3 mayo, 2022
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, investigará a beneficiarios que también acusan malos tratos e irregularidades en las contraprestaciones.
Por Mariano Obarrio
El plan para convertir los planes sociales en trabajo genuino tropezó con un escándalo. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, comenzará una investigación administrativa porque 5000 titulares del Plan Potenciar Trabajo denunciaron maltrato, irregularidades en las contraprestaciones que deben realizar, exigencias de pagos y retornos a sus jefes, o extorsiones para que los beneficiarios vayan a las marchas de las organizaciones si quieren preservar su asignación.
Afirman que Zabaleta iniciará investigaciones administrativas y no descarta denuncias penales a partir de las 5000 denuncias. En un país donde más del 50% de la población es pobre o indigente, es un escándalo el aprovechamiento político las políticas de contención de la pobreza.
Una vez más, la política social no tiene la finalidad de recuperar la cultura del trabajo, capacitar y dar trabajo genuino, sino mantenerlos cautivos como clientela de punteros políticos, como instrumentos para engrosar piquetes y «cajas» de los llamados «gerentes de la pobreza».
Muchos empresarios que intentaron contratar a beneficiarios del Potenciar Trabajo confiaron a A24.com que no están capacitados en su gran mayoría para asumir un trabajo por falta de formación, costumbre y habilidades blandas.
Cada beneficiario reporta a una Unidad de Gestión (UG). Si quiere cambiar de UG debe llenar un formulario en el link https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo/cambiodeug y poner los motivos de su solicitud. Unos 150 mil titulares pidieron el cambio de UG y allí hubo 5000 que dijeron que los obligaban a ir a las marchas, a pagarle a sus jefes, los maltrataban u otras irregularidades.
Las UG son los propios municipios, provincias, organizaciones sociales o instituciones religiosas. Cada una de esas unidades de gestión ejecutan planes y organizan la contraprestación laboral mediante distintos oficios y actividades o programas de terminalidad educativa, según cada caso.
La mayoría de beneficiarios expresó que quieren cambiar por “mudanza”. En cambio otros llenan el casillero de “otros motivos” con los siguientes mensajes:
*Maltrato de los jefes a los beneficiarios. No especifican el tipo de maltrato pero eso se investigará.
*Irregularidades con las tareas a realizar: pueden ser contraprestación laboral en construcción u otros oficios o terminalidad educativa.
*Exigencia de cobro de aportes. El beneficiario debe devolver una parte de lo que cobra al jefe o puntero.
*Amenazas de dar de baja el plan Potenciar Trabajo a los titulares si estos se niegan a ir a marchas de las organizaciones sociales.
Este lunes altas fuentes del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron a A24.com que Zabaleta «iniciará una investigación administrativa, que podría llegar a derivar en denuncias judiciales». La información había sido adelantada por el diario La Nacion este domingo.
Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del mismo Ministerio, relativizó la importancia del número de denunciantes -5000- en un universo de 1,2 millones de prestaciones. Sin embargo, esos denunciantes podrían expresar a cientos de miles que no se animan a denunciar y eso preocupa a Zabaleta, que quiere frenar esa política.
Zabaleta proviene del peronismo histórico del conurbano bonaerense, mientras que Menéndez encabezaba hasta su asunción en el Poder Ejecutivo la organización Barrios de Pie, que se fragmentó tras la llegada del Frente de Todos al poder.
Hoy Menéndez está enfrentado con la jefa de la otra línea de Barrios de Pie, Silvia Saravia, que es opositora al Gobierno nacional e integra la Unidad Piquetera junto con otras organizaciones que piden la ampliación de las altas del plan Potenciar Trabajo. Precisamente, la Unidad Piquetera hará una marcha de tres días desde el 10 de mayo próximo.
“Muchos beneficiarios que no quieren ir a las marchas de los piqueteros son amenazados y les dicen ‘si no venis vas a perder el plan’ y es por eso que van. Lo toman como una obligación laboral”, señalan fuentes del Gobierno.
