7 marzo, 2022
Se trata de Alejandro Mon, quien sostuvo que «de 1.300 pagos adelantados que se hicieron, el 88% fue para empresas del Grupo Austral».
Un ex asesor de Vialidad Nacional que se desempeñó bajo el gobierno de Mauricio Macri fue a declarar como testigo en el marco de la causa que investiga la presunta corrupción en las obras y licitaciones entre la gestión de la familia Kirchner y el contratista Lázaro Báez. Se trata de Alejandro Mon, quien sostuvo que hubo un favoritismo explícito con la constructora del amigo de Néstor Kirchner.
La causa ya tiene procesada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez por el posible fraude de unos 51 contratos valuados en 46 mil millones de pesos que pagó el estado nacional . A su vez, fue elevada a juicio oral y en esta nueva audiencia es donde fue a declarar Mon, asesor del Administrador General de Vialidad Nacional y encargado de analizar los contratos con la empresa Austral Construcciones, de la familia Báez.
Allí dijo que «de 1.300 pagos adelantados que se hicieron, el 88% fue para empresas del Grupo Austral», y precisó irregularidades en la forma y las fechas de pagos de los anticipos de dichas obras, lo que dio a entender de un favoritismo hacia la empresa de Báez.
Mon puntualizó en que había pagos que vencían el 15 de noviembre de 2015, es decir, a menos de un mes del cambio de gobierno de Cristina Kirchner a Mauricio Macri, y que se pagaron el 8 de noviembre. Al mes siguiente, Lázaro Báez despidió a unos tres mil empleados de la constructora alegando la falta de pagos desde el estado.
Sin embargo, según precisó Mon en su declaración bajo juramento al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), «las empresas del Grupo Austral cobraban por adelantado, por eso no estaba dentro de los juicios iniciados contra Vialidad como hicieron tantas empresas por retraso en los pagos». Esos pagos por adelantado generaron que otras empresas contratistas del Estado denunciaran la falta de pago y generaran juicios por 3900 millones de pesos a la propia administración pública.
La imputación de la causa sostiene que desde el kirchnerismo se «montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz».
Mon aseguró que de los 1.300 pagos adelantados que realizó bajo esa resolución Vialidad Nacional «88% fueron para las empresas del Grupo Austral, para obras en Santa Cruz. El 11% fueron para empresas del Grupo Austral para Chubut, Formosa y otra provincia, y solamente doce pagos fueron para otros contratistas».
*EP
