22 octubre, 2020
EL GOBIERNO NACIONAL NECESITA DEFINICIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS ANTES DE FIN DE AÑO
Recambio de ministros, más peronismo, reformas económicas y mayor asistencia social, figuran en la agenda de Alberto Fernández para los próximos meses, afirman fuentes calificadas del poder central. Mientras continúa intentando sobrevivir al temporal de credibilidad que sufre su administración ante el avance del dólar paralelo y la crisis financiera actual, el presidente Alberto Fernández prepara la agenda política y económica que seguirá hasta fin de año y que mantendrá, por lo menos, durante los primeros meses del 2021.
Un camino pesado y complicado que tendrá momentos de conflictividad y que combina recetas para intentar encorsetar la corrida cambiaria sin devaluar o poner en riesgo la ya endeble economía del país, con cierto acercamiento a una parte del sindicalismo y los gobernadores peronistas, y un vínculo más estrecho con un sector del empresariado al que, califica, «nacional y popular».
El Jefe de Estado estaría decidido a oxigenar su gobierno, con un recambio de algunos de sus ministros más cercanos pero ya degastados por estos primeros nueve meses de gestión, que debieron atravesar capeando una crisis económica heredada y profundizada por las medidas sanitarias impuestas desde la Casa Rosada para combatir la pandemia del Covid-19.
Habrá además definiciones más profundas en materia de política fiscal y laboral para generar una recaudación más genuina y atender un país que ya no genera empleo, con un 50% de su población bajo la línea de pobreza y sin inversiones a la vista.
Por el contrario, con grandes grupos multinacionales que se quieren ir y que, todavía no lo hicieron, porque no encuentran compradores para sus operaciones locales.
Sabe Alberto Fernández que ninguna de sus promesas de campaña han sido cumplidas y que tanto dentro del Frente de Todos como entre el establishment local temen que el fracaso de sus medidas le abra el camino a Cristina Kirchner para concentrar el poder total, y deshacerse de aquellos funcionarios que le responden más al Presidente que a los deseos de la vicepresidenta.
Quizá a partir de este diagnóstico, el Jefe de Estado intenta profundizar una alianza más «carnal» con sectores del peronismo que no quieren saber nada con CFK, aunque oficialmente emitan señales contrarias.
En este entramado de acuerdos se ubica la relación con Hugo Moyano, en especial luego de que el dirigente camionero tomó posición y salvó la fiesta del 17 de octubre, cuando falló el sistema informático virtual que habían desarrollados técnicos muy cercanos al Instituto Patria y que prometían millones de «memes» favorables al Gobierno.
«Fue una convocatoria online mal planeada y ejecutada que sólo pudo reflotar un gremio con casi cuatro millones de afiliados y con un directo control sobre sus bases», aseguran cerca de Alberto Fernández.
Pero la ayuda de Moyano no será gratis. Se prepara para pedir más lugares en los ministerios de Trabajo, de Acción Social y de Transporte, de los cuales quedó afuera del reparto inicial que se hizo ni bien la alianza gobernante llegó a la Casa Rosada, el pasado 10 de diciembre.
Moyano es consciente de que el Presidente tiene en carpeta movimientos de piezas en esos ministerios como también en Economía, donde el futuro de Martín Guzmán está nada más que asegurado hasta que se cierre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se espera cerrar entre marzo y abril del año próximo.
Según anticipan los analistas nacionales, la idea sería anunciar luego a las nuevas figuras que ocuparán los ministerios de Transporte, Educación, Salud y Agricultura que se sumarían al retiro obligado que tendrían Guzmán y Claudio Moroni, en la cartera laboral.
El desgaste de estos funcionarios es ya evidente, teniendo en cuenta que todos los sectores en los que deben intervenir fueron los más golpeados por el coronavirus.
En el caso de Ginés González García, su sentencia estaría firmada a partir del fracaso de las políticas sanitarias tomadas contra el virus y sus pocos felices intervenciones en este tema, donde viene siendo asesorado por un grupo de infectólogos que ya no tienen la credibilidad social que lograron en el inicio de la pandemia, cuando visitaban los canales de televisión para dar a conocer las recetas que le aconsejaban al Presidente adoptar para tener éxito en la lucha contra la pandemia.
