaba la complicidad del Poder Judicial y de los medios. Los actos represivos se repiten en muchas zonas marginales, no somos las únicas víctimas los pueblos originarios. Queremos que este juicio sirva para construir una sociedad que nos merecemos todos los que habitamos este suelo», dijo a este diario desde Esquel Fernando Jones Huala, hermano del lonko de Cushamen Facundo Jones Huala, preso en Chile por una causa «armada», según su defensa.
«Tenemos muchas pruebas, por eso esperamos un fallo acorde a lo que nos merecemos, que sea ejemplificador contra la represión institucional. Más allá de las heridas que tenemos los cuatro denunciantes, queremos como Pu Lof un aporte porque la lucha del pueblo mapuche busca ser una contribución para la humanidad», agregó Jones Huala. La foto que ilustró aquella tapa muestra a Emilio Jones –primo del lonko, así como Fernando y Fausto son sus hermanos– con un disparo que le rompió la mandíbula.
La comunidad de Cushamen recibió el primer ataque el martes 10 a las 7 de la mañana. La guardia de la comunidad –ocho varones, cinco mujeres y cuatro niños– divisó camionetas de Gendarmería en la ruta. Colectivos. Caballos. Finalmente contarían a más de 200 gendarmes y policías. “Dijeron que venían a despejar las vías de la Trochita y a identificar a quienes vivíamos ahí, pero los guardias contestaron que no estábamos dispuestos a dejarlos pasar después de que la provincia cortara la mesa de diálogo e incumpliera la promesa que le hizo a otra comunidad hermana”, contó Jaquelin Marín en ese momento a este diario.
Luego de atrapar y detener a los miembros de la guardia mapuche se ensañaron con las mujeres y los niños. «Tiraron la puerta abajo. Nos rociaron con gas lacrimógeno, con espuma de matafuego, nos sacaron de los pelos, le pegaron a un niño con un garrote en la cabeza, nos esposaron”, contó la joven sobre la represión ordenada por los jueces Guido Otranto y José Colabelli. El entonces ministro de Gobierno, Pablo Durán, tildó a los miembros del Pu Lof de “terroristas” y “delincuentes”. Gendarmes y policías, además, les robaron todo.
Al finalizar el operativo de aquel día, el policía Solorza se dirigió a Esquel e hizo una denuncia diciendo que había sido emboscado por los mapuche. «Pero incluso un juez anti-mapuche como Colabelli la desestimó porque era inverosímil», explicó Ivanoff.
«Son cuatro años de una causa de violencia institucional, el más grave episodio pero no el único de muchos de los que existieron desde la recuperación del territorio de la Pu Lof en Resistencia. Vamos por una sentencia que ponga freno a la violencia sistemática contra el pueblo mapuche», explicó la abogada antes del inicio del proceso.
El contexto en que se produjeron los hechos represivos fue la suspensión abrupta de una mesa de diálogo, que iba a dar la fecha y hora sobre el paso del tren turístico la Trochita. «Hubo 30 veedores en las diferentes reuniones, pero el gobernador Mario Das Neves y Martín Bortagaray se fueron aduciendo que ‘no se iban a sentar a dialogar con personas de dudoso linaje’, tal como dijeron en el oficio. Así fue que el 10 de enero hubo un allanamiento con la policía de Chubut, que realizó retenes para impidieron la llegada a ayuda a la comunidad, y el 11 volvieron cuando todos estaban tratando de reconstruir todos los daños de las casas, mujeres y niños se encontraban en el lugar», dijo Ivanoff.
La fiscal María Bottini impulsa la acción penal, y la defensoría pública a cargo de Paola Bagnato acompaña la querella de Ivanoff en nombre de los cuatro mapuche damnificados, en este juicio que se extendería hasta fines de febrero.
«El territorio sigue habitado, se han multiplicado las casas, la cría de animales y la siembra; el control territorial está cada vez más firme, el territorio mapuche se defenderá hasta las últimas circunstancias pese a la gran violencia del Estado, es algo histórico que hace cientos de años pedimos que devuelvan las tierras aptas y suficientes, como dice la Constitución, en el marco del derecho indígena internacional al cual Argentina ha adherido hace más de dos décadas», dijo Jones Huala. Según explicó, la comunidad sigue vigilando cuando los de la estancia se bajan con armas al costado de la ruta, en la tranquera o en el cruce de la ruta porque el conflicto no cesa.
«Algunas de las causas armadas siguen abiertas y pesan sobre los imputados, esperamos que se termine de caer la gran mentira de que éramos terroristas, algo que sirvió para reprimir como sucedió. En el último juicio en el que fuimos todos absueltos. incluso el lonko, se terminó de comprobar que la Compañía Tierras del Sud adulteró los mapas de las tierras que ellos dicen que les pertenecen, por eso el territorio donde está Pu Lof desde el 13 de marzo de 2015 es de la Colonia Pastoril de Cushamen entregada al lonko Miguel Ñancuche Nahuelquir allá a principios de 1900, nosotros presentamos un mapa original, ni foto ni copia, de la Imprenta del Estado Argentino», describió.
Jones Huala volvió sobre el motivo que detonó la represión de enero y recordó que «ayer se cumplieron cuatro años del paso pacífico de la Trochita, porque los trabajadores tenían que volver con la maquinaria que habían reparado. Los niños los saludaron y los adultos tocaron música, fue fruto de la palabra y el respeto mutuo».
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