31 diciembre, 2024
Este año que culmina será recordado, entre otras razones, por uno de los bochornos más exagerados en materia judicial y que, naturalmente, involucra a políticos y sus privilegios en territorio chubutense.
Por Sergio Cavicchioli*
Se trata de la engrasada causa judicial Emergencia Climatológica I que se ventilo en los tribunales de Comodoro Rivadavia a lo largo de todo 2024.
Pocos expedientes judiciales han sido objeto de tamaña presión e intervención del poder político como el mencionado.
Luego de la primaria investigación realizada por el ex fiscal Héctor Iturrioz de los acontecimientos que surgieron como consecuencia del temporal de lluvia que azoto a ésta ciudad sobre finales de marzo y principios de abril de 2017 y, luego de casi ocho años de etapa de instrucción y recolección de pruebas, finalmente se pudo llegar a un juicio para que se determinara la responsabilidad penal de los funcionarios municipales y empresarios que tuvieron actuación en aquel hecho.
El Ministerio Publico Fiscal imputó oportunamente los delitos de estafa, fraude y falseamiento de documento público a dos funcionarios políticos que integraron la Administración del peronista Carlos Linares (Abel Boyero y Rubén Palomeque), a los empresarios Roberto Manasterolo, Javier Morales, Cristian Pérez y Hernán Lobos Rosas y a los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Rubén Sartori y Eduardo Van Herdeen.
Antes de llegar al juicio, mediaron las elecciones del año 2023 y el escenario cambio. La provincia dejo a ser gobernada por Arcioni convertido al Frente Ronovador de Sergio Massa y paso a manos del PRO con Ignacio Torres como nave insignia. Héctor Iturrioz, a través del goce de una llamativa licencia como fiscal, paso a desempeñarse como Ministro de Seguridad de la provincia.
Así las cosas, y con Iturrioz devenido en político, en el expediente de la Emergencia Climatica I, el Ministerio Público fue representado por los abogados Adrián Cabral y Marcelo Creton. Sorpresivamente, en el mes de abril del corriente año, ambos acusadores hicieron pública su petición de sobreseimiento de los acusados por falta de pruebas. Sin que se comprendieran las razones de tal planteamiento, la Cámara de Apelaciones Penal de Comodoro Rivadavia dictamino que fuera el Tribunal, conformado por los jueces Nicosia, Cosmaro y Tedesco, los que decidieran si el juicio debía realizarse o no.
Varias, pero una de peso indiscutible. El concepto de “Unidad de Actuación”. En la actuación de cada uno de sus funcionarios, el Ministerio Fiscal está representado íntegramente, debiendo brindar uniformidad de respuesta. En términos legos, significa que una vez practicada una acusación por parte de un integrante de fiscalía en una causa determinada, el resto de los funcionarios están obligados a sostener dicha acusación dado que quien acusa no es la persona del fiscal, sino la Institución Ministerio Público Fiscal.
El desistimiento de la acusación de Cabral y Cretón fue denunciada por Iturrioz ante el Consejo de la Magistratura por haber incumplido, con su conducta, “el deber de obrar con apego a los principios de Legalidad, Objetividad y Unidad de Actuación”.
Preguntas: ¿Fueron permeables, a intervenciones de otra génesis, los fiscales Cabral y Creton?, si lo fueron… ¿qué tipo de presiones recibieron para llegar a la conclusión de solicitar el sobreseimiento de los imputados?
No hay indicios, hasta el momento, de que sendos acusadores hayan sido sometidos a lobbies extrajudiciales. Veremos si el Consejo de la Magistratura aclara la situación. Pero, por las dudas, su Jefe, Jorge Miquelarena, reubico a sendos abogados en otras áreas de investigación.
Miquelarena debió entonces nombrar a otro fiscal en la causa (el cuarto) para que lleve adelante la acusación y la responsabilidad recayó sobre Cristian Olazábal. Finalmente, los magistrados del Tribunal ordenaron que se realizara el juicio y el mismo se llevó a cabo sin mayores inconvenientes siendo condenados casi todos los imputados.
