Ataque a Cristina y silenciamiento a los medios: buscarían avanzar con una «Ley del odio» similar a la de Venezuela

Tras el intento de magnicidio a Cristina, el Gobierno ya debate una nueva “ley del odio” para limitar a los medios
Distintos funcionarios pidieron imitar legislaciones de Venezuela o Alemania para controlar discursos en la prensa y las redes sociales.

Mientras se aceleran las investigaciones judiciales en torno al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su departamento en Recoleta, surgieron propuestas tales como que se suspenda el juicio de Vialidad por el que se la imputa a la mandataria, ‘porque generaría odio’., tal lo que propuso José Mayans, uno de los más raros y extremos voceros oficiales.

Pero lo más grave es probablemente el intento de responsabilizar a los medios de prensa y a las redes sociales de estigmatizar al kirchnerismo. Un tema que se abordó a fondo ni bien producido el ataque a la vicepresidenta y el que dominará la agenda de los próximos meses tal como vendría el ambiente interno de la alianza gobernante.

Ese debate se acentúa por estas horas ya no como una catarsis partidaria, sino en torno a la necesidad de una Ley que regule los “discursos del odio”, a los que el Gobierno relaciona con algunos medios de comunicación y la oposición política.

Pese a que existen los canales legales para que cualquier funcionario denuncie actualmente a los periodistas o vecinos que fomenten el odio, estigmaticen, discriminen, o expresen calumnias o injurias, el kirchnerismo buscaría avanzar con una ley amplia para cercenar las opiniones en contra, algo que ya las organizaciones que representan a los medios y los constitucionalistas atentos comenzarón a analizar con preocupación.

El clamor de fondo– El jefe del bloque oficialista en el Senado, José mayans pidió «parar el juicio por la causa Vialidad», porque generaría violencia

‘Regular’ la opinión por ley

El senador kirchnerista José Mayans; la titular del Inadi, Victoria Donda; la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y el asesor presidencial Alejandro Grimson se expresaron durante el fin de semana en relación a la “necesidad” de esa nueva legislación, que reconoce para algunos de ellos como antecedente válido la cuestionada ley del odio, aplicada por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y seriamente cuestionada por la oposición, mientras otros referentes se inclinan por una ley inspirada en experiencias europeas.

“Hay gente que se sienta en un programa de televisión, te estigmatiza y no hay forma de defensa”, dijo Mayans -que también pidió la reelección de Cristina y frenar el juicio de Vialidad- en declaraciones a Radio 10, y de inmediato hizo alusión a la ley venezolana. Un rato después, y por la misma emisora, el propio Maduro defendió esa ley, que data de 2017, al afirmar que promueve que la sociedad “entre al combate de las ideas”, especialmente en contraposición a las redes sociales.

“Hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio en Argentina y que hagan una autocrítica y que ese discurso que les genera uno o dos puntos más de rating tiene profundas consecuencias sociales, discursos que generan otros discursos de persecución, de expulsión y de exterminio”, coincidió Cerruti el sábado, desde el Congreso.

‘El tonito’– “Cuando estigmatizás a una persona, la perseguís, la ponés de alguna manera como blanco en las redes y en los medios, o la sindicás como foco de todo lo que está mal, se construye escenarios”, afirmó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti

¿Un paso más hacia Venezuela?: caza de brujas y arbitrariedades

Los términos y figuras penales que se aplican en la “ley contra el odio” en Venezuela “son tan amplios y vagos, que cualquier expresión puede ser enmarcada dentro de esta figura, lo que otorga una discreción amplia para interpretar la norma”. Así lo afirma la ONG Espacio Público en el informe publicado en mayo de 2021 sobre el uso de la norma impulsada por el chavismo en 2017.

“La vaguedad de su contenido fomenta la arbitrariedad en su aplicación por parte de funcionarios, lo que promueve el abuso del poder y las violaciones a los derechos humanos”, insiste el informe, que advierte sobre el “efecto inhibitorio” de la norma sobre “los espacios democráticos ya escasos” en Venezuela. Dentro de un total de 60 víctimas identificadas en estos tres años, los principales son “trabajadores públicos y de la salud con dieciocho (18), trabajadores de los medios de comunicación, con dieciséis (16), diez particulares, nueve activistas y miembros de ONG, cinco que involucran a infociudadanos y población en general, y dos medios de comunicación”, agrega la ONG.

“Las y los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrática; no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”, escribió Donda en una columna publicada por Infobae. “Por eso nos urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas. Existe en Francia. Existe en Alemania. Debería existir en Argentina”, sostuvo la funcionaria.

En el caso de Grimson, el politólogo y asesor afirmó que “Argentina tiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio para lograr convivencia democrática sin violencia” y sostuvo que eso debería “plasmarse en una ley o en un conjunto de leyes”, como han hecho otros países. Según fuentes del Gobierno, Grimson tiene en la mira el caso de Angela Merkel, la canciller alemana que impulsó una legislación “contra el discurso extremista” durante una recordada presentación ante el parlamento alemán, en la que sostuvo que “la libertad de expresión tiene sus límites, que empiezan cuando se propaga el odio”.

Desde el Gobierno aseguran que las ideas están “en debate”, y que el proyecto de ley que surgiera -aún no hay ninguno presentado en el Congreso- “debería salir por consenso con la oposición, porque está en juego un nuevo acuerdo democrático en el país” luego del atentado contra la vicepresidenta. De todos modos, se mostraron escépticos sobre un eventual apoyo de los “halcones” de Juntos por el Cambio y sí expresaron su “esperanza” de un eventual apoyo de la UCR.

Indudablemente un paso a criminalizar la opinión pública y el libre pensamiento, bien lejos de pacificar y ampliar el diálogo nacional. Un proceso que se deberá seguir de cerca afirman quienes defienden el disenso como parte fundamental de las democracias saludables.

*LN/ by Jaime Rosemberg