14 abril, 2021
El tribunal dio este miércoles a la tarde el veredicto en el que determinó la culpabilidad de siete ex funcionarios de la gestión Das Neves y de un empresario de la construcción, en la causa más importante de corrupción en la provincia.
El juicio de la causa Revelación concluyó este miércoles tras un extensa investigación sobre maniobras de corrupción que involucraron a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción.
En horas de la tarde los jueces leyeron el veredicto en donde se declaró penalmente responsables a los ocho imputados en la causa, entre ellos, Víctor Cisterna (organizador, en calidad de autor bajo la modalidad de delito continuado en concurso real con exacciones ilegales); Diego Correa (organizador, en calidad de autor por delito continuado con exacciones ilegales); Pablo Oca (miembro de la asociación ilícita como autor y partícipe primario); Alejandro Pagani (miembro de asociación ilícita como autor en concurso real de cohecho pasivo); Martín Bortagaray (miembro de asociación ilícita y cohecho pasivo); Diego Luters (miembro de la asociación en calidad de autor); Gonzalo Carpintero (como autor por enriquecimiento ilícito) y Martín Castillo (cohecho activo en calidad de autor).
En algunos de los tramos el veredicto fue dividido. La fiscalía pudo probar la existencia de una asociación ilícita que tuvo como organizadores a Víctor Cisterna y a Diego Correa y como miembros a Pablo Oca, Alejandro Pagani, Diego Luters y Martín Bortagaray. Además se encontró culpables a Gonzalo Carpintero, del delito de enriquecimiento ilícito y al empresario Martín Castillo del delito de cohecho activo.
Los jueces detallaron en primer lugar que no hicieron lugar a los planteos de nulidad realizados por los distintos abogados. Además, la incompetencia fue rechazada, al igual que planteo de que prescribieron los plazos legales. También se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de asociación ilícita.
El juez Mariano Nicosia manifestó previo a la lectura del veredicto que «hubo variaciones a la teoría acusatoria pero no afectaron la congruencia. El número de participantes de la asociación fue variando, pues se fueron incorporando participantes, pero desde el inicio nunca fue menor a tres. Mario Das Neves tuvo una participación trascendente en el armado, al punto que finalizó cuando desapareció».
En cuanto al hecho principal, la asociación ilícita, indicó que «tres de los imputados admitieron la existencia de una organización criminal montada en la estructura del gobierno en la que empresarios ahogados por sus acreencias dieron pagar a través de un retorno correspondiente a su deuda para cobrar los pagos adeudados. Cisterna y Martín Bortagaray la desconocieron pero otros la admitieron y hay elementos de prueba», expresó.
«Se estableció desde y hasta cuándo duro la organización y fue clave el testimonio de Pablo Oca, con admisión de culpabilidad, como también los hicieron Diego Correa y Diego Luters», detalló y dijo que ésta operó «desde diciembre de 2015 hasta la desaparición física de Das Neves».
Según precisó la jueza, «primero en cabeza de Cisterna y luego en cabeza de Correa, los mismos cheques pasaron de uno a otro. El reconocimiento realizado por Oca, Luters y Correa fue avalado por los empresarios de la construcción».
«En un allanamiento en casa de los padres de Luters se descubren las fotocopias que permitieron dar con los originales de los cheques. También se encontraron elementos de cómo se materializaban los porcentajes de entre 3 y 5 por ciento. También figuraban las planillas de ingresos y gastos, y hay constancia de pagos en efectivo de empresarios de la construcción. La mensajería del teléfono de Luters permitió ver la trama de las operaciones. También se acreditó que con el monto recaudado utilizaban gastos políticos, sobresueldos y compra del Canal 9 de Comodoro Rivadavia», detalló Nicosia y mencionó además que «Pagani tuvo participación efectiva al seleccionar con Correa que empresas cobraban y cuáles no».
«Correa gestionó nuevas modalidades y estableció nuevas funciones entre sus integrantes. En las planillas de pago figuran muchos más funcionarios que deben ser investigados. Bortagaray puso a disposición de Correa todo el IPV, y fue proactivo ya que brindó toda la ayuda en ese sentido, brindó todas las planillas -admitió el juez- y recibió órdenes de Correa sobre qué empresas iban a cobrar».
«Carpintero tenía un manejo discrecional de esta caja y recibía una de las sumas de mayor importancia, lo que nos da una pista de su importancia, y compartía la misma oficina con Correa, dónde se desarrollaba la actividad ilícita, pero ante el retiro de la acusación en tribunal debe absolver por este hecho al imputado», expresó el juez.
Dijo que el enriquecimiento ilícito de Carpintero ha sido probado, los peritos demostraron la evolución patrimonial. También fue reconocido por el imputado. Por más que no haya acuerdo en los valores de referencia, el estimativo arroja que el incremento es ilegal, que asciende a más de 800 mil dólares», detalló.
*ADNS, JCH