Pero hay un detalle que nos es menor y que vale la pena resaltar…
… en su resolución condenatoria, los Jueces Nicosia, Cosmaro y Tedesco sugirieron a la fiscalía “seguir investigando”. A criterio de ese Tribunal faltaban aún más actores sentados en el banquillo de los acusados. Los jueces interpretaron que la defraudación y la estafa también habría beneficiado a otros funcionarios políticos probablemente de mayor rango. Las miradas van hacia el tope de la pirámide de la jerarquía municipal y los nombres que surgen son los del ex secretario de hacienda German Issa Pfister y el propio Carlos Linares.
La Cámara de Apelaciones Penal ratificó en casi todos los términos el fallo de primera instancia y así, con el doble conforme judicial, el fiscal Olazabal solicitó la detención inmediata de los condenados por corrupción, dado que los mismos ya contaban con condena en segunda instancia. Y, por otra parte, a criterio del fiscal y del Tribunal que los condeno, estaban dadas las condiciones para privarlos de la libertad dada la existencia del peligro de fuga. Todos, contaban con recursos económicos suficientes para fugarse ante la existencia de una condena con doble conforme.
Los condenados fueron privados de su libertad y trasladados a una cárcel en la ciudad de Sarmiento donde hasta el 24 de diciembre purgaron detención carcelaria.
Pero para completar la descripción de los hechos, debemos retroceder brevemente en el tiempo. Una vez conocido el doble conforme y con la sugerencia de los jueces se continuar con la investigación, la política se volvió a activar.
Sobre finales del mes de septiembre, primero, y en las primeras semanas de diciembre, luego, existieron tres encuentros presuntamente secretos que protagonizaron Torres, Luque, Linares y Fitta.
La primera de las reuniones habría sido sobre el cierre de septiembre y los participantes solo dos: Torres y Luque. El cónclave habría tenido lugar en la Residencia del Gobernador en Km3 y a solas. ¿Los temas? Una preocupación para ambos. El riesgo de que La Libertad Avanza pueda tener un buen desempeño electoral en las elecciones de medio término del año que viene y las implicancias negativas que traería aparejado un resultado electoral desfavorable para ambos frentes partidarios. ¿No se habló de la causa judicial? Todavía no estaba dictada la sentencia condenatoria, pero el tema habría sido abordado elípticamente.
Ya con doble condena, con funcionarios y empresarios detenidos en cárcel, otra vez volvió a transformarse el escenario político y judicial. En la segunda y tercera reunión -siempre extraoficiales- a la que se habrían sumado Linares y Fitta primero, y Luque en la restante, la causa judicial ocupo más tiempo de las conversaciones.
La detención carcelaria de Boyero, Monasterolo, Morales, Lobos Rosas y Cristian Pérez había sido ratificada no solo por el Tribunal original sino además por dos jueces de “extraña jurisdicción” (así se denomina) y me refiero a lo actuado por Carlos Richeri y Alicia Fernanda Revori, ambos de Esquel.
Frente a este panorama, los líderes del peronismo chubutense establecieron dos objetivos: uno, lograr que las detenciones no sean carcelarias sino domiciliarias. De manera tal que los condenados transitaran su pena en sus respectivos hogares. El otro, desalentar la continuidad de la investigación sugerida por el tribunal de primera instancia.
En política siempre hay necesidades que satisfacer. Las hay de un lado y del otro del espectro ideológico.
La de Torres pareciera que fue contar con una base bien amplia de aprobación legislativa a su proyecto de Presupuesto 2025. ¿Qué sería una base amplia? Un presupuesto aprobado por amplia mayoría. La propia y sumados -embretados- los votos justicialistas también.
No es habitual que haya tamaña sintonía entre el partido del gobierno y el principal partido de la oposición en la Cámara de Diputados de la provincia. Generalmente, el proyecto de presupuesto suele contar con más de un despacho de la comisión de hacienda, uno por la mayoría y otros, por la minoría. Es habitual que finalmente se termine aprobando. Pero…, con matices que posibilitan que se marquen las diferencia entre un partido y el otro.
