27 julio, 2021
“Vendían alimentos por Facebook y lo ofrecía la pareja de Huichaqueo”, aseguró uno de los 14 testigos que deponen en el marco de la segunda jornada del juicio, que se lleva adelante contra cuatro exfuncionarios y colaboradores, por la venta de alimento para mascotas que habían sido donadas en medio del temporal de 2017 en Comodoro. Allí están imputados por el delito de “peculado en concurso con falsificación de documentos públicos” la exministra de Familia Leticia Huichaqueo; el ex subsecretario de Promoción Social Marcelo Suarez; y Juan Carlos Gómez, quien además de ostentar un cargo público era pareja de Huichaqueo al momento de los hechos. Mientras que una cuarta persona accedió a ‘probation’.
El caso por lo particular genera repudio y conmoción en la ciudadanía que no puede creer que una exministra provincial haya podido ‘malversar’ alimento para mascotas con tal de generar un dividendo presuntamente para sí y un grupo de allegados. Hablaría de dos cosas: o de la miserabilidad y falta de límites en los repartos, o en la carencia absoluta que llevó a apelar a un rédito inmediato.
Para una gran mayoría de la audiencia, el hecho -de ser probado- es repudiable más allá de la pobreza que puedan mostrar los involucrados, porque se trataría del robo de una donación para un sector que estaba en emergencia y que le había sido dada en guarda al estado provincial, pero en todo caso el llamativo juicio denotaría otra vez el juzgamiento de hechos menores que terminan de alguna manera desviando la atención de las gravísimas malversaciones que hubieron en el estado.
«Para Huichaqueo, de probarse que se malversaron 500 bolsas de alimento para perros piden 5 años de prisión, mientras que para todos los empresarios de la construcción que coimearon y sobrefacturaron millones de dólares, se les terminó dando como condena alguna que otra tarea comunitaria y un chirlo en el ego, y siguen presentándose a licitaciones públicas sin ningún impedimento pese al gravísimo antecedente sobre el cuál deberían haberlos limitado», reflexionó un experimentado profesional del derecho descreído de la justicia impartida en estos procesos que se vinculan a estafas con lo público.
Como sea, este martes se llevó adelante la audiencia de debate por la causa Royal Canin. El juicio es por la donación de 491 bolsas de alimentos para mascotas que nunca llegaron a Comodoro. El fiscal anticipó que pedirá 5 años de cárcel para Huichaqueo, exministra de Familia.
Luis Rubio es rescatista de animales, y este martes comentó que se enteró que vendían alimentos por Facebook. Realizó trabajos de rescate junto a Gisel Manzanares. “Por facebook lo ofrecía la pareja de Hichaqueo” indicó.
Otro de los testigos de la causa, Ale Jones, empleado del Ministerio de Familia, sampista en el depósito, comentó: “No se firmaban remitos por orden de Leticia Huichaqueo”. Asimismo denunció que: “la jefa no estaba nunca”, en relación a Barale responsable del lugar. También admitió que cargó alimentos en la camioneta de Gómez.
El fiscal del caso “Royal Canin”, Héctor Iturrioz, se está por el momento luciendo con una causa de fuerte circulación en redes sociales. Detalló por medios del Valle como continúa el ‘CaninGate’ iniciado este lunes, repasando que a lo largo de esta semana declararán nada más ni nada menos que 14 testigos, “reconociendo los documentos que gestaron o acompañaron”, respecto a las presuntas entregas de las bolsas de alimento.
Pero advirtió que pese a la trascendencia de la causa sin embargo, no será transmitida para evitar “que la prueba se contamine”, ya que “los demás testigos podrían ver las declaraciones y terminar influenciados (sic). Para evitar acuses de nulidad se decidió no trasmitir” el juicio pese a considerarse ‘oral y público’.
En cuanto a lo resuelto por la Justicia, que concedió la suspensión de juicio a prueba para la ex titular del Sindicato de Amas de Casa de Rawson, Micaela Cordero, el fiscal señaló que “estaban todos los requisitos que prevé la norma”.
“El delito que se le había atribuido no era de corrupción y no fue cometido por un funcionario público”, sentenció, además de señalar que “la expectativa de pena lo hacía procedente”.
Iturrioz remarcó que “se acreditaron los problemas graves de salud y su estado de pobreza (sic)”. Apuntó que la mujer quedó en carácter de “probada” por lo cual tendrá pautas de conducta por 2 años, deberá cumplir con 40 horas de trabajo comunitario, y pagar una reparación de mil pesos.
Finalizó recordando que en el caso de los 3 imputados que siguen en el juicio, se pedirán penas de efectivo cumplimiento “en el caso de Huichaqueo pedimos 5 años, 4 años y 6 meses para Gómez y 3 años y 6 meses para Suarez”.
“Esta semana terminamos el debate, estimamos que la semana que viene tengamos el veredicto”, cerró.
Sin dudas una de las causas que generará mayores comentarios, pero que podría restarle protagonismo a otras tantas cuestiones pendientes que ameritan continuidad y definición en el marco de los juzgamientos por corrupción en el ejercicio de funciones públicas que ostenta Chubut.
