16 mayo, 2021
A un año de la primera sesión virtual en Diputados, el Cippec destacó el caso argentino y dio sus recomendaciones para modernizar el trabajo legislativo. En un detallado informe, la organización repasó los desafíos que enfrentó la Cámara baja al inicio de la pandemia, comparó el trabajo en otros países y resaltó la importancia de aplicar la tecnología en la integridad, accesibilidad y transparencia del proceso legislativo
Como todos los aspectos de la vida cotidiana, la pandemia del coronavirus obligó a reconfigurar los debates en el Congreso, que debieron dejar de ser de manera 100% presencial para pasar a un sistema mixto en el que la mayoría de los diputados y senadores participan de manera remota conectados desde sus despachos, oficinas o casas particulares.
El 13 de mayo de 2020 la Cámara de Diputados tuvo su primera sesión remota y, a un año de ese debate, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) destacó el trabajo realizado en la Cámara baja y planteó recomendaciones para modernizar la tarea legislativa más allá de la pandemia.
Por iniciativa del presidente del cuerpo, Sergio Massa, y en acuerdo con todos los bloques políticos, luego de que Alberto Fernández decretara la cuarentena obligatoria el 20 de marzo se comenzó a trabajar en protocolos y en instalación de tecnología para acondicionar la Cámara para sesionar de manera remota. Hubo más de 40 capacitaciones, 28 simulacros de votaciones y más de 22 horas de ejercicios de simulación y prácticas.
A raíz de esto, lo primero que resalta el informe del Cippec son los resultados objetivos del sistema: hubo 18 sesiones virtuales mixtas con un 94% de presentismo en las sesiones plenarias; se presentaron 1787 proyectos de ley, 1853 de resolución, 966 de declaración y se sancionaron 70 leyes; y se llevaron a cabo 235 reuniones de comisión con un 83% de presentismo, más de 530 exposiciones de representantes de organizaciones de la sociedad civil y gremios y más de 170 presentaciones de funcionarios.
Otro dato que destaca el estudio es la valoración positiva de los diputados y diputadas sobre las sesiones virtuales. El 77% cree que garantizó la integridad legislativa, el 80% considera que mantienen o mejoran la transparencia del trabajo y un 55% sostiene que mejoran o no afectan la capacidad de expresarse en comparación a las sesiones presenciales.
Sobre el trabajo realizado, Sergio Massa afirmó: “Debemos transitar el camino de la innovación y la modernización del parlamento como instrumento de la democracia. Adaptar la democracia al siglo XXI, porque la tecnología vino para quedarse y ser parte de nuestra vida. Somos contemporáneos a la revolución de la tecnología y la información, y la representación de la gente no puede estar ajena o negarse a ese hecho”.
En sintonía con esto, Juan Manuel Cheppi, secretario general de Diputados, explicó: “El 10 de diciembre de 2019 asumimos el compromiso de poner la tecnología como puente, modernizar y federalizar el Congreso, haciéndolo accesible para todos los ciudadanos y más eficiente como cuerpo legislativo. La pandemia vino a acelerar todo lo que teníamos pensado”.
El informe de 24 páginas, pone el foco en cinco pilares para recomendar la implementación de la tecnología con el objetivo de modernizar de ahora en más la labor parlamentaria: legitimidad, integridad, accesibilidad, transparencia y política legislativa.
“Es una condición necesaria para evitar cuestionamientos sobre otros valores del sistema tales como la integridad o la transparencia de los procesos. Las decisiones consensuadas y el apoyo por parte de la mayoría son fundamentales para lograr la aceptación y el sustento al cambio que se buscaba: qué reformas normativas son necesarias, qué instancias del proceso legislativo incorporarán tecnología, cuáles serán los temas que pueden ser tratados virtualmente, y qué circunstancias habilitan el uso de tecnología fueron las primeras decisiones que se debieron tomar”, explica el informe.
La Cámara de Diputados respetó esto y comenzó a trabajar en un protocolo que habilitara, con consenso de todos los bloques políticos, las discusiones en el recinto. La cronología de lo ocurrido un año atrás así lo refleja. El 20 de marzo se declaró el ASPO en todo el país. El 30 de marzo la comisión de Educación celebró la primera sesión informativa virtual y el 29 de abril las comisiones de Modernización y de Peticiones, Poderes y Reglamentos aprobaron de forma unánime el Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto. A la semana, el 6 de mayo, se realizó una sesión híbrida de prueba y siete días después, el 13 de mayo, tendría lugar la primera sesión mixta en donde se aprobó el Protocolo de actuación por resolución. Ese día, 248 diputados y diputadas votaron de forma afirmativa y 2 votaron negativamente.
Dos puntos claves del protocolo aprobado fue que se renovaría cada 30 días y que estableció la posibilidad de presentar proyectos sobre cualquier materia, poniendo fin a la limitación temática original relacionada con el COVID-19 y diferenciándose del camino implementado por el Senado.