Con relación a Luis Basterra, le achacan la poca impronta que la ideología oficial ha logrado en el sector agrícola. A pesar de estar «bien visto» por la dirigencia del campo, no logró hacer comprender las medidas tomadas en las últimas semanas para aumentar la liquidación de divisas por parte de este sector.
En cuanto a la caída en desgracia de Mario Meoni, fuentes cercanas a la Casa Rosada aseguran que el titular de la cartera de Transporte tiene varios frentes internos abiertos como, por ejemplo, la licitación del puerto de Buenos Aires que se está tornando conflictiva, a pesar de las órdenes presidenciales de transitar este camino con normalidad.
También habría cierto recelo para con Meoni por la política aerocomercial para la post pandemia, y se buscaría otro nombre para liderar la reconstrucción de una de las industrias más afectadas por el coronavirus.
El mismo camino le estaría reservado a Nicolás Trotta, desgastado por las idas y vueltas en la política educativa tomada durante la pandemia, por lo cual su destino ya no sería el Palacio Pizurno.
No sería casual que el Peronismo le haya entregado el poder del partido a Alberto Fernández, en especial para que pueda sumar a los gobernadores a designar representantes en su futuro gabinete, tratando de cerrar el paso a posibles pedidos del kirchnerismo y reforzar su poder real para, a la vez beneficiarse de los votos favorables en las provincias peronistas.
Otro convocado a esta posible reestructuración sería Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados de la Nación ha profundizado su respaldo al Presidente, con quien sólo armó la alianza gobernante para, precisamente, llegar nuevamente al poder.
En este sentido, el aporte del ex intendente de Tigre haría las veces de intermediario para cumplir con el pedido de un sector político y de los grupos empresarios de mayor peso: el de empoderar a Roberto Lavagna como el sucesor natural de Guzmán. Esto se haría público recién después de que se cierren las negociaciones con el FMI, en el primer trimestre del año próximo.
Con esta jugada, se espera enviar una señal de tranquilidad y de un rumbo más definido a los empresarios y el mercado en general que hoy siguen desconfiando de cualquier medida que tome el Gobierno, impulsando nuevas disparadas del dólar paralelo y forzando al sector corporativo a frenar inversiones y buscar mejores rumbos en otros países más estables.
De todos modos, si llega a la cartera económica Lavagna no tendrá una tarea fácil. Heredará una caída de la inversión del 9,5% del PB, la peor de la historia argentina que, además viene obligando a las autoridades, a poner cepos a los precios internos, limitar las importaciones, controlar el dólar hasta llegar a cada liquidación del campo y apostar fuertemente a la ayuda social.
También la inflación debería ocupar parte de la agenda de Lavagna, si se tiene en cuenta que las predicciones para el 2021 marcan una suba con respecto a la que se tendrá al final de este año.
Si esto ocurre, el ex ministro de Economía de Néstor Kirchner podría poner en marcha el tan postergado Consejo Económico y Social pergeñado por Fernández pero demorado por la coyuntura. La idea, ahora, sería activar esa mesa de consenso para estudiar una reforma a los impuestos que hoy pesan sobre el trabajo.
El país está al borde del colapso social, con 3,7 millones de puestos perdidos hasta septiembre pasado y con la necesidad de generar, por lo menos, un millón por año para recomponer los niveles del 2019.
En este sentido, un eventual rebrote de la pandemia el año próximo pondría en riesgo la endeble recuperación en los sectores que más afectados se encuentran por el virus como los gastronómicos; hoteleros; turismo; servicio doméstico y cuentapropistas, entre otros.
De hecho, en la administración nacional se piensa en seguir manteniendo al 40% del personal en sus casas hasta mayo del 2021, si las cifras de contagio siguen cercanas a los 30.000 infectados por día y continúan afectando la recuperación económica en muchas áreas del interior.
