13 mayo, 2021
Lo dijo Mario Bensimón, vicepresidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut (CAPEM). Manifestó su preocupación por los hechos de violencia que personas antimineras protagonizaron en los últimos días y que incluyeron agresiones al vicegobernador Ricardo Sastre.
El vicepresidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut (CAPEM), el abogado constitucionalista Mario Bensimón, manifestó su «preocupación por los hechos de violencia» producidos en los últimos días y que fueron protagonizados por personas antimineras. E instó a llevar adelante un «debate pacífico» en el ámbito legislativo en torno al proyecto de zonificación en la Meseta que aguarda ser tratado por los diputados provinciales.
Bensimón manifestó, en nombre de la CAPEM, su «preocupación por los hechos de violencia que se han dado en los últimos días, particularmente por la violencia sufrida por el vicegobernador (Ricardo Sastre)», a raíz del rechazo que la Legislatura confirmó la semana pasada contra el proyecto de ley de Iniciativa Popular que pretendía prohibir todo tipo de actividad minera en Chubut.
En declaraciones a FM Tiempo, de Comodoro Rivadavia, mencionó «la sutil pero notable diferencia entre el derecho de manifestarse y el alzamiento contra las instituciones de la democracia», por lo cual, enfatizó, «es preciso pedir mesura a todas las partes, y tratar de desarrollar un debate garantizando la participación de todos en un ámbito pacífico».
Bensimón dijo que al proyecto de zonificación minera, que lleva el número 128/20, «muchos no han leído», pero explicó que desde la CAPEM «lo hemos analizado, y hace punta en varias materias, sobre todo en la ambiental y en el compre local, ya que el porcentaje de contratación de empleados provinciales es más exigente que en otras provincias».
«Va a ser papel nuestro, desde la CAPEM y esperamos desde otras cámaras también, capacitar al empresariado local para que pueda formar parte del desarrollo en el momento en que se pueda dar, para que la mayor parte de la renta que se produzca quede en el territorio provincial», indicó.
Repasó en este contexto que «a pesar de que la Ley 5.001, sancionada en 2003, prohibió la actividad minera por un plazo de 120 días que se terminó convirtiendo en 18 años, el Estado Provincial siguió concediendo cateos, lo cual generó la llegada de inversiones en algunos sectores de la provincia, fundamentalmente en la Meseta. Eso se paralizó en 2014, cuando Chubut daba señales contradictorias a los inversores».
«Pero -consideró- a partir de una nueva rediscusión, todas esas inversiones pueden llegar, siempre y cuando Chubut muestre la vocación por dar señales de seguridad jurídica, de respeto a las inversiones y de reglas de juego claras».
En este sentido sostuvo que «el debate por la renta minera no pasa solamente por las regalías sino también por la generación de empleo y por el desarrollo de proveedores locales».
Dijo en particular que «en Chubut contamos como nave insignia del desarrollo minero al Proyecto Navidad, el yacimiento de plata más grande del mundo sin explotar que, según los números presentados en organismos oficiales, contaría en construcción con un número cercano a 3.000 trabajadores. Y luego de la construcción, con unos 1.000 empleados directos y 3.000 a 4.000 indirectos, con los proveedores que trabajarían en el proyecto. Esto sin contar con el desarrollo de nuevos cateos e inversores que puedan llegar a la provincia».
Por eso, al aludir a críticas de sectores antimineros, indicó: «Es fácil decir que el empleo es un espejismo para quienes tienen a fin de mes un sueldo de legisladores, de asesores, para quienes cuando terminan su mandato se hacen nombrar en la planta permanente de la Legislatura, para quienes tienen un conchabo en un organismo estatal; para todos los que forman parte del sector político chubutense que nos tiene en este brete y también para quienes cuentan con un empleo público, más allá de las vicisitudes por el cobro fuera de término».
Por ello, manifestó, «es función de los chubutenses dar las discusiones legislativas para que la mayor cantidad de renta y de empleo queden en la provincia».
Bensimón repasó que «la crisis económica que Chubut vive desde hace años está intentando poner en escena actividades alternativas que permitan pensar en la rediscusión de la matriz productiva. La potencialidad de los recursos mineros con los que cuenta la provincia hace que la actividad sea un tema en agenda».
Analizó que «en la provincia hay básicamente dos modelos en pugna. Esos modelos se encontraron representados hace unos días por dos proyectos en la Legislatura: uno, de desarrollo a partir de una alianza estratégica entre sectores de la producción y del trabajo que intentan pensar en la necesidad de generar trabajo y mejorar la economía provincial como precondición para una redistribución del ingreso y para permitir que miles de chubutenses que hoy están excluidos de la economía provincial puedan tener acceso a una mejor calidad de vida».
Como contrapartida mencionó «el modelo de la caridad, que solo tiene una respuesta para los sectores que están bajo la línea de pobreza, una respuesta meramente asistencialista. Para la Meseta en particular, es acordarse de esas regiones solo cuando entran en la agenda pública a partir de algún evento climático. Y allí van con sus campañas de caridad y de ropa usada».
«Si vemos el modelo de provincia que está establecido en Chubut desde 2003, tomando como corte la sanción de la Ley 5.001, es uno que tiene al Estado como norte de todas sus políticas y que le ha dado la espalda al sector privado», definió.
Fundamentó su afirmación en que «en base a datos oficiales, desde 2003, Chubut se encontró entre las provincias que más han incrementado su plata de personal público. En este mismo período, si el sector público venía en una moto de alta cilindrada, el sector privado anduvo en una bicicleta en llanta: fue la quinta provincia que menos incrementó el empleo privado, con un 17% menos de la media nacional».
«El único empleador a escala en los últimos años ha sido el Estado. Y los que han ingresado han sido los amigos y los punteros políticos de los Gobiernos de turno, generando un modelo de provincia injusto», comentó.
Sin embargo, dijo, «todos los partidos representativos que cuentan con mayor nivel de acompañamiento en las elecciones, cuando han sido gestión de Gobierno a nivel provincial han acompañado a la actividad minera. Los últimos Gobiernos radicales han sido promineros, así como los justicialistas en sus distintas versiones».
«Sin ir más lejos -recordó- en el Gobierno de Das Neves, que hoy aparece como un sector más cercano al antidesarrollo, se concedieron cientos de cateos y se atrajeron importantes inversiones en el sector minero».
Pero, lamentó, «cuando estos partidos políticos pasan a la oposición termina prevaleciendo una vocación más de bloqueo al Gobierno de turno. Y las cuestiones político-partidarias prevalecen ante las técnicas».
Esto se da, finalizó, «en un momento en el que Chubut vive una de las páginas más terribles de su historia, con muchas de las ciudades encabezando las listas de localidades con mayores niveles de desempleo y con índices de pobreza inéditos».
*DEM