Aquí se destaca la incorporación de tecnología en el trabajo legislativo. Lo fundamental en esto, según el Cippec, es “evitar posibles intromisiones externas, garantizar la identidad de los usuarios, en este caso de diputados y diputadas, y desarrollar planes de contingencia en caso que las herramientas utilizadas fallen”. Con respecto a esto, destacan que en Argentina hubo dos medidas claves: un sistema de verificación de identidad a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) basado en un control de datos biométricos, que solicita que las personas usuarias se tomen tres fotografías para ser identificadas e ingresar a las reuniones o acceder al módulo de votación y emitir su voto; y un convenio con ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales) para garantizar la seguridad en el proceso remoto al realizar evaluaciones para descartar intromisiones en el sistema y al desarrollar de un sistema de encriptación.
Además, resalta la utilización de las siguientes herramientas: red virtual privada (VPN), gestor parlamentario documental (firma digital), plataforma digital de Diputados, revisión biométrica de usuarios y acceso a videoconferencia.
Lo clave de este punto, describe el informe, es que quienes llevaran a cabo sus tareas de forma remota pudieran acceder a toda la información necesaria para las actividades en comisión y en el recinto. Para esto, se realizaron 12 encuentros de capacitación en los que participaron más de 240 diputados y, además, hubo 30 capacitaciones para que legisladores y asesores puedan manejar el sistema Gestor Parlamentario Documental (GPD).
Este trabajo estuvo a cargo de la Dirección de Modernización, que reveló que, al momento de aplicar la virtualidad, entre las consultas más frecuentes de los diputados estuvieron el olvido, cambio y regeneración de claves; problemas de configuración de dispositivos propios; problemas de conectividad en zonas específicas; problemas al tomar las fotografías que solicita la verificación biométrica; y la solicitud de envíos por correo de Token.
Uno de los aspectos más destacados es el presentismo. Por ejemplo, en el caso de las comisiones la tasa de asistencia en el 2020 fue de 83%, muy superior al 2019, que fue del 43 por ciento. Con respecto al recinto, los niveles de presentismo se mantuvieron constantes: en las sesiones remotas este valor estuvo tan solo 4 puntos porcentuales por encima del promedio de los valores observados para los períodos previos (89,60%).
“Seguimos trabajando para que la Cámara de Diputados sea cada vez más eficiente, abierta y federal; porque la modernización es sumar herramientas para la construcción legislativa, pero también significa generar mayor accesibilidad al Congreso para ciudadanas y ciudadanos de todo el país”, resumió Manuel Cotado, director de Modernización.
“Al igual que cualquier otro cambio en la gestión parlamentaria, el uso de tecnología debe garantizar el principio de la transparencia. Resulta crucial que las nuevas herramientas y procesos utilizados puedan ser examinados y analizados por la ciudadanía así como también por los actores participantes”, describe el estudio.
Por eso, subrayó que la Cámara de Diputados pusiera en su web la información relacionada con el funcionamiento telemático del Congreso y que las reuniones de comisión y las sesiones remotas fueran transmitidas en vivo y sus grabaciones quedaran a disposición en los canales institucionales.
Esto tiene que ver a cómo afectaría la virtualidad a la dinámica de la Cámara, sobre todo a la posibilidad de alcanzar acuerdos y negociaciones por las leyes. En una encuesta realizada después de la primera sesión remota, el 53% de los diputados y diputadas dijeron que el trabajo a distancia favorece o no afecta la coordinación y cooperación.
Además, hubo 46% de leyes sancionadas que corresponden a iniciativas de la Cámara baja, lo que representa un porcentaje mayor que el promedio desde 1983, que es de 35%. Sin embargo, es menor en comparación a los últimos dos períodos en años no electorales: 52% en 2018 y 55% en 2016.
También se sancionaron en el mismo periodo 30 leyes iniciadas por el Poder Ejecutivo (43%), un aumento de alrededor de 14 puntos porcentuales con respecto al período no electoral anterior.
En el final del estudio, la organización brinda varios ítems en los que hacer foco para el futuro. La más profunda que marcan es “avanzar hacia una reforma consensuada del reglamento de la Cámara de Diputados, que establezca las circunstancias que habilitan el trabajo remoto, las temáticas que pueden ser tratadas y en qué instancias del trabajo legislativo se permitirá la virtualidad”.
Asimismo, sugieren “integrar el recinto virtual y presencial para contabilizar el quórum de manera más sencilla y mejorar así la agilidad y funcionamiento del sistema” y, sumado a esto, “pensar las reformas que introducen tecnología de manera integral para que no genere nuevas inequidades de acceso entre representantes y entre la ciudadanía”.
Otro punto en el que hacen hincapié es la perspectiva de género y aquí proponen integran la tecnología “involucrando a la Dirección de Género de la Cámara para trabajar de forma colaborativa cualquier modificación”.
Finalmente, resaltan algunos puntos fundamentales para la dinámica de las sesiones y el recambio parlamentario: garantizar el equipamiento necesario para el trabajo remoto, considerando la entrega de equipos preparados y con acceso a los recursos para cada tarea legislativa; institucionalizar un programa de inducción a nuevos diputados y diputadas en cada recambio legislativo, garantizando el acceso a todas las herramientas y dispositivos necesarios; sostener la opción de trabajo remoto para casos específicos como licencias familiares y por enfermedad más allá de la evolución de la pandemia; y mantener las reuniones de comisiones virtuales más allá de la pandemia con la intención de ampliar la participación y federalizar estos espacios de toma de decisiones.
