Mientras, se continúa debatiendo la situación de Cigudosa y Raúl Care, ex Secretario de Coordinación del Ministerio; Gustavo Hueichan, su secretario privado; y el empresario Daniel Gel.
La causa se inició a principios de 2019 y luego de impugnaciones cruzadas por parte los fiscales y los defensores, en la audiencia el juez de garantías Fabio Monti deberá controlar si la investigación penal cumple con los requisitos para ser elevada a juicio oral y público.
Cigudosa se vio obligada a renunciar en su momento porque su caso afectaba las chances de reelección de Mariano Arcioni, aunque formó parte de la boleta de candidatos a diputados provinciales de Chubut Somos Todos, resultando electa. Su mandato concluye en diciembre del año que viene.
La audiencia se realiza en la Oficina Judicial de Rawson y el Ministerio Público Fiscal esta representado por el fiscal general Omar Rodríguez.
Entre los imputados, además de Cigudosa, hay otros dos funcionarios de ese Ministerio: Raúl Care y Gustavo Hueichán. Por el lado de las empresas que participaron en las maniobras que se investigan fueron imputados Daniel Schmidt, Félix Currumil, Roxana Pereira y Jorge Santucho.
Maniobra investigada
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, la maniobra investigada consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores que concretaban ofertas para que en definitiva el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.
Según los fiscales, detrás de este velo de aparente legalidad se escondía la verdadera intención de los nombrados que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos. El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación a realizar en 24 escuelas de Rawson y Playa Unión.
En la acusación que será la base de los hechos a ser develados en el debate oral, además de la falsa competencia, se encargaron de incrementar los montos generando un sobreprecio para hacer más rentable el negocio. Se recordó al respecto que el Estado anticipó el 50% del monto total, inmediatamente después de comenzados los trabajos.
Los investigadores destacaron además que las tareas a realizar no se condecían con las reales necesidades de los establecimientos. Las maniobras se habrían pergeñado en el mes de enero de 2019 y significaron un perjuicio al Estado de 1.465.615 pesos.
Las imputaciones
Cigudosa, Hueichán y Care fueron imputados del delito de defraudación por administración infiel, en calidad de autores, y el resto de los imputados -las personas relacionadas con las empresas- como partícipes necesarios de ese delito.
A Schmidt se le sumó además el delito de violación de pruebas, registros y documentos. Este aspecto está relacionado con los intentos supuestos de ocultar documentación que lo incriminaba durante el allanamiento a su empresa constructora, cuando arrojó al desaguadero del baño escritos que antes había destruido parcialmente.
*JCH