Por Nicolás Wiñazki
La vicepresidenta, Cristina Kirchner, hizo alusión en su discurso en la Universidad Nacional del Chaco, el viernes, a las llamadas “cajas” de la política. Son aquellos organismos con presupuestos multimillonarios, la gran mayoría de ellos controlados hoy por dirigentes de la agrupación La Cámpora, liderada por su hijo, el diputado Máximo Kirchner.
Indignada porque en buena parte de la opinión pública, según ella, se instaló que los subordinados de su primogénito utilizan entes con recursos públicos de cientos de miles de millones de pesos, intentó desmentir esa versión. Para la vice, quiénes hacen circular esa falsedad, siempre de acuerdo a su versión o a su discurso público, se encuentran funcionarios que hacen “operaciones en off”. ¿Esta idea tienen acerca de la función pública?”, se preguntó, con retórica, y sinceró su desasosiego: “… a quien se acusa de estas cosas no es a mí. No, no, no, a quién se acusa de estas cosas es a organizaciones políticas. Lo voy a decir con nombre y apellido: a La Cámpora, ¡La Cámpora! Las cajas, y repiten periodistas y programas de televisión, monocordemente y otros en off”.
La realidad indica lo contrario. Y ayer fue un día especial para comprobarlo. Clarín pudo comprobar, en base a fuentes que conocen la verdad documentada de cómo se utilizan esos dos organismos, de los más relevantes de la administración nacional por sus objetivos y obligaciones, y que hoy están manejados por dos funcionarias que militan en La Cámpora, el ANSES es presidido por Fernanda Raverta; mientras que la interventora del PAMI es Luana Volnovich. La situación laboral y el uso político en esos entes, que se financian con dinero de los contribuyentes, pasaron a ser norma cotidiana, y no excepción: la agrupación política K no solo usa esas “cajas” para desplegar poder territorial designando a miembros de la organización en lugares estratégicos ubicados en todo el país.
También, y de un modo brutal, que tanto los trabajadores de carrera y algunos de los gremios que los representan dicen no recordar haber vivido en otras gestiones, son hoy instrumentos para contratar a miles de nuevos y jóvenes empleados con cargos jerárquicos, aunque no tengan experiencia en labores que son muy específicas, y a pesar, y sobre todo, de que logran acceder a esos puestos debido a su militancia “camporista”, relegando a quienes hace lustros o décadas atienden las múltiples labores con las que deberían funcionar mejor tanto la obra social de los jubilados; como la administradora de los fondos que cobra el mismo sector de la población, sumadas a otras potestades de repartos de planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que transfiere la ANSES, o el nuevo IFE.
Sobre este último punto, Clarín accedió y chequeó con directivos o empleados rasos de ANSES, que la orden de Raverta, ayer, sábado, fue que quienes debían trabajar atendiendo en las dependencias públicas que abrieron para registrar a decenas de miles de posibles beneficiaros del IFE, informaran en “tiempo real” cómo era el clima político de la gente que aguardaba a hacer un trámite que por problemas tecnológicos no habían logrado realizar por la web oficial como se prometió. En esa misma “minuta”, que los directores y otros trabajadores de rangos medio y altos de la ANSES recibieron vía WhatsApp, se los obligó a sacar fotos tanto de las filas de personas que esperaban poder inscribirse para recibir los 18 mil pesos que se entregarán a quienes cumplan con los requisitos establecidos, como de los interiores de las sedes del organismo, llamadas UDAI (ver nota aparte). A eso se suma más información.
