19 febrero, 2021
El tribunal rechazó planteos de nulidades y escuchó las teorías del caso que esbozaron los defensores de los imputados. La fiscalía presentó a sus primeros testigos.
El segundo día del juicio oral y público de la denominada causa Revelación se cerró ayer con los primeros testimonios ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal, luego de un día en el cual los jueces que integran el tribunal rechazaron planteos de nulidad y escucharon las teorías del caso que plantearon los abogados defensores de los ocho imputados.
La causa investiga supuestos hechos de corrupción en la adjudicación y pago de obras públicas, en la cual están vinculados exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción.
El tribunal a cargo del juicio está integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana María González y Alejandro Rosales, siendo el primero de ellos quien presida las audiencias a realizarse en la sede de la Oficina Judicial de Rawson.
La jornada de debate se inició con el planteo de nulidad efectuado por el abogado Jorge Rubiolo, quien representa al imputado Juan Martín Bortagaray. El letrado aseguró que de la acusación efectuada por el Ministerio Público Fiscal se desprende que algunos de los hechos atribuidos al exfuncionario se produjeron con anterioridad a su designación como titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Por otra parte, recordó que en el marco de esta misma investigación Bortagaray fue detenido siendo Ministro de Familia, a la par de haberse realizado allanamientos en su domicilio y en su oficina de Casa de Gobierno. Rubiolo ilustró a los jueces sobre las consecuencias que trajo aparejado ese procedimiento a raíz de tener el imputado inmunidad por su condición de ministro del gobierno provincial. En ese contexto sostuvo que eran nulas todas aquellas pruebas llevadas a juicio que estuvieran relacionadas con ese procedimiento y en ese plano citó una pericia sobre un teléfono celular y declaraciones de testigos, entre otros elementos.
El fiscal Nápoli informó a los jueces su decisión de desistir de todas aquellas pruebas que pudieran estar viciadas por haber sido obtenidas a partir del mencionado procedimiento, pero descartó el planteó de Rubiolo respecto al resto de los testimonios vinculados a Bortagaray, ya que los mismos están vinculados a una línea de investigación independiente; en parte por el trabajo de campo de los investigadores y en parte por la declaración de imputado que en su momento brindara uno de los imputados de este mismo caso, como es Diego Lüters.
Las querellas adhirieron al planteo del fiscal y finalmente el tribunal tomó nota de las pruebas desistidas y no hizo lugar al planteo del abogado defensor sobre el resto.
El abogado Carlos María Villada, quien representa al imputado Alejandro Pagani, planteó la nulidad de las acusaciones, tanto públicas como privadas, contra su defendido. El abogado informó al tribunal que el planteo ya fue realizado en otras etapas de la causa y sostuvo que las “pseudoacusaciones” de la fiscalía no plantean una descripción clara y precisa de los hechos que se adjudican a Pagani, pues “carecen de características de tiempo, lugar, circunstancias” y se preguntó “¿qué es lo que se le imputa a mi asistido?”.
El planteo de Villada, al cual también había adherido el abogado Emilio Galende – representante de Víctor Hugo Cisterna- fue rechazado por los jueces, por entender que la defensa de Pagani conoce desde la apertura de investigación cuales son los hechos que se le imputan e incluso ha delineado su propia estrategia de defensa.
Tras haberse escuchado los alegatos de apertura del Ministerio Público Fiscal y haberse resuelto las nulidades, los abogados de los ocho imputados esbozaron ante el tribunal sus teorías del caso.
El Dr. Fabián Gabalachis, abogado de los imputados Pablo Alejandro Oca y Diego Miguel Correa explicó que su teoría se centrará en cuatro o cinco puntos. En primer lugar sostuvo su convencimiento que la figura de la asociación ilícita es inconstitucional, reservando su fundamentación para el caso de que la fiscalía sostenga la acusación en sus alegatos finales.
