La causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner empezó a sacudirse a poco de que se cumplan tres meses del hecho, con los planteos plagados de críticas por parte de la dirigente para remover a la jueza María Eugenia Capuchetti, que si bien fueron rechazados demoraron una posible elevación a juicio y abrieron levemente una puerta para que se investigue la «pista política» en la que insiste la líder oficialista.
El expediente ya tiene más de 20 mil fojas y tres procesados detenidos (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo). Si bien hay medidas de prueba en curso, fuentes judiciales precisaron a iProfesional que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio oral y evaluaron que la recusación de Cristina Kirchner contra la jueza sirve para demorar ese trámite.
La vicepresidenta reveló públicamente sus sospechas sobre una posible conexión política con el intento de asesinato del que fue víctima el 1 de septiembre pasado que rozaría, siempre según ella y sus abogados, al diputado del PRO Gerardo Milman. En su entorno no creen que el hecho se agote en un grupo de «locos» sueltos sino que hay algo más detrás.
Cristina y la investigación: ¿en qué avanzó la estrategia sobre la «pista política»?
Tras fallar en el primer intento de apartar a Capuchetti, los abogados Marcos Aldazábal y José Ubeira que patrocinan a Cristina Kirchner recurrieron a la Cámara Federal. El tribunal rechazó el pedido este viernes, confirmó a Capuchetti y cuestionó la insistencia de la querella.
Pero por otro lado, el tribunal que integran los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens aceptó en parte la medida de prueba que Capuchetti había rechazado ante un pedido de los abogados de la vicepresidenta y que apunta a la llamada «pista Casablanca», en alusión al histórico café situado en la esquina del Congreso.
En ese lugar, el testigo Jorge Abello, asesor del diputado oficialista Marcos Cleri, dijo haber escuchado a Milman decir «cuando la maten voy a estar camino a la costa» mientras estaba acompañado por dos asesoras, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quienes ya declararon como testigos.
Los abogados de Cristina Kirchner habían pedido el secuestro de los teléfonos celulares de ambas. Tras el rechazo de Capuchetti, la Cámara Federal le ordenó ahora a la jueza tomar esa medida pero recién después de adoptar otras «menos lesivas», entre ellas citar otros testigos. El argumento fue que la «gravedad institucional» del hecho requieren de «todas las diligencias probatorias» para agotar las líneas de investigación.
Luego del fallo, el bloque de senadores del Frente de Todos que responde a la vicepresidenta publicó un comunicado en el que repudió el rechazo al pedido de apartamiento de Capuchetti y criticó a la Cámara Federal porque, a su entender, puso un «freno a la indagación de la pista Millman» al establecer que antes de analizar los teléfonos celulares se tomen otras medidas de prueba.
El atentado a Cristina Kirchner: ¿qué pasó con los detenidos?
El 1 de septiembre pasado, mientras Cristina Kirchner se encontraba en la puerta de su edificio en Recoleta firmando libros que le acercaban los militantes de su espacio político, Fernando Sabag Montiel, de 35 años y nacido en Brasil, se acercó entre la multitud y gatilló una pistola Bersa calibre 32 a centímetros de la cara de la vicepresidenta, sin que saliera la bala.
La causa se inició casi de inmediato debido a que Sabag Montiel fue retenido por los militantes y entregado a la Policía Federal. Acusado de homicidio calificado en grado de tentativa, se negó a declarar. La pericia psicológica y criminalística que se le hizo lo calificó como una personalidad «narcisista» con un discurso «engorroso, extravagante y tedioso».
Luego de pasar por la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tiene en el Aeroparque Jorge Newbery, Sabag Montiel está alojado hoy en la Unidad Penal de Ezeiza, solo, bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal y vigilado por cámaras las 24 horas, según supo este medio.
Un día después fue detenido Gabriel Nicolás Carrizo, el jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar al que mediáticamente se bautizó como «La Banda de los Copitos». El 31 de octubre la Cámara Federal ordenó liberar a Agustina Díaz y revocó su procesamiento, pero confirmó la prisión preventiva de Carrizo como partícipe secundario del intento de asesinato.
