15 abril, 2022
Las empresas realizaron presentaciones ante la justicia por el bloqueo a plantas de Madryn. Denuncian que no es un reclamo laboral sino un “acto ilegal”. Piden aplicar el Art. 174 del Código Penal que prevé prisión de dos a seis años para “el que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial”.
La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras interpuso denuncias penales contra los cortes en los ingresos de las plantas de procesamiento en Puerto Madryn, por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.
La presentación se formuló ante la justicia ordinaria y la Justicia Federal de Rawson al denunciarse «los hechos ilegales que están llevando a cabo los representantes y adherentes del STIA y que configuran cortes totales tanto en el ingreso y egreso de las plantas procesadoras en el parque industrial pesquero, solicitando su pronta intervención», señala un tramo del escrito que la CAPIP llevó ante los tribunales ordinarios y federales.
Se advierte que no solo se trata de un corte de los accesos a las instalaciones «sino también y fundamentalmente la paralización e imposibilidad de realizar movimientos de mercaderías en cámara de frío para su posterior comercialización y en particular la actividad exportadora del producto que procesan las empresas asociadas; todas estas situaciones de afectación a la jurisdicción y/o ámbito de su incumbencia y que causa un daño cierto y de imposible reparación ulterior», fundamentan en la presentación.
La CAPIP sostiene que «los cortes llevados a cabo por el STIA bloquean e impiden concretamente el egreso de materia prima procesada en las plantas, que tienen como destino en contenedores al puerto de Puerto Madryn para su posterior exportación», indica otro tramo de la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
Puntualmente, la entidad empresarial precisa que «los hechos denunciados son llevados a cabo por representantes de la Delegación Chubut del STIA, Delegación Puerto Madryn, quienes han exteriorizado públicamente su intervención en estas maniobras habiendo informado testigos presenciales que en forma particular habrían intervenido, entre otras personas, Oscar Hughes, José Díaz y Mendoza Cruz Bladimir», especifican en la denuncia.
«No escapa al conocimiento de esta Cámara ni al Fiscal Jefe que hechos como los que se describen en esta denuncia han sido recientemente condenador por la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, habiéndose ordenado la detención de dos directivos del Sindicato de Camioneros por el bloqueo realizado en febrero de 2021», citan como ejemplo de una sentencia a tener en cuenta.
Asimismo, la CAPIP solicitó que la justicia tome intervención, constante la flagrancia del delito cometido e identifique a los autores del acometimiento del bloqueo a la circulación de camiones y el normal funcionamiento de las empresas.
Se advierte también que “no nos encontramos en el caso concreto ante un reclamo laboral sindical por incumplimientos salariales o de otra naturaleza laboral. Sino que estamos ante un acto de abierta ilegalidad, coercitivo, injustificado y en ocasiones hasta violento, que impide que las empresas asociadas ejercer el derecho de industria lícita consagrada en nuestra Constitución Nacional”.
En tal sentido, la presentación solicita se aplique el Artículo 174 del Código Penal que prevé “prisión de dos a seis años” para “el que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital”.
*RP/ by Nelson Saldivia