También expresó que según entiende, los hechos imputados a sus asistidos y que tienen vinculación con Bortagaray se terminarán desechando por ser el IPV un organismo del estado provincial que se maneja con fondos propios y la prueba que pudiera existir respecto a posibles delitos en ese lugar no están vinculados con la función que cumplía Pablo Oca como Ministro de Economía. Asimismo aseguró que respecto a Correa, que su rol funcional en el gobierno era de tercera o cuarta línea, con lo cual “es bastante difícil que pudiera ser el organizador de una asociación ilícita e ir por sobre la voluntad de los ministros, que eran funcionarios de mayor rango” expresó Gabalachis.
Gabalachis pidió también incorporar al expediente en carácter de prueba la condena que pesa sobre Correa por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta en el marco de la denominada Causa Embrujo. El abogado sostuvo que en caso de sostenerse la acusación por la primera de esas figuras, “no puede pensarse que mi asistido anda por la vida formando asociaciones ilícitas en cada causa”.
El Dr. Rubiolo por su parte dijo que su objetivo es demostrar en el juicio que durante su paso por el IPV, Bortagaray cumplió con las normas establecidas por el propio organismo; mientras que el Dr. Abdón Manyauik, a cargo de la defensa técnica del empresario Martín Castillo indicó que la finalidad de su tarea será demostrar “que los hechos de esta acusación no han sucedido y al finalizar el juicio pediré la absolución de mi asistido”.
El Dr. Federico Ruffa, defensor de Gonzalo Carpintero Paterson, sostuvo que de la propia prueba que presentará la fiscalía quedará acreditado que su defendido “no participó en ninguno de los hechos que lo vinculan con la asociación ilícita” y afirmó que el exfuncionario provincial “no participó de ninguno de los cohechos imputados”, como así también que no es organizador ni partícipe del delito imputado.
Villada reiteró en su teoría del caso la base del pedido de nulidad y aseguró que Pagani “no fue ni siquiera participe” de una asociación ilícita, al tiempo que adhirió al planteo de inconstitucionalidad planteado por Gabalachis.
El abogado Galende expresó a los jueces que durante el juicio va a cercenar la intención de condena hacia su asistido, cuestionando que no se han cumplido las exigencias de ley en cuanto a una acusación clara y precisa, avalada con pruebas, respecto a la imputación contra Cisterna.
Por último, el defensor público Lisandro Benítez –abogado de Diego Lüters- sostuvo que su defendido solo está imputado como miembro de una asociación ilícita, figura que consideró también inconstitucional. Más allá de eso, sostuvo que tal como lo ha expresado desde el principio de la acusación, su defendido trabajaba a tiempo completo en Casa de Gobierno y cumplía orden que iban desde “hacer un asado, pagar impuesto y hasta comprar diferentes cosas vinculadas con la vida cotidiana”. En ese sentido afirmó que Lüters “no ha cometido ningún delito, quedará probado que es un dislate la participación que se le endilga”.
Tras un cuarto intermedio, el tribunal rechazó el pedido de Gabalachis para incorporar como prueba la sentencia condenatoria contra Correa en el marco de la causa Embrujo y a continuación se dio inicio a la etapa de testimoniales del juicio.
Los dos primeros en prestar declaración fueron los testigos de la fiscalía Juan Carlos Núñez y Guillermo Figueredo. El primero de ellos –excomisario e integrante de la Policía Judicial – dio detalles sobre el trabajo de pesquisas realizado en el marco de esta causa, en especial relacionados con los procedimientos y detenciones efectuadas durante la investigación.
Figueredo en tanto es un informático del Ministerio Público Fiscal y brindó detalles sobre las pericias efectuadas en distintos equipos secuestrados en el marco de la investigación penal efectuada por la fiscalía en esta causa.
El juicio tendrá continuidad este viernes con una extensa lista de testigos, todos ellos ofrecidos por la fiscalía.
*Juschubut
