18 diciembre, 2025
La votación del Presupuesto 2026 avanzaba según el libreto previsto por el oficialismo hasta que apareció el Capítulo XI. Ese tramo final, presentado como un paquete de “otras disposiciones”, terminó por romper la euforia libertaria en Diputados. Allí estaban concentrados algunos de los puntos más conflictivos del ajuste como el intento de desarmar leyes votadas durante 2025, el rediseño de subsidios sensibles y nuevas facultades para el Ejecutivo. El resultado fue adverso para Javier Milei y dejó al descubierto los límites de su mayoría circunstancial.
El capítulo que el Gobierno quiso hacer pasar -casi sin debate- incluía, entre otros puntos, modificaciones directas sobre el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, dos políticas que marcaron el pulso de la calle durante todo el año. No fue un detalle menor; esas leyes habían sido sancionadas tras movilizaciones masivas y sostenidas, y habían logrado atravesar incluso el veto presidencial con insistencia parlamentaria, recordó Página 12.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada a mitad de año, fue la respuesta del Congreso al ahogo presupuestario que sufrían las universidades públicas. Garantiza fondos para el funcionamiento básico, salarios docentes y no docentes, becas, hospitales universitarios y tareas de investigación. Además, obliga al Estado a actualizar las partidas frente a la inflación y la evolución del dólar, y fija mecanismos de control a través de organismos públicos.
El Capítulo XI buscaba licuar esa protección, habilitando su derogación dentro del Presupuesto. Para el oficialismo, se trataba de “ordenar” el gasto; para la oposición y buena parte de los aliados, era un retroceso directo sobre una ley que ya había puesto un freno a la motosierra. Esta vez, esos votos no estuvieron.
Algo similar ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma obliga al Estado a garantizar tratamientos, actualizar aranceles profesionales, sostener instituciones, cubrir transportes y mantener pensiones y cupos laborales. Es uno de los sectores más golpeados por el ajuste y también uno de los más visibles en las protestas de 2025.
El Gobierno intentó avanzar con su derogación dentro del Capítulo XI, pero volvió a chocar con el recinto. La emergencia sigue vigente y la Agencia Nacional de Discapacidad queda obligada a informar sobre la ejecución de su presupuesto, en un contexto de fuerte desconfianza social.
El capítulo presupuestario incluía varias medidas sensibles que generaron debates en comisiones y tensiones entre bloques. Entre ellas, se preveía una reconfiguración de los subsidios al gas, que implicaría un recargo para todos los usuarios destinado a financiar beneficios concentrados en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. También se eliminaba la reciente ampliación de la Ley de Zona Fría sancionada en 2021, que otorgaba beneficios a sectores vulnerables en regiones frías del país.
El Presupuesto otorga, además, facultades amplias al Ejecutivo. También permite compensaciones de deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA a cambio de renunciar a juicios, flexibiliza los pagos en efectivo del Estado y blinda fondos específicos para la minería.
Entre las modificaciones de último momento, se incorporó la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre coparticipación adeudada, y se incluyó un aumento de financiamiento para el Poder Judicial. Según Germán Martínez, jefe del bloque Fuerza Patria, estos artículos se sumaron para evitar que algún juez “cuestione la votación y no se le caiga el financiamiento al Poder Judicial”.
El artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos ya no se ajusten a la movilidad previsional y queden a discreción del Ejecutivo.
Según fuentes legislativas, estas disposiciones generaron intensa discusión en el Senado por implicar transferencias significativas de recursos y concentración de poder en el Ejecutivo, provocando reparos en la oposición y cuestionamientos de especialistas sobre su impacto social y económico.
Tras la aprobación general del Presupuesto, en el oficialismo creían que el trámite estaba cerrado. No fue así. Fuentes parlamentarias confirmaron el malestar del Presidente y la decisión de insistir con el Capítulo XI en el Senado, donde buscarán reponer los artículos caídos.
El propio ministro del Interior, Diego Santilli, admitió que “hay temas que faltaron” y que el Gobierno apostará a reintroducirlos.
Hay recortes que no pasan, aunque vengan disfrazados de letra chica. Y el conflicto político sigue abierto.
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