Pero este proyecto de presupuesto –que se trató muy tardíamente- contenía un controvertido tema, el cual fue el aumento de los aportes a la obra social SEROS. Aumentos que saldrán de los bolsillos de todos los empleados públicos provinciales y del mismo estado para lograr equilibrar las deficitarias cuentas de la obra social provincial.
Es la primera vez en toda la historia legislativa de la provincia que se incluye en el proyecto de ley de presupuesto un tema tan controversial como el aumento de los aportes a la obra social.
Así y todo, dicho proyecto –con el tema SEROS incluido- fue aprobado por una más que significativa mayoría de 24 manos sobre un total de 27. Obviamente, el justicialismo acompaño en pleno la propuesta de la Administración de Torres. Hubo otros temas no menores. Pero ninguno de la envergadura del proyecto de presupuesto.
Bueno, es difícil asegurarlo. Pero se parece bastante. Todo indicaría que, a cambio de ese singular acompañamiento legislativo, debía haber cambios también en el principal problema que nubla la mente de quienes son los responsables de gobernar el peronismo chubutense.
Y aquí volvemos al ámbito judicial. Primero, los detenidos en cárcel y luego, el riesgo latente de que se abra otra causa que investigue si hubo más beneficiados con los fondos asignados para enfrentar las consecuencias de la tormenta del año 2017.
Y aquí también hubo relevantes cambios. Claro está, después de la prueba de amor. Con funcionarios y empresarios presos en Sarmiento, sus abogados defensores solicitaron –por segunda vez- se revea la privación de la libertad y se dicte detención domiciliaria.
A mediados del corriente mes de diciembre, ni el fiscal ni los jueces del tribunal admitieron tal posibilidad, es decir, la detención domiciliaria. Lo rechazaron de raíz dado que no se produjeron novedades significativas en el expediente. Los letrados patrocinantes de los condenados apelaron –por segunda vez- tal rechazo y la revisión de esa resolución recayó otra vez en dos jueces de otra jurisdicción, nuevamente de Esquel.
El 24 de diciembre en horas del mediodía, Carlos Richieri, pero esta vez acompañado de José Luis Ennis (Alicia Fernada Rivori fue reemplazada), aceptaron, ahora sí, que los condenados cumplieran detención domiciliaria. Es decir, salieron de la cárcel.
Con una argumentación demasiado elemental, ambos magistrados esquelenses sostuvieron que los condenados contaban con un sentimiento de arraigo en la ciudad y en la región y que por tal motivo dejaba de existir el peligro de fuga.
Es curioso como estos jueces de Esquel miden la existencia del sentimiento de arraigo. En particular, Carlos Richeri. Dado que, a criterio de este magistrado, dicho sentimiento de arraigo habría nacido en algo más de 10 días aproximadamente. Es decir, desde que rechazó el primero de los pedidos de detención domiciliaria –a medios de diciembre- a el otorgado el martes 24, vísperas de la Noche Buena. ¡¡¡Y valla que fue Noche Buena!!! En particular para los condenados.
Siempre en el plano de las conjeturas, pareciera que el acuerdo finalmente se materializó. Condenados en casa, por un lado, y leyes aprobadas, por el otro.
Pero no son solo conjeturas. El fiscal que acusó por corrupción al grupo de funcionarios y empresarios, una vez conocida la resolución de los jueces de Esquel, explotó. En un grupo de whatsapp del Ministerio Público Fiscal en el que se vuelcan las novedades, Olazabal fue contundente al escribir:
“Vergonzoso que sin fundamentos se apañe la corrupción”; “Cuando no puede explicar, es más fácil escapar. Pocas veces vi algo tan escandaloso”; “Son todos delincuentes!!! De la misma calaña. Los veo en el Consejo!!”, y “Felicidades a todos. Yo festejo en paz, otros no porque deben favores al poder!! Nada es gratis. Salud. Nos vemos pronto”.
*AN/ by Sergio Cavicchioli
