Nueve empresarios fuertes de la pesca en Chubut, además de unas 19 empresas dedicadas a la pesca, la estiba y la logística pesquera, están mencionados en una causa que impulsa el juez federal Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
Los allanamientos se produjeron la semana pasada en medio de un fuerte hermetismo, pero el vínculo entre el sector empresario investigado y LLA fue tema de conversación y debate durante todo el fin de semana en gran parte de la provincia. Del mismo modo que la pelea que parte del sector lleva adelante con el Gobernador Ignacio Torres. Una relación que se fue tensando y parece no tener destino claro con los consiguientes combates cada vez más virulentos en los estrados y otros ámbitos de poder.
El financiamiento de la política y el aval para las próximas elecciones es uno de los temas que nadie quiere vincular directamente con estas avanzadas judiciales, pero resultan evidentes, más alla de las irregularidades que siempre rodearon a un sector que mueve millones de dólares por año y está atado a un recurso renovable sobre el que tienen potestades tanto Nación como Provincia, con administraciones casi siempre cuestionables.
Procedimientos masivos en el Valle
Yadarola firmó la semana pasada una orden para realizar allanamientos múltiples que fueron ejecutados por personal de Gendarmería Nacional, principalmente en domicilios ubicados en Chubut, con sonoras repercusiones principalmente en Trelew y Rawson.
El caso salió a la luz luego de la detención de Carlos Rinaldi, titular de Migraciones en Chubut y reconocido militante libertario de Rawson y Playa Unión, además de operador local del diputado nacional César Treffinger. Rinaldi, que tal como confirmó este martes su abogado defensor, Fabián Gabalachis, fue apresado y llevado en una camioneta de Gendarmería a la Ciudad de Buenos Aires para ser indagado, y el viernes por la tarde fue liberado. (Ver https://chubutline.com/confirmado-el-delegado-de-migraciones-carlos-rinaldi-fue-detenido-liberado-y-esta-investigado-por-la-justicia-federal/ )
Ahora se sabe que esa detención estuvo vinculada a la causa madre en la que se investigan a empresarios y empresas de la pesca de Rawson por presuntos delitos económicos, ya que Rinaldi habría participado de un trámite administrativo vinculado a los empresarios pesqueros sobre el que Yadarola puso la lupa. Sin embargo, el juez se declaró incompetente en la investigación de ese trámite y derivó la causa al titular del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, a cargo del Dr. Gustavo Lleral, quien deberá determinar la responsabilidad o no de lo actuado por Rinaldi como funcionario público.
Sin embargo, el tenor de la causa principal no se modificó ni cambió de jurisdicción, y ahora se conocieron parte de los términos utilizados por el juez para pedir las actuaciones contra empresarios, empresas y varios contadores involucrados en la investigación.
Quienes están siendo investigados
Los procedimientos en cuestión fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, “en el marco de la causa Nro. 289/2026 caratulada Ezequiel Jaroslavsky y otros sobre infracción a las Leyes 22.415 y 27.430 del Código Aduanero y del Régimen Penal Tributario y el 303 del Código Penal”.
La orden de Yadarola alcanzó a los empresarios Sergio Gustavo Pantano, Rafael Alejandro Suárez, Ezequiel Alberto Jaroslavsky, Raúl Matías Cereseto, Raúl Horacio Cereseto y Claudio Alejandro Gallo, además de los contadores públicos Leonardo Alberto Chiachio (de Trelew), Pamela Beatriz Solar Toro (de Buenos Aires) y Patricia Ferrara (de Mar del Plata).
Las empresas mencionadas en la orden del juez están casi todas vinculadas a los empresarios investigados. Se trata de Scarico S.R.L., Talita Kum S.R.L., RV S.A., Estibajes Suarmo S.A., Pesquera Hemos Triunfado S.A., Pesquera Anave S.A., Pesquera Virgen de Itatí S.R.L., Melimar S.A., Camaronera Patagónica S.A., Suarmo S.A., Ponte Décimo S.A.S., Don Geronimo S.R.L., Servi Port S.A., Las 3 M S.R.L., Bairespack S.A., Cedife S.A., Logport S.A., Transportes Javier S.R.L., Sintermetal S.A.I.C..
Las medidas incluyeron el secuestro de documentación contable, financiera, bancaria, societaria y digital, además de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
En el texto de la resolución judicial se detalla que los procedimientos apuntaron a obtener información relacionada con distintos empresarios y firmas del rubro, entre ellas pesqueras, compañías de logística, estibaje y transporte.
La orden, además, habilitó a las fuerzas intervinientes a requisar oficinas, depósitos, locales, construcciones y demás dependencias vinculadas a los investigados.
La medida autorizó específicamente el secuestro de documentación en soporte papel y digital, incluyendo libros contables, registros societarios, archivos informáticos, discos de respaldo, resúmenes bancarios, comprobantes de operaciones comerciales, documentación aduanera y dispositivos de almacenamiento como notebooks, tablets, discos externos y pendrives.
“La detención de Carlos Ernesto Rinaldi, titular de la delegación Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones, provocó un fuerte cimbronazo político en Chubut”, publicó Infobae al dar cuenta sobre los procedimientos ordenados por el juez Yadarola que incluyó la detención y traslado del funcionario a quien relacionan con vinculo político con el diputado nacional Treffinger.
“Se sospecha de la existencia de un supuesto circuito financiero irregular que involucraría recursos del organismo nacional y conexiones con empresas vinculadas al sector pesquero de Puerto Rawson”, se informó.
Por su parte, el dirigente libertario y periodista Ricardo Bustos sostuvo que “Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, e independientemente de lo que termine resolviendo la justicia, un funcionario detenido y un partido secuestrado por un okupa politico como Treffinger, es una verguenza para quienes honestamente y desde toda la vida militamos y predicamos sin intereses espurios las ideas liberales que hoy impulsa nuestro presidente Milei”, concluyó.
La resolución puso también el foco sobre la evidencia digital y el juez Yadarola ordenó que, en caso de hallarse teléfonos celulares durante los allanamientos, estos sean secuestrados y preservados bajo protocolos específicos del Ministerio Público Fiscal para evitar la pérdida de información.
Inclusive, el documento autorizó a los agentes intervinientes a requerir las claves de desbloqueo de los dispositivos y, en caso de negativa, habilitó procedimientos compulsivos para acceder mediante reconocimiento biométrico, ya sea huella dactilar o reconocimiento facial, con el objetivo de analizar aplicaciones, plataformas virtuales y comunicaciones que puedan resultar de interés para la investigación.
Hasta este lunes, en la causa regía el secreto de sumario, por lo que se estima que recién en unos días podría haber novedades más concretas sobre la investigación que sacude al mundo empresario y político de Chubut.
*PDP/IB/propias
