8 agosto, 2024
LA LEY BASES ADVIERTE QUE ANULA CUALQUIER OTRA NORMA QUE RESTRINJA ALCANCES NACIONALES
El Ejecutivo provincial reconoce el impulso del régimen para promover inversiones a gran escala pero se abstiene de habilitar las actividades extractivas en Chubut. Sin embargo la norma nacional somete a las
Los fundamentos del proyecto ingresado en la Legislatura del Chubut esta semana para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) afirma en sus considerandos que «el Régimen en cuestión constituye un mecanismo para promover inversiones del sector privado de gran escala en sectores estratégicos de la economía, con la finalidad de revertir la falta de crecimiento y desarrollo de nuestro país».
Argumenta además que «el ingreso per cápita de la Argentina lleva años de estancamiento y uno de los principales factores que ha provocado ese resultado está dado por la falta de inversión privada».
La gestión de Torres sostiene en la letra que «Debemos apostar al desarrollo y para ello hay que facilitar las inversiones privadas tal como lo viene haciendo este Gobierno provincial con las iniciativas de promoción de las inversiones turísticas y de la industria naval; solo así podrá respetarse la dignidad de las personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo para forjar su propio destino, sin depender de ningún tipo de favor político».
Y remarca que el RIGI permitiría «revertir los escandalosos e inaceptables indicadores de pobreza que hoy existen en nuestro país y que dan lugar a una situación inexplicable para un país con el potencial y la historia de la Argentina».
En su primer artículo, el proyecto de ley establece «adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que establece la Ley Nacional Nº27.742, en su Título VII, Capítulo I, artículos del 164 a 228, inclusive».
Su segundo artículo indica «excluir de la adhesión dispuesta en el artículo 1º las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII Nº68».
Mientras que el tercer artículo que «el ministro de Producción o el organismo que institucionalmente lo reemplace, será la autoridad de aplicación en todo lo atinente a las competencias correspondientes a la provincia de Chubut para la aplicación del RIGI».
Consultado sobre el proyecto esta semana, Torres destacó al respecto que «si la adhesión se logra, es posible que haya una inversión en materia de hidrógeno verde muy importante en la zona sur de nuestra provincia».
Otro aspecto al que hizo referencia, horas antes de que el proyecto ingresara a la Legislatura, fue la actividad minera en el marco de la adhesión a dicha norma nacional: «Es una discusión que está saldada, de hecho cualquier adhesión no compromete la vigencia de la Ley 5.001, así que no será un problema», aseguró.
Sobre los inversores interesados en Chubut cuando la provincia se adhiera al RIGI, el Gobernador precisó que «particularmente son dos: hidrógeno verde y el sector energético», agregando que «lo que eran antes empresas de hidrocarburos, hoy mutaron a ser empresas de energía, y muchas se están reconvirtiendo hacia la energía renovable».
«Si podemos apalancarnos para, financieramente lograr tener más parques eólicos pero que en paralelo contemos con la infraestructura de transporte que necesita la Provincia, la verdad es que sería un cambio radical no solo para Chubut, sino también para la región, y a eso estamos apuntando», expresó.
Pese a las certezas emitidas por el oficialismo chubutense, existe un artículo de la Ley Bases que según los analistas podría generar un conflicto jurídico y político entre las Provincias y el Estado Nacional.
Se trata del artículo 162 de la Ley de Bases, que establece que «sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho, nacional por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable (sic) y la Justicia Federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación».
Este artículo dispone efectivamente la invalidez de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a los beneficios y exenciones que crea el RIGI. Esto podría dar por tierra con la Ley 5001 que impiden en Chubut proyectos mineros.
Pese a esto, la Ley de ‘adhesión’ al RIGI pretendería excluir específicamente la minería en su artículo 2 del proyecto:«Excluir de la adhesión dispuesta en el artículo 1º las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII Nº68». Algo que no está demasiado claro y seguramente va a ser tema de fuerte debate legislativo, dado que hay quienes sostienen que no se podría adherir con ‘excepciones’.
En cuanto a las eventuales inversiones energéticas y si las mismas dependerían o no del Interconectado, el Gobernador aclaró: «Son independientes porque, además, en el marco de la regulación, un privado podría venderle al que quiera con sus propias líneas y con iniciativa privada también cobrar por la instalación de las mismas. Nosotros tenemos lo más importante, que es el potencial de los mejores rindes de viento; tenemos puertos de aguas profundas, extensión de tierra y la verdad es que Chubut hoy es vidriera de la transición energética y en hidrógeno verde, y lo que parecía lejano hace algunos años, cada vez se ve más cerca», afirmó.
«La verdadera revolución que necesita el país es de competitividad, de agregado de valor; por eso estamos planteando la necesidad de una Subzona Franca (para Trelew). Tenemos aeropuertos internacionales que nos permiten exportar nuestros recursos, y ese esquema nos puede poner en un lugar muy superior a otras regiones del país, así que no podemos desaprovechar esta oportunidad», aseguró Torres.