Fue luego de los primeros pasos de la investigación de Capuchetti sobre Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo que Cristina Kirchner se presentó como querellante y empezó a apuntar contra la jueza dando lugar a un extenso derrotero judicial.
La cronología de la causa
La vicepresidenta se presentó como querellante en la causa 12 días después del atentado, el 13 de septiembre. Uno de los hechos que motivó esa decisión fue que el celular de Sabag Montiel le llegó a los peritos informáticos de la PSA en un sobre abierto y reseteado a modo fábrica. En su recusación a Capuchetti, la querella insistió siempre en que «se rompió la cadena de custodia».
Durante los días posteriores se filtraron varios mensajes que aparecieron en los teléfonos de Uliarte y de Carrizo. En base a lo observado en el de la joven de 25 años se indicó que hubo «otros intentos» de matar a Cristina Kirchner y se llegó a la conclusión de que había existido una planificación.
Para fines de septiembre, la jueza ya contaba con el testimonio de Jorge Abello que dijo haber visto a Milman en el bar Casablanca y haberle escuchado aquella frase dos días antes del atentado, el 30 de agosto. Capuchetti ordenó analizar las imágenes captadas por las cámaras de la zona para constatar la presencia de Milman con dos mujeres en el lugar.
Unos días antes, el 20 de octubre, fueron detenidos los militantes de la agrupación Revolución Federal Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra. La orden la dio el Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de otra causa que investiga un episodio de «incitación a la violencia» en protestas de ese grupo. Brenda Uliarte participó en al menos una de ellas.
La desconexión entre esta causa y la que se sigue por el intento de asesinato de Cristina Kirchner es otro punto que genera desconfianza en la vicepresidenta, especialmente porque en esa investigación se identificaron transferencias de dinero a la carpintería que tiene Morel por parte de la firma Caputo Hermanos, perteneciente pertenece a los hermanos Luis Caputo, ex ministro de Mauricio Macri.
La compañía se presentó ante la Justicia explicó que fueron hechas por trabajos de carpintería, pero para Cristina Kirchner y su entorno esto puede ser parte de la «pista política» que insisten en investigar. Los jóvenes de Revolución Federal fueron liberados el 1 de noviembre.
Una pulseada por la investigación: las críticas de Cristina Kirchner a la jueza
El 14 de noviembre Cristina Kirchner recusó a la jueza Capuchetti. El argumento central fue su negativa a seguir investigando al entorno de Milman y la posible conexión política detrás del atentado por el que están procesados Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo. La jueza rechazó el pedido de apartamiento.
El 22 de noviembre la vicepresidenta reveló por Twitter los mensajes que aparecieron en el celular de Carrizo y que fueron analizados por el Ministerio Público Fiscal. Puso de relieve uno del 1 de septiembre, a las 23:17, que decía: «Recién intentamos matar a Cristina». Se sumó a una larga lista de mensajes filtrados anteriormente donde Carrizo decía ser el dueño del arma, entre otras cosas.
En base a lo encontrado en ese celular, donde figuraban conversaciones con contactos de nombres extraños, el 23 de noviembre los abogados de la vicepresidenta se presentaron ante la Cámara Federal y solicitaron al juez Leopoldo Bruglia nuevamente el apartamiento de Capuchetti. En un intento por descomprimir, la magistrada le delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo.
La querella la acusó, a grandes rasgos, de no saber investigar y omitir la producción de pruebas. «Nunca se explicó por qué se rompió la cadena de custodia» del celular de Sabag Montiel, dijo uno de los letrados. También criticaron la demora en detener a Brenda Uliarte e indicaron que hubo riesgo de fuga.
Tras el rechazo de la Cámara Federal y su instrucción a la jueza y el fiscal para tomar nuevos testimonio, la causa inicia una nueva etapa.
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