4 abril, 2024
El procurador Rodolfo Barra y Andrés De la Cruz, los «defensores» del Estado, pero, amigos de los litigantes. Néstor y Cristina Kirchner impulsaron de la provincia Santa Cruz a la City porteña a su familia amiga. Según el Presidente, porosidad y opacidad de la casta.
En medio de la creciente preocupación por la calidad institucional en Argentina, un nuevo capítulo se suma a la intrincada trama que parece unir a dos figuras aparentemente antagónicas: Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, y la ex presidenta Cristina Kirchner. El denominador común en esta historia es el apellido Eskenazi y el controvertido juicio por la estatización de YPF.
La reciente decisión del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, de ser relevado de intervenir en la causa que se sigue en un tribunal de Nueva York, donde el fondo Burford reclama un resarcimiento por la violación del estatuto de YPF durante la estatización, ha despertado suspicacias. Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que estaría asociada en un 30% del cobro si la justicia falla a favor del fondo.
Néstor Kichner y Cristina Kirchner “obligaron” a los Eskenazi a comprar parte del paquete accionario de Repsol-YPF sin poner un dólar. Increíble pero eso ocurrió en la Argentina mientras que Sebastián Eskenazi y allegados postean en sus redes sociales una vida de emprendedores exitosos.
Lo que genera inquietud es que, tras la salida de Barra, la defensa del Estado queda en manos de Andrés De la Cruz, quien durante años formó parte del estudio jurídico que defendía los intereses del Grupo Petersen, propiedad de los Eskenazi. Este aparente conflicto de intereses pone en juego nada menos que 16.000 millones de dólares.
Pero la historia se remonta a 2008, cuando la familia Eskenazi se hizo con el 25% de YPF sin desembolsar dinero, sino apalancándose en fondos del Credit Suisse y pagando con los dividendos de la empresa. Años después, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se produjo la polémica estatización del 51% de YPF, lo que desencadenó la demanda de los Eskenazi a través del fondo Burford.
Durante la gestión de Mauricio Macri, el procurador Federico Saravia Frías cosechó éxitos defendiendo al Estado en este caso. Sin embargo, con el regreso del kirchnerismo, fue reemplazado por Carlos Zannini, quien curiosamente es señalado como responsable de los errores jurídicos en los que Burford sustenta su demanda. Zannini, además, ocupó un cargo en el banco propiedad de la familia Eskenazi.
Ahora, con Javier Milei en el gobierno, surge la pregunta: ¿Qué papel juega el apellido Eskenazi en la relación entre el líder de La Libertad Avanza y Cristina Kirchner? Las dudas sobre la independencia de quienes deben defender los intereses del Estado argentino en este juicio, y las sospechas de conflictos de interés y favoritismos, plantean un oscuro panorama.
El eslabón perdido que parece unir a Milei y Kirchner tiene nombre y apellido: Eskenazi. Mientras la calidad institucional se ve cuestionada, la ciudadanía exige transparencia y claridad en un caso que podría tener un impacto significativo en las arcas del Estado. ¿Podrá el gobierno de Milei garantizar una defensa justa y libre de influencias?.
*Informe Noticias Argentinas
