El fiscal Marcelo Colombo pidió este miércoles al Tribunal que prepara el juicio por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA que rechace un planteo de nulidad de las defensas, basado en las visitas al expresidente Mauricio Macri por parte de dos jueces que reabrieron el caso, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Colombo consideró «acreditadas» estas visitas a la quinta de Olivos y advirtió sobre su «gravedad» pero remarcó que no hay prueba de su directa relación con la reapertura del caso el 29 de diciembre de 2016, por parte de la sala I de la Cámara Federal de Casación, que integraban Borinsky, Hornos y la jueza Ana María Figueroa.
Al término de la exposición fiscal, la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a cargo del abogado Carlos Beraldi, pidió derecho a responder para «demostrar que el fiscal se ha equivocado».
«Advierto una notable, preocupante confusión entre lo que es un problema de imparcialidad y lo que significa un problema de falta de independencia de los que han actuado en el proceso, tomando decisiones dirimentes para que esta causa esté en juicio», sostuvo Beraldi al sumarse a un pedido de derecho a réplica hecho el defensor del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, Mariano Fragueiro Frías.
Además, el abogado de la expresidenta remarcó que la fiscalía introdujo en su exposición un «hecho nuevo», una denuncia que presentó Colombo para que se investigue al juez Borinsky por un supuesto asesoramiento a una de las querellas del caso, la DAIA, en la causa, en base a una publicación periodística.
Esa denuncia se presentó en los tribunales federales de Retiro y quedó a cargo del juez Sebastián Casanello.
El Tribunal concedió los pedidos y fijó una nueva audiencia para escuchar a las defensas el próximo miércoles desde las 9.
Luego de este trámite, los jueces del Tribunal Oral Federal 8 María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado quedarán en condiciones de resolver si hacen lugar a la nulidad y cierran la causa o la rechazan y siguen con la preparación del juicio.
La opinión de la fiscalía no es vinculante por lo cual los magistrados deberán evaluar sus argumentos y los que expusieron en jornadas anteriores las defensas, que reclamaron también los sobreseimientos de todos los imputados.
Al iniciar su exposición, Colombo anticipó su pedido de rechazo a la nulidad del caso aunque cuestionó por su «gravedad» los encuentros de jueces de Casación con Macri.
También pidió que se remita la grabación de la audiencia al Consejo de la Magistratura y a los magistrados que llevan causas penales por estos hechos, incluidas las de la llamada «mesa judicial» en el macrismo.
«La declaración de nulidad resultaría prematura, aun admitiendo la enorme complejidad de la cuestión traída a estudio»
MARCELO COLOMBO
Colombo afirmó que las visitas a Macri están «acreditadas» pero interpretó que el expresidente no es parte en el caso y «la declaración de nulidad resultaría prematura».
«La declaración de nulidad resultaría prematura, aun admitiendo la enorme complejidad de la cuestión traída a estudio», dijo.
Al mostrar en la audiencia virtual filminas con el listado de visitas de Borinsky y Hornos a Olivos, la fiscalía entendió que no hay por el momento evidencia de falta de imparcialidad de los jueces que reabrieron el 29 de diciembre de 2016 la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien había sido cerrada por inexistencia de delito por el juez Daniel Rafecas.
En otro aspecto, al recordar que el entonces presidente Macri «festejó» el fallo que ordenó reabrir la causa, el fiscal cuestionó a «nivel personal» a quienes «como objetivo de discusión democrática de ideas proponen el festejo de apertura de causas judiciales en relación a su oponente o rival político».
«Esa felicitación revela incluso que el expresidente Macri ni siquiera conocía el fallo que festejaba del 29 de diciembre», agregó, porque la resolución tuvo también la firma de Ana María Figueroa, la tercera integrante de la sala con Hornos y Borinsky y que fue objeto de críticas por parte del entonces Presidente.
«Lo que tenemos que analizar es si se han violado o no garantías procesales», porque «no se puede medir temores de parcialidad en abstracto», sostuvo el fiscal.
Para Colombo, del análisis de todas las visitas «hoy no se puede tener mayor información sobre el objetivo o sentido de las mismas».
El fiscal apuntó que «existen registros que acreditan que los jueces acudieron a la Casa Rosada y residencia de Olivos durante los cuatro años» de gobierno de Macri, «antes y después del dictado del fallo de reapertura de la causa» que también fue firmado en ese sentido por Figueroa, recordó.
Colombo aludió a una «continuidad» de las visitas de los jueces, antes y después del fallo, «muchas relacionadas con esta cuestión del tenis y el paddle en 2019», dijo en el caso de Borinsky.
«Estas numerosas visitas es un hecho que nosotros no pretendemos subestimar en absoluto y la gravedad de este comportamiento será motivo de solución en las instancias de control» de ambos magistrados, dijo el fiscal.
Pero «hay que demostrar si se pueden conectar con el caso para afirmar que hubo afectación del juez imparcial», remarcó.
Al hablar de las visitas, Colombo puntualizó sobre todo en una del juez Borinsky a Olivos el 23 de diciembre de 2016, cuando ingresó y se retiró a la misma hora que Leandro Cuccioli, quien en 2018 fue designado titular de la AFIP.
Sin embargo, el fiscal sostuvo que «la precariedad que tiene la documentación» no permite «dotar de significado, sentido o propósito a las visitas».
«Las visitas que fueron acreditadas se produjeron respecto de una persona que no es parte ni es interesado», dijo el fiscal.
El pedido de nulidad y de convocar a esta audiencia fue de la defensa de la Vicepresidenta y de la del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, que ejerce Lucila Larrandart.
Borinsky y Hornos aparecen en los registros de visitas a Macri en la residencia de Olivos y para las defensas debieron haberse excusado en ese entonces de intervenir en la causa por la firma del memorándum con Irán y ordenar la reapertura del caso.
En la causa se acusó a todos los procesados de supuesto «encubrimiento agravado» en base al argumento que el memorándum supuestamente buscaba hacer caer las circulares rojas de Interpol que ordenan la captura internacional de ciudadanos iraníes acusados del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía en el barrio porteño de Once.
