21 agosto, 2020
El Senado difundió este jueves el dictamen del proyecto de reforma judicial con las modificaciones anunciadas en el plenario de comisiones, con el objetivo de aprobarlo el jueves 27 en el recinto y esperar que Diputados reúna los votos para sancionarlo antes de fin de año.
Pero el texto sumó otro retoque que había pedido en la primera reunión Oscar Parrilli (interlocutor dilecto de Cristina), y consiste en incorporar al protocolo de actuación de los jueces federales la obligación de comunicar ante el Consejo de la Magistratura «cualquier intento de influencia» en sus decisiones de poderes «mediáticos».
El proyecto original reducía las posibles presiones a los poderes políticos, económicos, judiciales, legislativos o del Poder Ejecutivo, pero Parrilli quiso sumar a los medios como posible condicionantes de los magistrados, y lo consiguió.
En los plenarios, constitucionalistas como Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez lo acusaron de querer coartar la libertad de expresión, un debate que seguirá en el recinto remoto de la Cámara alta. El dictamen se demoró todo el jueves por la trabajosa redacción de la redistribución de los juzgados federales, que fue una condición de los senadores para apurar la ley.
La especificación del trabajo de la prensa y lo que se considere o no “presiones” mediáticas, amaga con acarrear todo un nuevo escenario donde el encorsetamiento al “cuarto poder” pasaría a ser un hecho, y ya debería ser tema de amplio debate mediático que ha reaccionado tibiamente a este tema realmente serio.