Las 5000 fichas que Zabaleta tiene sobre su escritorio despejan las sospechas sobre la tramitación de planes sociales que son la columna vertebral de la política social del Estado y que insumen un 10% del presupuesto nacional. En el caso del Potenciar Trabajo, uno de tantos planes, su partida totaliza casi 200 mil millones de pesos para 2022.
Con diversos nombres, el Plan Potenciar Trabajo existe desde el principio de los años 2000, desde el gobierno de Néstor Kirchner y luego sobrevivieron a las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
En la actualidad, el padrón de ese programa es 1,2 millones de ciudadanos en condiciones de extrema pobreza. Muchos de estos, o la gran mayoría, también percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros planes sociales vinculados a la alimentación de sus familias o la construcción de viviendas. En total de todos los planes insumen el 10% del presupuesto.
La decisión del Ministerio, tal como ordenó el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, es no abrir nuevas altas en el plan Potenciar Trabajo para cumplir las metas de gasto público, déficit fiscal y emisión que se fijaron en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por renegociación de la deuda de 44.500 millones de dólares.
En teoría ese ingreso de 19.000 pesos debería servir para que los beneficiarios encuentren trabajo formal. Pero si los jefes territoriales les reclaman un retorno o los obligan a ir a las marchas el propósito pasa a ser otro: perpetuar la pobreza como un negocio de esos líderes.
Según fuentes del Ministerio, todavía no se hizo un detalle de quiénes son los denunciados. Posiblemente, el ministerio ordene citar a declarar a los beneficiarios que denuncian estas irregularidades para que señalen la unidad ejecutora, la situación y los nombres de quienes les formularon exigencias indebidas.
En la página del Ministerio donde se debe tramitar el cambio de Unidad de Gestión se debe llenar un formulario y se informa que la asignación de un nuevo destino para el beneficiario se dará según estos criterios:
*Debe existir un plan de trabajo con grupo, tareas y localización identificados.
*Las actividades de la UG deben ser cerca de tu domicilio.
*La UG de destino deberá brindar conformidad para tu incorporación.
*También deberá demostrar la capacidad de certificar tus actividades desarrolladas.
Pocas explicaciones entre los líderes de organizaciones sociales
La referente de Barrios de Pie-Libres del Sur, Silvia Saravia, aseguró a A24.com que ese canal de denuncias era conocido. “Ese es un canal habitual donde la gente puede presentar desde denuncias hasta reclamos por distintas cuestiones, que ya venía funcionando, es importante que la gente pueda tener un lugar oficial a donde recurrir”, señaló.
El líder del Movimiento Evita y funcionario del gobierno nacional Fernando “Chino” Navarro se comprometió a averiguar sobre el escándalo. Navarro es secretario de Relaciones Parlamentarias y socio político de Emilio Pérsico, que es el otro líder del Evita, secretario de Economía Social en el mismo ministerio de Zabaleta.
El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, no respondió las consultas de este portal. Celeste Fierro, del MST, aseguró a A24.com que no sabía de la información y prometió averiguar. En el Ministerio de Desarrollo Social la dieron por confirmada.
En medio de este conflicto, la Unidad Piquetera, con Belliboni a la cabeza, anunció este lunes que entre el 10 y el 12 de mayo marcharán unos 300 mil titulares de planes sociales entre distintas provincias y la Casa Rosada, llegarán en trenes, camiones y autos y pedirán por trabajo genuino y la nueva ampliación de los planes Potenciar Trabajo.
Se llamara «Marcha Federal Piquetera» con el lema “Por trabajo y por salario; contra el hambre y la pobreza”. Belliboni dijo que persigue “derrotar el ajuste del Gobierno, las cámaras patronales y el FMI, que cuenta con el apoyo del macrismo y sus aliados”. Son organizaciones enfrentadas al Gobierno y las mismas que hicieron el acampe en la 9 de julio hace 20 días.
*A24
