24 febrero, 2022
Un informe del Centro de Estudios Políticos y Económicos repasa los puntos más importantes que deberá tratar el gobierno. Ordenar la macroeconomía sin desatender los salarios.
El Gobierno se encuentra en el último tramo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para alcanzar un acuerdo definitivo y una Carta de Intención para reestructurar los u$s 44.400 millones contraídos por el macrismo. Desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos consideran que es una condición necesaria para normalizar la economía pero ponen el foco en los desafíos postacuerdo.
La actividad económica argentina comienza a salir de los efectos de la pandemia. Durante el 2021, el PBI logró alcanzar un crecimiento del 10,3% para lograr recuperar la caída del 9,9% originada por el coronavirus y las restricciones sanitarias.
En primer lugar, uno de los puntos a analizar tiene que ver con la evolución de las reservas internacionales del Banco Central. De acuerdo a la organización que conduce el economista Leo Anzalone, el gobierno podría cubrir con creces los objetivos de crecimiento de reservas de u$s5.000 millones previsto para este año, tan solo a partir de las devoluciones que el FMI hará de lo pagado por Argentina hasta ahora.
Sin embargo, a pesar del récord de exportaciones, el BCRA culminó el 2021 sin poder acumular reservas. En ese sentido, señalan que la acumulación de reservas internacionales será “fundamental para poder pagar importaciones necesarias para seguir sosteniendo la recuperación, sobre todo de la industria y su demanda de importaciones”, con lo cual si el objetivo del Gobierno es crecer deberán destinar divisas para tal fin. De ahí que el FMI presiona para reducir el índice de crecimiento del país, con el fin de resguardar las divisas para el pago de deuda a futuro.
Pero además, desde el CEPEC apuntan que lograr incrementar el nivel de reservas también debería tener como fin robustecer la posición del BCRA en el mercado de cambios para “sobre todo, evitar expectativas devaluatorias que impactan, en el corto plazo, sobre la brecha cambiaria”.
Para lograr cumplir ambos objetivos, es decir, contar con divisas para importación y al mismo tiempo robustecer la posición del Banco Central el equipo económico del CEPEC propone poner especial atención en dos aspectos vinculados a la salida de dólares. “Dentro de la cuenta cambiaria se observa que si bien el rubro “bienes” tuvo un superávit por encima de los u$s15.000 millones, los “servicios” perdieron casi u$s4.500 millones, donde se observa un fuerte crecimiento de las importaciones, situación que debe seguirse de cerca para que haya dólares para el crecimiento. Viajes y otros pagos con tarjeta, sector desde donde el Gobierno intentó frenar la hemorragia de dólares, registró durante el 2021, una salida de dólares por u$s2.100 millones. Esto es solo un tercio del promedio 2016-2019, por lo que se deberá prestar puntual atención”, apuntan.
Otro aspecto tiene que ver con la inflación. En 2021, el Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec cerró en 50,9%, la segunda cifra más alta en 30 años.
Por un lado, el informe sostiene que el Banco Central redujo 10% en términos reales la base monetaria en el último tiempo, mientras que el ministerio de Economía, a través de distintas políticas de ajuste y crecimiento, logró reducir el déficit fiscal a la mitad.
Es por ello que apuntan que “no se puede explicar la inflación por encima del 50%” más allá de que señalan como “evidente el impacto de los precios internacionales en la economía doméstica”. Al mismo tiempo, advierten que es “imperioso hacer algo con aquellos sectores que vienen teniendo rentabilidades extraordinarias, con aumentos de precios por encima de la inflación”.
Siguiendo esa línea, adelantan que “hay pocos argumentos para suponer un fuerte descenso (de la inflación) este año”, echando por tierra las cifras propuestas por el Poder Ejecutivo en el fallido Presupuesto 2022, que proponían un descenso al 33%, es decir cerca de 18 puntos.
En el último punto ponen la mirada sobre los salarios. Dentro del sector de trabajadores registrados, el promedio de incremento alcanzó el 56,5% debido a un alza del 55,3% en el sector privado y un 58,6% en el sector público, con lo cual dicho espectro logró ganarle a la inflación del 2021 que culminó en 50,9%. Sin embargo, los trabajadores no registrados mostraron una evolución del salario de 40,6%, una pérdida de más de 10 puntos.
Respecto al primer grupo, el informe destaca que hubo “una interesante recuperación de los salarios privados, a partir de las reapertura de paritarias de mitad de año”, pero piden “políticas activas” para solucionar el notorio desplome de ingresos de los segundos.
“La inflación y los salarios van de la mano. No se puede sostener la recuperación económica mostrada en el 2021 sin que los salarios se posen por encima de los precios. Eso ocurrió con el promedio de las remuneraciones al trabajo, pero el sector no registrado, el más vulnerable de la sociedad, perdió poder de compra de manera considerable”, remarcan y agregan que mejorar las condiciones salariales de los deciles más bajos no solo debe estar motivado “por una cuestión económica, sino también, por una cuestión política”.
Por ello ponen el foco en avanzar con herramientas que permitan controlar la inflación, al considerarla una tarea “fundamental” ya que “más allá de lo dañina que es en el mediano y largo plazo para la economía, en el día a día impacta de lleno en los que menos tienen”.
“Desacelerar su velocidad debería ser el objetivo preponderante este año, entender que la multicausalidad no puede ser solo un enunciado y la coordinación y comunicación son decisivas para ir en ese objetivo. Menos inflación es mejores salarios y un peso más fuerte. En conjunto eso es una mejor economía”, concluyen.