De ocurrir, este escenario pondría sobre la mesa de debate una profunda reforma laboral que, de acuerdo a los analistas, hasta se impondrá de hecho entre monotributistas y microempresas.
El consumo es otro tema que genera preocupación. No logra recuperarse ni siquiera a partir de los «anabólicos» establecidos por el Gobierno a partir de programas como los de Precios Máximos y Cuidados; Ahora 12 o Ahora 18, por ejemplo.
Se espera que la demanda de la sociedad se mantenga en los niveles del 2019, cuando ya eran bajos, aunque se anticipan cambios en las políticas oficiales al respecto para enfrentar una dinámica que cambiará primero por precio y luego por volumen hasta caer por debajo de los niveles actuales.
Esta peligrosa combinación de recesión económica y empleo precario podría derivar en conflictos sociales que serían constantes y diseminados por todo el territorio.
La idea, en este sentido, sería mantener los planes de asistencia y encarar nuevas medias, más que nada, destinadas a frenar tomas de tierras y cambiarlas por planes de adjudicación de viviendas más sencillos.
Algo similar a lo que se está impulsando desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires que impulsa la expropiación de terrenos fiscales, nacionales, provinciales y municipales para entregar lotes con escritura provisoria y evitar nuevas tomas descontroladas.
En la nueva agenda se fijó como prioridad la gestión de la emergencia habitacional para cortar la crisis de las tomas de terrenos.
Se repetirán también la entrega de fondos a partir del programa federal Municipios de Pie que se acaba de lanzar y que está destinado a la asistencia directa a intendencias por un monto de $1.086 millones. El objetivo es impulsar la economía, la integración regional y la inclusión social en todo el territorio nacional.
De manera aleatoria, se le daría un destino social a los fondos que van a ingresar por la aplicación del impuesto a la riqueza a partir de noviembre.
Lo mismo con el cobro de la primera cuota de la moratoria impositiva y con las primeras liquidaciones de la cosecha de trigo a partir de diciembre, con una merma importante, pero que traerán alivio a las reservas del Banco Central.
Ayudará también la moratoria de la AFIP, que marcaría un punto de partida en cuanto una recaudación más genuina y menos dependiente de la emisión monetaria, en la actualidad descontrolada y en niveles récords. Quienes entienden del tema advierten sobre la necesidad de recaudar un billón de pesos para sacar de circulación más de $500.000 millones de la calle.
El escenario internacional también es seguido de cerca por el propio Presidente y sus asesores. En la actualidad, dos países mantienen la atención. Por un lado Estados Unidos, en donde habrá elecciones presidenciales el próximo martes 3 de noviembre y cuyos resultados tendrán relevancia para varias de las decisiones que Alberto Fernández analiza tomar.
Si Donald Trump logra la reelección, ganará relevancia la relación con China en un país donde el dólar es la gran dependencia argentina y el yuan todavía no tiene la fuerza para reemplazarlo. En este sentido, desde la Casa Blanca se vienen ya siguiendo las cercanas relaciones que la Argentina teje con el gobierno de Xi Jinping en temas como el 5G; la provisión de servicios informáticos para empresas asiáticas; los puertos y las bases militares.
Pero además una victoria de Trump, dicen los expertos, obligará al Presidente a devaluar. Consideran que la sola reelección del actual presidente americano empeoraría la situación del país porque la posición norteamericana será contraria a una posible ayuda financiera de parte de bancos de fomento y de inversión donde Estados Unidos tiene fuerza propia.
En el caso de Bolivia, además de la cercanía ideológica del Gobierno con Evo Morales, la victoria del candidato del MAS, Luis Arce, asegura la continuidad de los contratos de importación de gas desde el país vecino.
No fue casual el lanzamiento del Plan Gas 4 desde Vaca Muerta hace unos pocos días que encabezó el propio Presidente. En ese momento, ya se tenían encuestas que le daban ganador al candidato de Evo y que, de este modo, le garantizan a la Argentina contar con energía abundante y a buen precio y evitar una suba de tarifas de más del 80% como sería necesario para compensar los subsidios al sector.
*ASanguinetti, iP
