19 noviembre, 2020
Lo reveló el fiscal de Comodoro, Héctor Iturrioz, a cargo de la causa de las famosas carpetas de adjudicaciones, donde hubo una defraudación a supuestos beneficiarios por un monto cercano a los 50 millones de pesos.
«Nunca había tenido una causa con tantas damnificados», planteó el funcionario judicial, que al mismo tiempo señaló con pesar: «es difícil acceder a una vivienda en Comodoro sin recurrir a algunos artilugios», afirmó el funcionario en diálogo con Radio 3.
En relación a la Oficina de Adultos Mayores, para la cual el diputado mandato cumplido, David González, pidió un presupuesto de 38 millones de pesos para 2021, Iturrioz aseveró que «cobró el sueldo sin brindar ningún tipo de contraprestaciones y pretende incorporar cinco asesores para los que se destinarían más de 35 millones de pesos de sueldos en el año».
«En rigor como ya terminó la etapa de recolección de evidencias, ya quedé desligado de la causa y está a cargo el doctor Nápoli, aunque estoy en contacto permanente con él, y si necesita mi asistencia en el debate voy a estar ahí porque conozco el proceso desde el primer día, aunque se me podría complicar porque tengo causas muy complejas acá en Comodoro. Creo que el juicio se iniciará el 16 de febrero», comentó Iturrioz en el inicio del diálogo, consultado por su participación en la Causa Revelación.
Ya metido en el proceso judicial por la asociación ilícita en torno al IPV, el fiscal admitió que “me está insumiendo mucho tiempo porque hasta ahora hay identificadas 530 víctimas, nunca había tenido una causa de tantos damnificados, a tal punto que estuvimos que conseguir una oficina externa que nos brindó el Ministerio de Seguridad porque el acceso al Ministerio Público Fiscal está restringido».
«Estamos convocando unas 10 personas por día, más no podemos hacer en este contexto de pandemia, aunque si no estaríamos empantanados en una instancia productiva de la causa», justificó.
«La famosa carpeta adjudicada, le pedían dinero y a través de esa zanahoria le daban una supuesta adjudicación directa. Empezaban con 80 mil y llegaban hasta los 300 mil pesos», dimensionó Iturrioz.
«En las cuentas bancarias de uno de los imputados se manejaron más de 41 millones de pesos, cuando tenía ingresos cercanos a los 40 mil pesos, las inconsistencias surgen de manera palmaria, hay otros imputados con erogaciones que no podrían haber hecho con ingresos escasos o nulos», reveló.
«Lo digo con pesar y lo estamos acreditando a través de los diferentes testimonios, es difícil acceder a una vivienda en Comodoro sin recurrir a algunos artilugios, hay inscriptos desde 1991. Si no se ingresaba por izquierda, no se podía ingresar», aseveró el funcionario.
«Tuvimos que focalizarnos desde fines de 2018 al presente. El movimiento de 41 millones de produjo en 16 meses, desde enero de 2019 a abril de 2020», puntualizó.
«Hasta ahora hay un solo imputado del IPV con probabilidad cierta de autoría, por eso está en prisión preventiva, pero nuestra hipótesis es que hay más implicados», remarcó.
«Estamos hablando de una asociación ilícita, en la segunda audiencia veíamos que seguían cometiendo estos delitos y sobre todo recuperar dinero, porque el día que hicimos el primer allanamiento iban a mover unos 6 millones de pesos y nada más difícil de buscar que la plata líquida», argumentó.
«Posteriormente en otro allanamiento ya teníamos delineada la asociación ilícita con mayores certezas, quien era el jefe y los miembros», destacó.
«Secuestramos documentación en Rawson porque en principio suponíamos que todo se centralizaba allá, pero con el avance de la investigación comprobamos que no eran tan sí», señaló Iturrioz.
«Hay responsables por comisión, quienes intervinieron activamente en el delito, pero también por omisión, que tampoco cumplieron con sus funciones de controlar o evitar la estafa. Creemos que hay más funcionarios involucrados», advirtió el fiscal.
«Las personas que pagaron las coimas quedan en un claro caso de confusión. Hay un caso de una persona que cuando solicitó ser adjudicatario tenía cuatro hijas pequeñas, ahora ya es abuelo y nunca lo llamaron, pero también hubo gente a la que le dieron una casa cuando no estaba ni siquiera anotada. Hay casos de hasta pedido de favores sexuales. No podemos imputar a la gente de cohecho, son víctimas de acciones ilegales», fundamentó.
«Las carpetas de adjudicación se confeccionaban con documentación, planillas y sellos del IPV, Maximiliano González –el principal imputado- tenía ingreso irrestricto del organismo, incluso usaron computadoras del IPV. Todo tenía una apariencia de legalidad, los vendedores tenían acceso a las obras, lo que también es inaudito porque el Estado paga la custodia de obra», especificó.
«González era un administrativo multifunción que tenía buena relación con las autoridades del IPV. Era una suerte de referente entre sus pares», apuntó Iturrioz.
«Había carpetas que tenían copia, es otro elemento importante para la causa. Tenemos seis meses, hasta marzo del año que viene, aunque nos complica esta situación, teníamos que hacer pericias caligráficas, pero los protocolos nos impiden concretarla», lamentó.
El año pasado la Legislatura aprobó la ley que habilitaba la Defensoría de Adultos Mayores, y se designó al diputado provincial mandato cumplido, David González, como el responsable, pero el fiscal Héctor Iturrioz señaló que el ex legislador comodorense ha cobrado el sueldo sin prestar ningún tipo de prestaciones.
«Se empezó a pagar un sueldo cuando la Oficina no ha tenido ninguna actividad a lo largo del año. Es el caso de un ñoqui, aunque como no tenemos una ley tipificada no llegan demasiado a juicio», esgrimió.
Sin embargo aclaró que “tenemos la ley de Ética Pública y una de las mandas es desempeñar la función con propiedad, efectividad y con otros principios rectores que establece la norma y no cumplirla es incumplir los deberes de funcionario público, tengo una figura típica para investigar”.
Pese a lo expuesto por el fiscal, el ex diputado González solicitó un presupuesto de 38 millones de pesos que garantice el funcionamiento de la oficina en 2021.
«El gasto de sueldos demandará casi 36 millones de pesos y que se repartirá en cinco personas, es una demasía para una Oficina que tuvo una nula actividad en un año en el que los beneficiarios necesitaban asistencia», observó.
«Él decía que demandaba un lugar físico para prestar sus servicios, pero según la información que nos envió la Legislatura nunca pidió empezar a trabajar, sino que le designen los asesores», sostuvo.
«Hay jubilados en interesados en presentar la denuncia, ya tomaron contacto con nosotros», adelantó.
«Si no teníamos postergación de plazos, o esta suspensión de términos que resolvió el Superior Tribunal es ilegal, habría causas vencidas en cantidad. Los defensores ya están usando esto, argumentan que la suspensión es términos es ilegal», planteó con preocupación.
En el final Iturrioz indicó que después de la causa Revelación vendrá el juicio de la causa Royal Canin, que tienen como principal imputada a la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo.
*Radio3
