14 febrero, 2022
Este martes, encuentro en la Cámara alta por las comisiones con deacuerdos de base. Se aleja la posibilidad de debatir en febrero.
La conducción de Cristina entra en el penúltimo año de la vicepresidencia quebrando una de las máximas que había impuestoMiguel Pichetto: el Senado es de los senadores. Esa norma no escrita de la cámara alta -que alguna vez se caracterizó como un «club inglés», frase de Antonio Berhongaray- afirma que un acuerdo político vale más que una reglamentación. Voltearle los asesores a un bloque sin consultar con sus autoridades, es una puñalada que puede traducir la represalia por el jugueteo con el quórum que casi deja sin ley de Bienes Personales al oficialismo. ¿Querían pelea? Acá la tienen.
La reunión del martes está citada para resolver el método para integrar comisiones en una cámara en la cual el peronismo ha sumado tres bancas después de la derrota de noviembre, que le afeitó la mayoría que tenía desde siempre. Una señal para la oposición, que después de perder las elecciones de 2019, también logró aumentar el número de bancas. Se consigna aquí para desmentir prejuicios que circulan como verdades escritas en piedra. Como, por ejemplo, la que dice que la plata maneja la política. Un dictamen que se contradice con la realidad.
Las relaciones de oficialismo y oposición dependen no solo de cómo se integrarán las comisiones. También de cómo saldrán las dos fuerzas de este entuerto de dudoso origen, como fue la caída de los contratados. Hay sospechas de mano negra, porque se conocieron en el mismo momento cuando el Senado se quedó sin sistema informático por el ataque de unos hackers que paralizó las computadoras. Hoy la cámara vuelve a la edad de piedra: papel y birome. Si un senador quiere presentar un proyecto, lo tiene que firmar de puño y letra, sin firmas digitales y toda la bijouterie cibernética que había legado a la humanidad la administración de Gabriela Michetti.
El desbaratamiento de la trifecta presidencial con la baja de los Kirchner le pone cámara lenta al Congreso. Se fue al diablo el llamado a sesiones extraordinarias, ese privilegio que tienen los gobiernos para acomodar la agenda legislativa a los temas de su exclusivo interés. Ahora en el Senado todo marcha hacia una sesión preparatoria el 24 de febrero. La cita del martes es importante porque, según la tradición, en esa preparatoria el recinto le confía a la presidencia –hoy de Cristina– el armado de las comisiones. Pero sin códigos y mostrando los dientes, la oposición le ha perdido confianza.
En Diputados hay encuentros previstos de Sergio Massa y los jefes de bloques para negociar comisiones. Pero de debates, ni hablar. La señal hacia adentro que significa la renuncia de Máximo Kirchner al bloque y su reemplazo por Germán Martínez ha sido devastadora para el oficialismo. Cecilia Moreau, amanuense de Massa, les comunicó a los bloques opositores que tampoco prevén sesiones extraordinarias. Salvo para algunos temas a los que nadie se opone. Pero todo va al 1°e marzo, inauguración del año con un discurso-rabieta de Alberto Fernández.
En el oficialismo nadie le pone fecha al final de esta transición larga, larguísima, que comenzó con la derrota del 22 de noviembre, siguió con la caída del presupuesto en Diputados y la renuncia de Maxi al bloque. La designación de Martínez, un legislador de modos pacíficos -«te abraza hasta para insultarte», ilustró un adversario en la cámara- anuncia nuevos cambios. Uno es el que filtra Olivos sobre la llegada de Agustín Rossi al Gabinete -jefe o ministro del Interior-.
Wado de Pedro estuvo el viernes en Puerto Iguazú con Juan Manzur para una cumbre de gobernadores del Norte Grande. Los del peronismo, o sea todos menos dos, Gerardo Morales y Gustavo Valdés. Aprovecharon reuniones laterales para interesarse en esos cambios. Los negó Manzur y los negó Wado. «Lo he hablado con Alberto y no es cierto lo de Agustín», le dijo éste a algún gobernador. Pinochismo político; además, nunca la víctima del cambio de gabinete va a admitir su propio despido. Como sea, son señales que no mejoran el clima interno.
