14 abril, 2022
El gremio asegura que las cámaras empresarias hicieron propuestas salariales «absolutamente insuficientes» en un contexto de elevada inflación.
La Asociación Bancaria reclamó un aumento salarial del 60% con cláusula de revisión y se declaró en «estado de alerta y movilización» que podría derivar en medidas de fuerza durante este mes, en caso de no lograr ese incremento.
El sindicato señaló que las cámaras empresarias realizaron un ofrecimiento «que contraviene sus propios pronósticos de inflación, queriendo de este modo que el ajuste lo paguen los trabajadores». «Son ellos lo que diagnostican inflaciones en el orden del 60%, y hacen propuestas absolutamente insuficientes», se quejó la entidad gremial.
Además, dijo que en la reunión paritaria que se desarrolló el miércoles «no trajeron ninguna respuesta respecto de los temas planteados por la Asociación Bancaria, incluido el Banco Central, que mantiene las perniciosas circulares vinculadas a agencias complementarias, a tercerizaciones y externalizaciones de servicios bancarios, que quitan trabajo genuino a los trabajadores de nuestro sector».
El gremio también rechazó el convenio que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, «dice haber firmado con la aplicación Ualá, ya que los créditos a las pymes y la inclusión financiera deberían canalizarse a través de la banca pública».
«Los bancos públicos ya tienen tasas inferiores al 40%, y según expresó el titular de la empresa beneficiaria de este convenio, ellos cobrarían tasas del 40% como mínimo», puntualizó al respecto.
Y añadió que «sería bueno que explique el funcionario del Gobierno que firma el acuerdo, porqué se les impone a los bancos públicos que con sus fondos compren títulos públicos y Leliq, y luego esos fondos que ingresan al Estado se lo prestan a un privado, para que otorgue préstamos que debería dar un banco público».
En este marco, la Asociación Bancaria resolvió declarar el «estado de alerta y movilización» y convocó a reunión de sus cuerpos orgánicos para la semana próxima, para «disponer las medidas de fuerza pertinentes antes que finalice abril, en caso de no arribar a un acuerdo».
