14 enero, 2023
La Justicia avaló el pedido de bloqueo de 6,5 millones de reales (1 millón de dólares) que serán usados para la reparación de los edificios públicos contra los que atentaron los bolsonaristas.
La Justicia aceptó la cautelar presentada por Procuraduría General de la Unión (AGU, según sus siglas en portugués) para embargar los bienes de 52 personas y siete empresas que fueron identificadas como financistas del ataque contra los Tres Poderes del Estado perpetrado el domingo pasado. Según el comunicado, se trata de quienes pagaron los micros que transportaron a los, aproximadamente, cinco mil bolsonaristas; y quienes hicieron sus aportes para sostener el campamento instalado frente al cuartel del Ejército en donde pedían la intervención militar. Mientras tanto, el ministro de Justicia informó que esperarán hasta el lunes para solicitar el pedido de extradición del exfuncionario bolsonarista y exsecretario de Seguridad Pública, Anderson Torres.
Los bienes están tasados en 6,5 millones de reales (un millón de dólares) por los actos golpistas y terroristas y serán utilizados para la reparación los daños causados en el patrimonio cultural y edilicio de las instalaciones públicas invadidas y destruidas. El bloqueo fue solicitado sobre inmuebles, vehículos y valores financieros en cuentas, según detalló en un comunicado la AGU.
Quantia bloqueada deverá ser utilizada para reparar danos causados pela depredação de patrimônio público e poderá ser ampliada na medida em que os prejuízos sejam contabilizados. https://t.co/4xWMaJMQne
— AGU (@AdvocaciaGeral) January 13, 2023
Dado que el costo de los daños generados todavía no fue calculado, el monto bloqueado es sólo preliminar y puede llegar a ampliarse. “Por el momento, el monto considera sólo estimaciones del Senado Federal de daños a su edificio de R$ 3,5 millones y de la Cámara Federal, cuya evaluación preliminar es de daños a R$ 3,03 millones en el edificio de la Cámara. Todavía no hay estimaciones de los daños causados a los Palacios del Planalto y el Supremo Tribunal Federal”, dice la nota.
Con Bolsonaro de alta, identificaron a empresarios de armas como financistas del ataque
Los hechos, estimó la Procuraduría, “impusieron una amenaza real al régimen sistema democrático brasileño” e impone “una respuesta rápida y eficaz, so pena de comprometer el sistema de justicia y su eficacia, autorizando así al magistrado a recurrir a su poder general de cautela” para garantizar la eficacia de cualquier condena de reparación en el futuro.
Hace dos días, el portal G1 y TVGlobo, de la cadena O’Globo, llevó a cabo una investigación en la que también dio a conocer que la mayoría de los financiadores se encuentran en los estados de Paraná, Mato Gorro do Sul y San Pablo.
El exministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro y exsecretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres, es uno de los principales funcionarios señalados por su falta de actuación por los hechos calificados como terroristas por el Gobierno brasileño. Es que, tras haber asumido su cargo el 2 de enero, Anderson, se pidió vacaciones y se fue a Estados Unidos -donde también se encuentra su aliado político Bolsonaro-. No estuvo en el país cuando sucedió la toma de las instalaciones públicas del Estado, además de que había alertas que no fueron tenidas en cuenta con un operativo que pudiera responder ante la situación.
Torres fue destituido el mismo domingo por el -ahora también destituido- gobernador, Ibañez Rocha, y se abrió una investigación en su contra con un pedido de prisión preventiva que debía ponerse efectivizarse cuando regresara al país, previsto para fin de mes. Su destino comenzó a cambiar en la jornada de este jueves cuando la Policía llevó a cabo un allanamiento en donde encontró el borrador de un decreto que -si se ponía en práctica- hubiera permitido cambiar el resultado de las elecciones en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó electo, el pasado 30 de octubre.
«En caso de que la próxima semana no se confirme su comparecencia, está claro que por medio de los mecanismos de cooperación jurídica internacional, vamos a activar los procedimientos para llevar a cabo la extradición», advirtió este viernes el ministro de Justicia, Flavio Dino.
A la lectura sobre los actos golpistas se sumó, en esta jornada, el presidente del Congreso, Rodrigo Pacheco, que en una reunión con el procurador general de la república, Augusto Aras, solicitó una «inmediata acción penal» contra 38 personas que participaron el domingo basado en una lista realizada por la Policía Legislativa, informó el portal G1.
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