Rossi no está tan lejos de Cristina como para entender su designación en el Gabinete como un gesto de independencia de Alberto, ni tan cerca como interpretarlo como una señal de conciliación. De Pedro también tomó distancia frente a la crítica de la familia al acuerdo con el FMI. “Vas a pagar un costo político”, le diría al renunciante Maxi. Más confusión, algo útil para un gobierno invertebrado, que no resuelve nada con la táctica de lanzar globos de ensayo a través de la prensa, como estos anuncios de cambios. Los globos de prueba son resignificados en el acto por los opinadores y animadores de la prensa militante, que los deforman para adaptarlos a sus prejuicios.
No hay buen clima entre los gobernadores del peronismo:
1) No los consultaron sobre el nuevo jefe del bloque.
2) Tampoco les explican el rumbo hacia 2023.
3) Tampoco ven señales para retomar la iniciativa, más allá de los proyectos que ellos reclaman. No hay “creatividad”, coinciden los consultados después de esa cumbre. En tres reuniones con ministros, Jorge Capitanich ha explicado la conveniencia de volcar a la inversión los pasivos remunerados del Central que se acumulan para esterilizar pesos. Su idea es crear condiciones para que los inversores saquen su posición de letras y pongan ese dinero en un fideicomiso que financie obras energéticas garantizadas con cargos específicos actualizados por los flujos futuros de venta de energía. Con eso –dice– se podrían financiar gasoductos u otras obras de transporte, generación y distribución de energía. obras viales, financiar exportaciones, etc. Nadie le ha respondido.
4) No saben quién estará con ellos en Salta en la próxima reunión del Norte Grande en abril, si estos ministros pasan a cuarteles de in[f]ierno.
5) Perciben que el único que conserva algo de músculo en la cúpula es Massa, pero es también un testimonio de vidas pasadas. Fue su representante ante el macrismo entre 2015 y 2019, cuando negociaban leyes y proyectos con Pichetto y Massa. «¿Estaremos condenados a Sergio?», se preguntan.
Los gobernadores del peronismo “federal” son un caso de antropología política. Ninguno quiso ser candidato a presidente en 2019, cuando su fuerza tenía asegurado el triunfo frente a un declinante Cambiemos. Una hipótesis defendible es que el techo del proyecto de la mayoría es asegurarse el control del territorio. Han logrado administrar con superávit primario en una economía perforada a nivel nacional. Supieron negociar rentas y ventajas con el gobierno de Macri, antes con Néstor y Cristina, y ahora con Alberto. Tienen la mayoría asegurada su reelección. Acomodan a sus aliados en las listas de candidatos a legisladores. Se mueven como quienes tienen saciada su concupiscencia de poder.
¿Para qué arriesgar el futuro con una aventura presidencial? ¿Para someterse a la trituradora de carne humana que es la política del AMBA, que ha llevado al calabozo a todos los presidentes del último siglo salvo a Alfonsín, De la Rúa y Macri? ¿Para someterse al juicio del sistema de opinión donde compiten periodistas militantes y opinadores pedagógicos que les dicen lo que deberían hacer y los amonestan porque no lo hacen? Prefieren dejarles ese oficio a los desempleados del AMBA, que por haber pasado toda su vida en el desierto sueñan con los techos dorados del poder presidencial olvidando que el sillón de Rivadavia es la silla eléctrica.
De esa reunión en Iguazú salieron señales de apoyo a la Nación en la campaña punitiva sobre las rentas de Larreta. Esperables, pero inocuas para ese candidato de teflón, al que sacan plata y sigue ganando elecciones. Un debate que se formaliza este jueves con la reunión de los delegados de Alberto y de Larreta –Alexis Guerrera y Manuela López Menéndez, secretaria de Trasporte-, una economista que secundó a Guillermo Dietrich durante el cuatrienio macrista. Habrá más chicana que nueces.
El debate sobre los subsidios se presenta como si fuera una revisión de los aportes de la Nación a Larreta. Pero en realidad obliga a una arqueología de los cimientos de la política del peronismo de la primera década del siglo (el ciclo Duhalde-Kirchner) de volcar recursos sobre el AMBA para proteger sus votos. Esa revisión se intentó en la negociación del Consenso Fiscal 2017, en donde figuraba la transferencia de Edenor, Edesur y Aysa y los organismos reguladores a Buenos Aires. Era el fruto de un forcejeo de los gobernadores del peronismo, pero que amenazó a gobernadores de Cambiemos, como Larreta y María Eugenia Vidal.
El peronismo que ganó las elecciones el 2020 congeló esas cláusulas del consenso y planchó durante dos años las tarifas, una manera de proteger la gestión de Kicillof. Ahora arremete con la demonización de Larreta por los $ 9.000 millones que recibe de la Nación para el colectivo. Le responderán el jueves que se reparta también los $ 80.000 millones que recibe Buenos Aires, sin poner nada de sus arcas, con cargo a los ATN. Esos $ 80.000 millones son parte del capital total que recibe el AMBA, que llega a los $ 230.000 millones. Discutamos todo, le dirá Larreta a Alberto. Veremos quién la tiene más larga.
El punto más interesante de esa reunión de Iguazú es un proyecto de ley que enviará el gobierno al Congreso para crear un tarifario diferencial de la energía eléctrica en las provincias, durante los meses de más calor y de más frío. Una manera de despegarlas del laberinto de los subsidios y ponerles alguna racionalidad estacional.
Si hubiera que identificar proyectos de alguna transcendencia en este período de rearmado de las fuerzas mirando al 2023, hay que señalar el que mandó a elaborar la mesa de Cambiemos para desandar otro camino abierto por el peronismo en la década del matrimonio: la provincialización de las causas de narcomenudeo. La «desfederalización» de esos delitos se impuso por una ley de 2005 (la N.º 26.052) para entregarles la represión de esos delitos de menor cuantía en el tráfico de drogas a la justicia y las policías provinciales.
Según la oposición, esa provincialización agravó las cosas y debe revertirse con una «refederalización». Expertos de todos los partidos de Cambiemos se comprometieron a preparar una ley que revierta esa provincialización, que fue un efecto de la era Blumberg. Sacarle la punición del narcomenudeo a la justicia federal, entendió el gobierno de Néstor Kirchner, la aliviaría para permitirle la instrucción de causas por delitos graves como los secuestros. Va a ser uno de los debates que va a ocupar la campaña hacia 2023.
De la cumbre de Cambiemos del jueves salió un código de convivencia de las fuerzas. Dispara un sistema que se pondrá a prueba este martes, a la hora de la siesta y en lugar a confirmar en la CABA, de los cuatro jefazos: Gerardo Morales, Maxi Ferraro, Miguel Pichetto y Patricia Bullrich. Se trata de armar la estrategia legislativa para la hoja de ruta que se resolvió el jueves: esperar el acuerdo con el FMI en el Congreso, rechazo del default, las deudas se pagan y no hay que aumentar impuestos. Se dice fácil, pero el trámite de cada uno de esos puntos da para las refriegas internas.
Uno de los mecanismos que debutan es el control de los legisladores para que no firmen por las suyas cualquier proyecto, como ocurrió con la iniciativa que presentaron diputados de Bullrich con Milei. El cuentapropismo monotributista es un problema de la política, territorio en donde ha naufragado el formato clásico de los partidos.
Este clima de confrontación inmisericorde parece teñir las relaciones entre oficialismo y oposición, pero prepara otro turno de entendimientos. El Consejo de la Magistratura tratará este lunes la instancia administrativa planteada por el Colegio de Abogados de suspender las elecciones del 5 de abril para aumentar los representantes de ese estamento. Si eso no ocurre, el 15 de ese mes el país entrará en otro default, el judicial. El asunto divide a los abogados de la CABA y a los del interior, y va a terminar en tribunales. Los más optimistas creen que la justicia avalará la elección y que no habrá colapso.
Lo que seguro no habrá es nueva ley, porque la cúpula cristinista del Senado le ha dado al proyecto enviado por Alberto el mismo destino que le brindó a la propuesta de Daniel Rafecas como procurador: el congelado, o si no te gusta, el charqueado o maduración en seco de las carnes gourmet. Pasa el tiempo, todos lo miran, pero nadie lo vota. Una forma de mortificación del aliado que suele ensayar el peronismo como herramienta de poder.
En el plenario Consejo de este lunes se discutirán situaciones de la misma gravedad, como los nombres de las nuevas autoridades que deben elegirse esta misma semana, el jueves. Alberto Lugones tiene todos los números para volver a la presidencia y habrá enroques en comisiones. Eso se puede conversar. Lo que es menos conversable es si las ternas de candidatos a jueces que deben aprobarse, también en el plenario del jueves, tendrán todas los 9 votos necesarios para elevarlas al Ejecutivo. Hasta ahora no hay consenso, algo que adelanta la parálisis del sistema que sobrevendrá con el default judicial del 15 de abril. En esa fecha los actos del Consejo serán nulos según la sentencia de la Corte que volteó la integración cristinista de 2006.
